Internacional

Hay orden de capturar a tres funcionarios de Zelaya

La Interpol, difundió una orden de captura contra tres funcionarios del depuesto presidente hondureño Manuel Zelaya

TEGUCIGALPA.- La Policía Internacional (Interpol), difundió una orden de captura contra tres funcionarios del depuesto presidente hondureño Manuel Zelaya por delitos comunes de los que se les acusa en Honduras, informó una fuente oficial.

La orden internacional pesa sobre el ministro de Defensa en el Gobierno de Zelaya, Arístides Mejía; la ministra de Finanzas, Rebeca Santos, y la gerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), Rixi Moncada, dijo el jefe de Interpol en Honduras, Rommel Martínez.

La central de Interpol en Francia divulgó “la semana anterior” una “nota de difusión roja” contra los tres funcionarios del Gobierno de Zelaya, indicó Martínez a la radio HRN de Tegucigalpa.

Un tribunal de justicia de la capital hondureña emitió la orden de captura nacional el 26 de julio pasado contra Mejía, Santos y Moncada, acusados de abuso de autoridad y fraude en perjuicio de la administración pública.

El Ministerio Público acusó a los tres funcionarios a raíz de que Moncada firmó un contrato de alquiler de un edificio para la ENEE, sin haberlo sometido a licitación pública, con el aval de Mejía y Santos, que eran miembros de una junta interventora de la entidad.

El jefe local de Interpol explicó que la “nota de difusión roja” es utilizada para “efectuar la localización y captura de personas que tienen procesos penales pendientes en los países miembros” de esa organización.

En este caso, puntualizó Martínez, “ya se cuenta con todo el argumento jurídico para poder llevar a cabo la detención”.
Tras varias horas de discursos, aplausos y arengas a favor del retorno de Zelaya, los cansados manifestantes abandonaron los predios cercanos a la Presidencia, que era resguardada por unidades antimotines de la Policía.

El Frente Nacional de Resistencia en un comunicado declaró que si en los próximos días el Gobierno de facto no restituye a Zelaya, aumentará sus acciones pacíficas para afectar “el normal desenvolvimiento de las operaciones comerciales” de empresas que apoyan el Gobierno. 
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