Internacional
Fiscalía de Guatemala pide quitar inmunidad a Otto Pérez
La dependencia acusa a su mandatario de liderar una mafia de defraudación fiscal en el país
GUATEMALA, GUATEMALA (21/AGO/2015).- El presidente de Guatemala, Otto Pérez, fue acusado este viernes por la fiscalía de liderar una mafia de defraudación fiscal en el país, horas después de que su ex vicepresidenta, Roxana Baldetti,
fue arrestada por su posible participación en esa red de corrupción.
Con la evidencia, la Fiscalía General y una comisión de la ONU contra la impunidad en Guatemala presentaron a los tribunales un pedido de antejuicio contra el gobernante para que pueda enfrentar la justicia por los delitos de asociación lícita y cohecho pasivo.
"Hasta el momento de hoy encontramos en toda la organización y organigrama (de la defraudación) la muy lamentable participación del señor presidente de la República y la señora Roxana Baldetti", afirmó el comisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), el ex magistrado colombiano Iván Velásquez, en una rueda de prensa junto a la fiscalía.
Precisó que intervenciones telefónicas realizadas como parte de las investigaciones incluían referencias a "el uno" y "la dos", que corresponderían a la participación de Pérez y Baldetti en el esquema que cobraba sobornos para evadir el pago de impuestos aduaneros.
Poco después el mandatario aseguró que dará "la cara".
"Tenemos que enfrentar la situación, estamos dando la cara y vamos a seguir dando la cara, tenemos que conocer cuáles son las situaciones y en su momento tenemos que pronunciarnos", dijo Pérez a periodistas en el departamento de Zacapa, unos 170 km al este de la capital.
Evitó de todas formas profundizar sobre el tema al indicar que desconocía la acusación y tampoco respondió al ser consultado sobre si renunciará al cargo por la denuncia.
El sismo político por las acusaciones contra el gobernante se da a tres semanas de que los guatemaltecos acudan a las urnas en las elecciones generales del próximo 6 de septiembre.
La investigación de esta estructura criminal empezó en mayo de 2014 e incluyó 86 mil sesiones de escuchas telefónicas, la principal prueba contra los implicados.
Los entes acusadores en un principio indicaron que el líder de la organización era Juan Carlos Monzón, entonces secretario privado de la ex vicepresidenta Baldetti, quien se encuentra prófugo.
Baldetti, quien renunció al cargo el 8 de mayo por el escándalo, fue detenida la mañana del viernes en una clínica privada, donde está internada por un supuesto quebranto de salud.
Pérez está inmerso en una crisis política sin precedentes tras el desmantelamiento de la red de defraudación aduanera el pasado 16 de abril.
Sin embargo, el Congreso rechazó el 13 de agosto levantar su inmunidad para que pueda enfrentar a la justicia por el caso.
Para el procurador de los Derechos Humanos, Jorge de León, Guatemala se expone a enfrentar una situación de convulsión social si las autoridades ignoran el clamor social de enfrentar la corrupción.
"Ojalá que la clase política entienda el mensaje porque si no se entiende el mensaje y se juega al cansancio de la gente hay enormes riesgos que la convulsión crezca y tengamos consecuencias insospechables", dijo el magistrado a periodistas.
Con la evidencia, la Fiscalía General y una comisión de la ONU contra la impunidad en Guatemala presentaron a los tribunales un pedido de antejuicio contra el gobernante para que pueda enfrentar la justicia por los delitos de asociación lícita y cohecho pasivo.
"Hasta el momento de hoy encontramos en toda la organización y organigrama (de la defraudación) la muy lamentable participación del señor presidente de la República y la señora Roxana Baldetti", afirmó el comisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), el ex magistrado colombiano Iván Velásquez, en una rueda de prensa junto a la fiscalía.
Precisó que intervenciones telefónicas realizadas como parte de las investigaciones incluían referencias a "el uno" y "la dos", que corresponderían a la participación de Pérez y Baldetti en el esquema que cobraba sobornos para evadir el pago de impuestos aduaneros.
Poco después el mandatario aseguró que dará "la cara".
"Tenemos que enfrentar la situación, estamos dando la cara y vamos a seguir dando la cara, tenemos que conocer cuáles son las situaciones y en su momento tenemos que pronunciarnos", dijo Pérez a periodistas en el departamento de Zacapa, unos 170 km al este de la capital.
Evitó de todas formas profundizar sobre el tema al indicar que desconocía la acusación y tampoco respondió al ser consultado sobre si renunciará al cargo por la denuncia.
El sismo político por las acusaciones contra el gobernante se da a tres semanas de que los guatemaltecos acudan a las urnas en las elecciones generales del próximo 6 de septiembre.
La investigación de esta estructura criminal empezó en mayo de 2014 e incluyó 86 mil sesiones de escuchas telefónicas, la principal prueba contra los implicados.
Los entes acusadores en un principio indicaron que el líder de la organización era Juan Carlos Monzón, entonces secretario privado de la ex vicepresidenta Baldetti, quien se encuentra prófugo.
Baldetti, quien renunció al cargo el 8 de mayo por el escándalo, fue detenida la mañana del viernes en una clínica privada, donde está internada por un supuesto quebranto de salud.
Pérez está inmerso en una crisis política sin precedentes tras el desmantelamiento de la red de defraudación aduanera el pasado 16 de abril.
Sin embargo, el Congreso rechazó el 13 de agosto levantar su inmunidad para que pueda enfrentar a la justicia por el caso.
Para el procurador de los Derechos Humanos, Jorge de León, Guatemala se expone a enfrentar una situación de convulsión social si las autoridades ignoran el clamor social de enfrentar la corrupción.
"Ojalá que la clase política entienda el mensaje porque si no se entiende el mensaje y se juega al cansancio de la gente hay enormes riesgos que la convulsión crezca y tengamos consecuencias insospechables", dijo el magistrado a periodistas.
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