Internacional
Fiscalía colombiana reabre investigación contra Uribe
Tuvo supuestos nexos con grupos paramilitares cuando era gobernador del departamento de Antioquía
BOGOTÁ, COLOMBIA (08/ENE/2013).- La Fiscalía de Colombia reabrió una investigación preliminar contra el expresidente Álvaro Uribe por los nexos que supuestamente tuvo con grupos paramilitares cuando era gobernador del departamento de Antioquia, entre 1995 y 1997.
Así lo informó hoy en un comunicado el abogado del exmandatario Jaime Granados, divulgado en respuesta a la notificación que recibió de la Fiscalía Sexta delegada ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la encargada de investigar a quienes son o han sido presidentes de Colombia.
Fuentes de la Fiscalía no confirmaron ni desmintieron que haya sido interpuesta la "revocatoria de una resolución inhibitoria de una antigua investigación previa en contra del expresidente", como señala el comunicado de Granados.
El abogado manifestó su "profunda sorpresa" por la providencia, basada en las declaraciones de los exparamilitares Pablo Hernán Sierra, alias "Alberto Guerrero", y Juan Guillermo Monsalve, que acusaban al expresidente de haber participado en la conformación del Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
También citaron a Santiago Uribe, hermano del expresidente, además del ganadero Luis Alberto Villegas Uribe y a su hermano, Juan Guillermo, quien se desempeña como diputado regional. Asimismo, a Santiago Gallón Henao, otro ganadero encarcelado y condenado por paramilitarismo y narcotráfico.
El congresista Iván Cepeda, del opositor Polo Democrático Alternativo (PDA), denunció los hechos, basados en esas declaraciones, ante la Fiscalía el 11 de abril de 2012, tras presentar fotos y testimonios en un debate de control político.
Según estas pruebas, la hacienda Guacharacas, ubicada en el municipio antioqueño de San Roque, de propiedad de los hermanos Uribe, albergó el nacimiento de un grupo paramilitar con base física en la finca.
Monsalve, quien era el hijo del mayordomo de Guacharacas, afirmó que cuando alcanzó la mayoría de edad comenzó a "hacer trabajos" para las AUC, en las que Uribe estaba encargado de "lo militar" mientras era gobernador de Antioquia e incluso ordenó una masacre en San Roque.
Por su parte, Sierra explicó que ese Bloque Metro se conformó por la incursión en la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), que entre finales de 1995 e inicios de 1996 atacó en varias ocasiones la hacienda Guacharacas.
En el comunicado, Granados señaló que las declaraciones de los dos paramilitares desmovilizados estuvieron "plagadas de suposiciones, imprecisiones y mentiras" y agregó que "ninguno de los aludidos 'testigos' fue capaz de estructurar una acusación con fundamento en contra del expresidente Uribe".
Incluso, apuntó que los "temerarios relatos" dan a entender que las declaraciones "fueron acordadas y promovidas por otras personas con oscuros intereses", al recordar que con ellas, Sierra y Monsalve buscan reducciones en sus condenas bajo el marco jurídico de Justicia y Paz.
Esta herramienta permitió entre 2005 y 2006 la desmovilización de las AUC, precisamente bajo el Gobierno de Uribe (2002-2010).
"Más allá de los intentos de desprestigio, es claro que desde la muerte de su padre (en 1983) no existió de parte de Álvaro Uribe Vélez ningún vínculo con la hacienda Guacharacas, siendo además absurdo sostener que él haya promovido la delincuencia, cuando a lo largo de toda su carrera política se dedicó a combatirla", concluyó el abogado.
Así lo informó hoy en un comunicado el abogado del exmandatario Jaime Granados, divulgado en respuesta a la notificación que recibió de la Fiscalía Sexta delegada ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la encargada de investigar a quienes son o han sido presidentes de Colombia.
Fuentes de la Fiscalía no confirmaron ni desmintieron que haya sido interpuesta la "revocatoria de una resolución inhibitoria de una antigua investigación previa en contra del expresidente", como señala el comunicado de Granados.
El abogado manifestó su "profunda sorpresa" por la providencia, basada en las declaraciones de los exparamilitares Pablo Hernán Sierra, alias "Alberto Guerrero", y Juan Guillermo Monsalve, que acusaban al expresidente de haber participado en la conformación del Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
También citaron a Santiago Uribe, hermano del expresidente, además del ganadero Luis Alberto Villegas Uribe y a su hermano, Juan Guillermo, quien se desempeña como diputado regional. Asimismo, a Santiago Gallón Henao, otro ganadero encarcelado y condenado por paramilitarismo y narcotráfico.
El congresista Iván Cepeda, del opositor Polo Democrático Alternativo (PDA), denunció los hechos, basados en esas declaraciones, ante la Fiscalía el 11 de abril de 2012, tras presentar fotos y testimonios en un debate de control político.
Según estas pruebas, la hacienda Guacharacas, ubicada en el municipio antioqueño de San Roque, de propiedad de los hermanos Uribe, albergó el nacimiento de un grupo paramilitar con base física en la finca.
Monsalve, quien era el hijo del mayordomo de Guacharacas, afirmó que cuando alcanzó la mayoría de edad comenzó a "hacer trabajos" para las AUC, en las que Uribe estaba encargado de "lo militar" mientras era gobernador de Antioquia e incluso ordenó una masacre en San Roque.
Por su parte, Sierra explicó que ese Bloque Metro se conformó por la incursión en la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), que entre finales de 1995 e inicios de 1996 atacó en varias ocasiones la hacienda Guacharacas.
En el comunicado, Granados señaló que las declaraciones de los dos paramilitares desmovilizados estuvieron "plagadas de suposiciones, imprecisiones y mentiras" y agregó que "ninguno de los aludidos 'testigos' fue capaz de estructurar una acusación con fundamento en contra del expresidente Uribe".
Incluso, apuntó que los "temerarios relatos" dan a entender que las declaraciones "fueron acordadas y promovidas por otras personas con oscuros intereses", al recordar que con ellas, Sierra y Monsalve buscan reducciones en sus condenas bajo el marco jurídico de Justicia y Paz.
Esta herramienta permitió entre 2005 y 2006 la desmovilización de las AUC, precisamente bajo el Gobierno de Uribe (2002-2010).
"Más allá de los intentos de desprestigio, es claro que desde la muerte de su padre (en 1983) no existió de parte de Álvaro Uribe Vélez ningún vínculo con la hacienda Guacharacas, siendo además absurdo sostener que él haya promovido la delincuencia, cuando a lo largo de toda su carrera política se dedicó a combatirla", concluyó el abogado.
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