Hungría detendrá a todos los solicitantes de asilo
Los migrantes esperarán en la frontera hasta que su situación sea definida
BUDAPEST, HUNGRÍA (07/MAR/2017).- El Parlamento húngaro aprobó hoy una controvertida ley que permite la detención en centros cerrados de todos los solicitantes de asilo, una medida criticada por la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).
La normativa tuvo un gran respaldo -138 votos a favor, seis en contra y 22 abstenciones- debido a la mayoría absoluta del partido del primer ministro conservador, Viktor Orbán, que además recibió el respaldo del ultraderechista Jobbik.
La ley establece que los demandantes de asilo solo podrán presentar sus solicitudes en "zonas de tránsito" situadas en la frontera, que son centros cerrados formados con contenedores en los que deberán esperar hasta finalizar los trámites.
En el caso de que la solicitud sea rechazada por parte de las autoridades húngaras, el demandante de asilo solo podrá regresar a Serbia, en cuya frontera se encuentran esas "zonas de transito", y no podrá entrar en Hungría.
Hungría, al igual que el resto de países europeos, contaba hasta ahora con centros abiertos y los refugiados podían moverse libremente por el país mientras se resolvía su caso.
La normativa reintroduce una práctica que se abolió en 2013, cuando llegaban muchos menos refugiados, y a la que se puso fin por la presión de la Comisión Europea, la ONU y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Nada más aprobarse la normativa, ACNUR criticó con dureza la medida al indicar que "viola las obligaciones de Hungría con respecto al derecho internacional y las normas de la Unión Europea (UE)".
La portavoz de ACNUR, Cécile Pouilly, dijo que esta medida tendrá "terribles efectos psicológicos y físicos en mujeres, niños y hombres que ya han experimentado grandes sufrimientos".
El derecho internacional y las normas comunitarias solo prevén la detención de refugiados y solicitantes de asilo en circunstancias excepcionales, y siempre y cuando las autoridades hayan considerado medidas menos coercitivas para alcanzar los objetivos buscados.
La legislación adoptada hoy estará vigente solo cuando en el país esté activo el "estado de alerta" por emigración masiva, que se aplica desde que entrara en vigor a finales de 2015.
Este es solo el último paso, hasta ahora, de las políticas antimigratorias de Orbán, que han incluido la construcción de vallas y la aprobación de leyes que criminalizan la entrada irregular en el país y que dificultan la concesión del estatus de refugiado.
El Parlamento también ha adoptado una legislación que prevé penas de hasta cinco años de cárcel por cruzar de forma ilegal la frontera y en octubre se organizó un referéndum sobre el sistema europeo de reubicación de refugiados.
Aunque en esa consulta popular no se alcanzó el umbral del 50 % de participación para que fuera válido, el Gobierno comunicó como un éxito que la gran mayoría de los más de tres millones de votantes rechazaron el sistema europeo de reubicación.
Orbán ha criticado en numerosas ocasiones a Bruselas y la UE por sus políticas de inmigración, ha relacionado a los refugiados con el terrorismo y la criminalidad y ha sostenido que Europa se enfrentaba a una "invasión" que pone en peligro su futuro.
Justo cuando el Parlamento votaba hoy sobre la ley, Orbán aseguraba en el acto de graduación de guardias fronterizos que Hungría no puede contar "con la UE y con Bruselas (en la defensa de las fronteras), ya que ellos hacen más difícil el trabajo".
Para él "la emigración es el caballo de Troya del terrorismo" y reiteró que actualmente "centenares de miles de personas están planeando partir hacia Europa".