Internacional
Filtraciones, válidas si la información es de interés público
En México comúnmente lo que se filtra son “exclusivas que nada tienen que ver con la búsqueda del bien público, y esto hay que ponerlo con todas sus letras, porque muchos periodistas han hecho su carrera con esto
GUADALAJARA, JALISCO (18/JUL/2011).- El caso del diario británico News of the World abre la discusión sobre las prácticas periodísticas. Y en el caso de México, aunque no se ha conocido que exista un medio de comunicación que realice espionaje, las “filtraciones” son fundamentales para los trabajos periodísticos. Pero, ¿es ético? ¿Dónde está el límite?
Los estándares internacionales de libertad de expresión contemplan la protección de los “whistlebloswers (informantes)”, pues son figuras que cumplen un papel esencial para el flujo de información en casos de corrupción o impunidad.
David Banisar, asesor jurídico de la organización internacional Artículo XIX, explica en un estudio que realizó en 2006 para la Primer Conferencia Internacional sobre Corrupción y Transparencia, que los informantes son claves para reducir la corrupción y las prácticas no éticas tanto en instituciones gubernamentales como privadas.
Sin embargo, hay que diferenciar a los informantes de los que filtran sin tener la finalidad del bien público, sino que responde a su agenda personal.
En México comúnmente lo que se filtra son “exclusivas que nada tienen que ver con la búsqueda del bien público, y esto hay que ponerlo con todas sus letras, porque muchos periodistas han hecho su carrera con esto. Sobre todo en fuentes como la Procuraduría General de la República, que distribuye información de averiguaciones previas que tienen fines políticos, para estigmatizar o linchar a tal o cual persona. Por ejemplo, como la información que circuló del periodista Ricardo Ravelo, que tenía como fin desacreditar su trabajo y vincularlo con el crimen organizado. Es un caso sumamente grave porque incluso una televisora lo transmitió como si fuera información totalmente cierta”, comenta vía telefónica Rodrigo González, oficial del Programa de Libertad de Expresión y Protección para México y Centroamérica.
Robert Jensen, profesor de ética periodística en la Escuela de Periodismo de la Universidad de Austin, Texas, explica vía correo electrónico que las “fugas” de información son comunes en muchos de los trabajos de investigación periodística en Estados Unidos, pero los periodistas deben tener cuidado para no ser manipulados por los funcionarios, quienes comúnmente tienen su agenda propia, tal como promover una política particular o atacar a un adversario político.
Cuando éste es el fin, “el interés público no es suficiente. Y en el caso Murdoch, los periodistas y los funcionarios cooperaron para intereses personales, no para el interés público. Los periódicos buscaban historias sensacionalistas y los funcionarios se beneficiaron personalmente”, resalta Jensen.
Ricardo González puntualiza que las filtraciones son fundamentales cuando es información de interés pública, pero los medios tienen la responsabilidad ética de contrastarla, “de no dar por verdadero lo que te entregan. Y por otro lado, hay un grave problema en la cobertura de temas judiciales en México, pues sistemáticamente se viola el debido proceso, la presunción de inocencia, pues se da como verdadero que son culpables”.
Por otro lado, la figura de los “informantes” debe protegerse legalmente, contrario a lo que sucede en México, donde revelar documentos internos está penado en la Ley de Responsabilidad de Servidores Públicos, “lo cual es contrario a los estándares internacionales”.
EL INFORMADOR / ALEJANDRA GUILLÉN
Los estándares internacionales de libertad de expresión contemplan la protección de los “whistlebloswers (informantes)”, pues son figuras que cumplen un papel esencial para el flujo de información en casos de corrupción o impunidad.
David Banisar, asesor jurídico de la organización internacional Artículo XIX, explica en un estudio que realizó en 2006 para la Primer Conferencia Internacional sobre Corrupción y Transparencia, que los informantes son claves para reducir la corrupción y las prácticas no éticas tanto en instituciones gubernamentales como privadas.
Sin embargo, hay que diferenciar a los informantes de los que filtran sin tener la finalidad del bien público, sino que responde a su agenda personal.
En México comúnmente lo que se filtra son “exclusivas que nada tienen que ver con la búsqueda del bien público, y esto hay que ponerlo con todas sus letras, porque muchos periodistas han hecho su carrera con esto. Sobre todo en fuentes como la Procuraduría General de la República, que distribuye información de averiguaciones previas que tienen fines políticos, para estigmatizar o linchar a tal o cual persona. Por ejemplo, como la información que circuló del periodista Ricardo Ravelo, que tenía como fin desacreditar su trabajo y vincularlo con el crimen organizado. Es un caso sumamente grave porque incluso una televisora lo transmitió como si fuera información totalmente cierta”, comenta vía telefónica Rodrigo González, oficial del Programa de Libertad de Expresión y Protección para México y Centroamérica.
Robert Jensen, profesor de ética periodística en la Escuela de Periodismo de la Universidad de Austin, Texas, explica vía correo electrónico que las “fugas” de información son comunes en muchos de los trabajos de investigación periodística en Estados Unidos, pero los periodistas deben tener cuidado para no ser manipulados por los funcionarios, quienes comúnmente tienen su agenda propia, tal como promover una política particular o atacar a un adversario político.
Cuando éste es el fin, “el interés público no es suficiente. Y en el caso Murdoch, los periodistas y los funcionarios cooperaron para intereses personales, no para el interés público. Los periódicos buscaban historias sensacionalistas y los funcionarios se beneficiaron personalmente”, resalta Jensen.
Ricardo González puntualiza que las filtraciones son fundamentales cuando es información de interés pública, pero los medios tienen la responsabilidad ética de contrastarla, “de no dar por verdadero lo que te entregan. Y por otro lado, hay un grave problema en la cobertura de temas judiciales en México, pues sistemáticamente se viola el debido proceso, la presunción de inocencia, pues se da como verdadero que son culpables”.
Por otro lado, la figura de los “informantes” debe protegerse legalmente, contrario a lo que sucede en México, donde revelar documentos internos está penado en la Ley de Responsabilidad de Servidores Públicos, “lo cual es contrario a los estándares internacionales”.
EL INFORMADOR / ALEJANDRA GUILLÉN
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