Internacional
Juez de causas contra Pérez Molina recibe amenazas
Miguel Ángel Gálvez asegura que ha recibido mensajes intimidatorios
GUATEMALA, GUATEMALA (10/MAY/2016).- El titular del Juzgado "B" de Mayor Riesgo de
Guatemala, Miguel Ángel Gálvez, que instruye dos casos de corrupción contra el expresidente
Otto Pérez Molina, dijo hoy que ha sido amenazado.
El juez aseguró que la semana pasada, cuando instruía el caso de corrupción en la Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ), en el que están involucrados Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti, recibió al menos un mensaje intimidatorio, cuya autoría rehusó precisar.
No obstante, el juez sí señaló en declaraciones a periodistas que este mensaje no provino de "parte de los sindicados" ni "fue referido a ningún proceso en especial".
Gálvez instruye el caso de corrupción en la portuaria TCQ, por el que decretó prisión preventiva para 10 personas, entre ellos Pérez Molina y Baldetti, ambos ya en la cárcel por la trama de defraudación aduanera "La Línea", que también se dirime en el Juzgado de Mayor Riesgo "B".
El juez cuenta desde hace años con un equipo de seguridad, ya que "en esto de la justicia uno nunca queda a bien con las partes", una protección que será doblada para evitar intimidaciones que puedan afectar a la independencia de los juzgadores.
Así lo ha avanzado el presidente del Organismo Judicial (OJ), Rafael Rojas, quien insistió en que la adopción de "medidas extremas de seguridad" tiene como objetivo salvaguardar el desempeño de los jueces de mayor riesgo y la independencia del sistema judicial.
"No aceptamos ninguna intimidación o coacción (...) Estamos tomando las medidas necesarias para poder garantizar que se actúe con independencia", subrayó en declaraciones a periodistas.
En el caso TCQ, que examina la corrupción en la ampliación de la mayor portuaria del país, Puerto Quetzal, Gálvez decretó prisión preventiva para diez de los doce acusados, entre ellos Pérez Molina, Baldetti y el empresario español Juan José Suárez.
Según la Fiscalía, Pérez Molina y Baldetti recibieron un millonario soborno a cambio de otorgar la ampliación del puerto a la empresa Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ), de la que Suárez era director y representante legal.
Ambos están acusados también de liderar la trama de corrupción aduanera "La Línea", desarticulada el 16 de abril de 2015, por la que están acusados de los delitos de asociación ilícita, cohecho activo y caso especial de defraudación aduanera, junto a otras treinta personas, entre funcionarios y particulares.
El juez Gálvez, que tiene bajo su cargo el proceso, debe celebrar una audiencia para decidir si envía a un juicio oral y público a los miembros de esa red.
La diligencia, aún sin fecha, se celebrará después de que una Sala de Apelaciones resuelva una serie de recursos pendientes.
El juez aseguró que la semana pasada, cuando instruía el caso de corrupción en la Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ), en el que están involucrados Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti, recibió al menos un mensaje intimidatorio, cuya autoría rehusó precisar.
No obstante, el juez sí señaló en declaraciones a periodistas que este mensaje no provino de "parte de los sindicados" ni "fue referido a ningún proceso en especial".
Gálvez instruye el caso de corrupción en la portuaria TCQ, por el que decretó prisión preventiva para 10 personas, entre ellos Pérez Molina y Baldetti, ambos ya en la cárcel por la trama de defraudación aduanera "La Línea", que también se dirime en el Juzgado de Mayor Riesgo "B".
El juez cuenta desde hace años con un equipo de seguridad, ya que "en esto de la justicia uno nunca queda a bien con las partes", una protección que será doblada para evitar intimidaciones que puedan afectar a la independencia de los juzgadores.
Así lo ha avanzado el presidente del Organismo Judicial (OJ), Rafael Rojas, quien insistió en que la adopción de "medidas extremas de seguridad" tiene como objetivo salvaguardar el desempeño de los jueces de mayor riesgo y la independencia del sistema judicial.
"No aceptamos ninguna intimidación o coacción (...) Estamos tomando las medidas necesarias para poder garantizar que se actúe con independencia", subrayó en declaraciones a periodistas.
En el caso TCQ, que examina la corrupción en la ampliación de la mayor portuaria del país, Puerto Quetzal, Gálvez decretó prisión preventiva para diez de los doce acusados, entre ellos Pérez Molina, Baldetti y el empresario español Juan José Suárez.
Según la Fiscalía, Pérez Molina y Baldetti recibieron un millonario soborno a cambio de otorgar la ampliación del puerto a la empresa Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ), de la que Suárez era director y representante legal.
Ambos están acusados también de liderar la trama de corrupción aduanera "La Línea", desarticulada el 16 de abril de 2015, por la que están acusados de los delitos de asociación ilícita, cohecho activo y caso especial de defraudación aduanera, junto a otras treinta personas, entre funcionarios y particulares.
El juez Gálvez, que tiene bajo su cargo el proceso, debe celebrar una audiencia para decidir si envía a un juicio oral y público a los miembros de esa red.
La diligencia, aún sin fecha, se celebrará después de que una Sala de Apelaciones resuelva una serie de recursos pendientes.
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