Internacional
Irlanda defiende la constitucionalidad del veto al suicidio asistido
Reitera que la prohibición del suicido asistido no viola los derechos de sus leyes, por lo que sigue la penalización para quien ayude a realizarlo
DUBLÍN, IRLANDA (28/FEB/2013).- El Estado irlandés reiteró hoy que la prohibición del suicido asistido no viola los derechos constitucionales de una enferma terminal, que pide a la Justicia de este país que le autorice a acabar con su vida.
Marie Fleming, una exprofesora universitaria de 59 años que padece esclerosis múltiple, ha apelado ante el Tribunal Supremo irlandés después de que otra corte le denegase el pasado enero el derecho a que su marido le ayude realizar un suicidio asistido.
En el tercer día de este proceso judicial, el primero de este tipo en Irlanda, el abogado del Estado, Michael Cush, recordó hoy que la legislación vigente se mantiene "contraria a todos los suicidios", motivo por el que, dijo, penaliza también a quien presta ayuda.
En Irlanda, el suicidio asistido está prohibido en virtud de la llamada Ley de Derecho Criminal de 1993 y está castigado con un máximo de 14 años de cárcel para quien "ayude, instigue, aconseje o procure" un suicidio asistido.
El suicidio es un "problema social real" con "terribles consecuencias" para las familias, los amigos y las comunidades, como lo demuestra el "fuerte aumento" de casos registrado durante 2011, señaló hoy Cush.
Según el letrado, el principal objetivo de la Constitución irlandesa es "proteger la vida", y cualquier derecho encaminado a permitir la comisión de un suicido va en contra de ese principio.
La defensa de Fleming, madre de dos hijos, argumenta que la legislación vigente viola sus derechos personales y a la vida, de acuerdo con los principios recogidos en la Carta Magna irlandesa y en la Convención Europea de Derechos Humanos.
El Tribunal Superior de Dublín, compuesto por tres jueces, desestimó el pasado 10 de enero estos argumentos al asegurar que la legislación "no infringe de manera desproporcionada" los derechos constitucionales de la demandante, en silla de ruedas desde hace más de 25 años.
Los magistrados también consideraron entonces que la normativa actual está "justificada desde el punto de vista del interés público", pues contribuye a proteger a los más "vulnerables".
Ese tribunal aseguró que existe un "riesgo real" de que, incluso con "estrictas salvaguardas", la legalización impida proteger adecuadamente a los más vulnerables, como "los ancianos o los pobres", quienes "podrían no ver otras opciones cuando se consideran una carga para sus familias o la sociedad".
Marie Fleming, una exprofesora universitaria de 59 años que padece esclerosis múltiple, ha apelado ante el Tribunal Supremo irlandés después de que otra corte le denegase el pasado enero el derecho a que su marido le ayude realizar un suicidio asistido.
En el tercer día de este proceso judicial, el primero de este tipo en Irlanda, el abogado del Estado, Michael Cush, recordó hoy que la legislación vigente se mantiene "contraria a todos los suicidios", motivo por el que, dijo, penaliza también a quien presta ayuda.
En Irlanda, el suicidio asistido está prohibido en virtud de la llamada Ley de Derecho Criminal de 1993 y está castigado con un máximo de 14 años de cárcel para quien "ayude, instigue, aconseje o procure" un suicidio asistido.
El suicidio es un "problema social real" con "terribles consecuencias" para las familias, los amigos y las comunidades, como lo demuestra el "fuerte aumento" de casos registrado durante 2011, señaló hoy Cush.
Según el letrado, el principal objetivo de la Constitución irlandesa es "proteger la vida", y cualquier derecho encaminado a permitir la comisión de un suicido va en contra de ese principio.
La defensa de Fleming, madre de dos hijos, argumenta que la legislación vigente viola sus derechos personales y a la vida, de acuerdo con los principios recogidos en la Carta Magna irlandesa y en la Convención Europea de Derechos Humanos.
El Tribunal Superior de Dublín, compuesto por tres jueces, desestimó el pasado 10 de enero estos argumentos al asegurar que la legislación "no infringe de manera desproporcionada" los derechos constitucionales de la demandante, en silla de ruedas desde hace más de 25 años.
Los magistrados también consideraron entonces que la normativa actual está "justificada desde el punto de vista del interés público", pues contribuye a proteger a los más "vulnerables".
Ese tribunal aseguró que existe un "riesgo real" de que, incluso con "estrictas salvaguardas", la legalización impida proteger adecuadamente a los más vulnerables, como "los ancianos o los pobres", quienes "podrían no ver otras opciones cuando se consideran una carga para sus familias o la sociedad".
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