Internacional
Gobierno sirio se beneficia a costa de desapariciones forzadas: Amnistía
Aseguran que los parientes de desaparecidos pagan cientos de dólares a cambio de información
BEIRUT, LÍBANO (05/NOV/2015).- El Gobierno sirio ha orquestado un sistema de desapariciones forzadas en el que se beneficia de los familiares de desaparecidos a través de un mercado negro en el que los parientes pagan por información sobre el paradero de sus seres queridos, denunció hoy Amnistía Internacional (
AI).
En su informe "Entre la cárcel y la tumba. Desapariciones forzadas en Siria", la ONG subrayó que las cifras de este fenómeno son "desgarradoras".
Según la Red Siria para los Derechos Humanos, hay al menos 65 mil desaparecidos en el país, de los que 58 mil son civiles, desde 2011.
Normalmente, estas personas son prisioneros de las fuerzas de seguridad, que los retienen en celdas abarrotadas en condiciones espantosas y aislados del mundo exterior, se quejó AI.
Muchos, agregó la organización, mueren por enfermedades, torturas o ejecuciones extrajudiciales.
Esta práctica se ha convertido en algo tan arraigado en Siria que ha originado un mercado negro en el que los parientes de desaparecidos, desesperados por averiguar su suerte, pagan desde cientos hasta
decenas de miles de dólares a intermediarios a cambio de información, dijo AI.
Un activista sirio de derechos humanos aseguró a la ONG que los sobornos se han convertido "en una gran parte de la economía"; mientras que un abogado de Damasco señaló a AI que esto es "una gallina de los huevos de oro para el régimen, una fuente de financiación en la que confía".
El director del Programa de Oriente Medio y Norte de África de AI, Philip Luther, afirmó que "las desapariciones forzadas por el Gobierno son parte de una ataque frío, calculado y extendido contra la población civil".
"Son crímenes contra la humanidad, parte de una campaña orquestada cuidadosamente para expandir el terror y aplastar el signo más leve de disentimiento en el país", advirtió.
Entre los desaparecidos hay opositores pacíficos como manifestantes, activistas de derechos humanos, periodistas, médicos y trabajadores humanitarios, así como sospechosos de haber sido desleales al Gobierno y personas con familiares buscados por las autoridades, indica el texto.
AI ha detectado casos de parientes que han vendido sus propiedades o abonado los ahorros de una vida entera para conocer el paradero de sus seres queridos, y al final la información obtenida ha resultado ser falsa.
El grupo pone como ejemplo la experiencia de un hombre, cuyos tres hermanos desaparecieron en 2012, que pidió prestados más de 150 mil dólares en varios intentos fallidos para averiguar su suerte.
Al final, el hombre está ahora en Turquía trabajando para devolver la deuda contraída.
AI destacó que los familiares de desaparecidos que preguntan por ellos a menudo afrontan el riesgo de ser ellos mismos detenidos y desaparecer de forma forzada, lo que les obliga a recurrir a los intermediarios.
Un amigo del abogado de derechos humanos Jalil Matuq, desaparecido hace dos años, declaró a AI que esta práctica es parte de "una gran estrategia del Gobierno para aterrorizar al pueblo de Siria".
Uno de los casos más impactantes es el de la dentista Rani al Abasi, detenida en 2013 junto a seis hijos, de entre dos y catorce años, un día después de que su marido fuera arrestado durante un registro en su casa.
No se ha sabido nada de esta familia desde entonces y se cree que fueron blanco de las autoridades por proporcionar ayuda humanitaria a otras personas.
En opinión de Luther, el Gobierno sirio tiene en sus manos "poner fin al tremendo sufrimiento de decenas de miles (de personas) ordenando simplemente a las fuerzas de seguridad que paren las desapariciones forzadas e informen a las familias del paradero o el destino de sus parientes desaparecidos".
Además, consideró que las autoridades podrían "liberar inmediata e incondicionalmente a todos los apresados por ejercer pacíficamente sus derechos".
AI recordó que algunos países y la ONU han condenado esta práctica, pero remarcó que "se necesita mucho más que palabras de desaprobación".
Luther subrayó que el Consejo de Seguridad de la ONU debería presentar "urgentemente" la situación en Siria ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) e imponer sanciones, incluida la congelación de fondos, para presionar a las autoridades sirias para que terminen con las desapariciones.
En su informe "Entre la cárcel y la tumba. Desapariciones forzadas en Siria", la ONG subrayó que las cifras de este fenómeno son "desgarradoras".
Según la Red Siria para los Derechos Humanos, hay al menos 65 mil desaparecidos en el país, de los que 58 mil son civiles, desde 2011.
Normalmente, estas personas son prisioneros de las fuerzas de seguridad, que los retienen en celdas abarrotadas en condiciones espantosas y aislados del mundo exterior, se quejó AI.
Muchos, agregó la organización, mueren por enfermedades, torturas o ejecuciones extrajudiciales.
Esta práctica se ha convertido en algo tan arraigado en Siria que ha originado un mercado negro en el que los parientes de desaparecidos, desesperados por averiguar su suerte, pagan desde cientos hasta
decenas de miles de dólares a intermediarios a cambio de información, dijo AI.
Un activista sirio de derechos humanos aseguró a la ONG que los sobornos se han convertido "en una gran parte de la economía"; mientras que un abogado de Damasco señaló a AI que esto es "una gallina de los huevos de oro para el régimen, una fuente de financiación en la que confía".
El director del Programa de Oriente Medio y Norte de África de AI, Philip Luther, afirmó que "las desapariciones forzadas por el Gobierno son parte de una ataque frío, calculado y extendido contra la población civil".
"Son crímenes contra la humanidad, parte de una campaña orquestada cuidadosamente para expandir el terror y aplastar el signo más leve de disentimiento en el país", advirtió.
Entre los desaparecidos hay opositores pacíficos como manifestantes, activistas de derechos humanos, periodistas, médicos y trabajadores humanitarios, así como sospechosos de haber sido desleales al Gobierno y personas con familiares buscados por las autoridades, indica el texto.
AI ha detectado casos de parientes que han vendido sus propiedades o abonado los ahorros de una vida entera para conocer el paradero de sus seres queridos, y al final la información obtenida ha resultado ser falsa.
El grupo pone como ejemplo la experiencia de un hombre, cuyos tres hermanos desaparecieron en 2012, que pidió prestados más de 150 mil dólares en varios intentos fallidos para averiguar su suerte.
Al final, el hombre está ahora en Turquía trabajando para devolver la deuda contraída.
AI destacó que los familiares de desaparecidos que preguntan por ellos a menudo afrontan el riesgo de ser ellos mismos detenidos y desaparecer de forma forzada, lo que les obliga a recurrir a los intermediarios.
Un amigo del abogado de derechos humanos Jalil Matuq, desaparecido hace dos años, declaró a AI que esta práctica es parte de "una gran estrategia del Gobierno para aterrorizar al pueblo de Siria".
Uno de los casos más impactantes es el de la dentista Rani al Abasi, detenida en 2013 junto a seis hijos, de entre dos y catorce años, un día después de que su marido fuera arrestado durante un registro en su casa.
No se ha sabido nada de esta familia desde entonces y se cree que fueron blanco de las autoridades por proporcionar ayuda humanitaria a otras personas.
En opinión de Luther, el Gobierno sirio tiene en sus manos "poner fin al tremendo sufrimiento de decenas de miles (de personas) ordenando simplemente a las fuerzas de seguridad que paren las desapariciones forzadas e informen a las familias del paradero o el destino de sus parientes desaparecidos".
Además, consideró que las autoridades podrían "liberar inmediata e incondicionalmente a todos los apresados por ejercer pacíficamente sus derechos".
AI recordó que algunos países y la ONU han condenado esta práctica, pero remarcó que "se necesita mucho más que palabras de desaprobación".
Luther subrayó que el Consejo de Seguridad de la ONU debería presentar "urgentemente" la situación en Siria ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) e imponer sanciones, incluida la congelación de fondos, para presionar a las autoridades sirias para que terminen con las desapariciones.
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