Internacional
Eric Holder afirma que aplicará la ley en el caso de las torturas de la CIA
La Cámara de Representantes, el fiscal general del Estado reiteró que no se procesará a los agentes de la CIA que actuaron razonablemente
WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.- El secretario de Justicia de EU,
Eric Holder, afirmó hoy que aplicará la ley en toda su extensión en el caso de las torturas en interrogatorios de la CIA a sospechosos de terrorismo, si ve indicios que justifiquen una acción judicial.
En una comparecencia ante el Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes, el fiscal general del Estado reiteró que no se procesará a los agentes de la CIA que actuaron "razonablemente, de buena fe y de acuerdo con las opiniones (legales) del Departamento de Justicia" que legitimaron la tortura a supuestos terroristas.
"No sería justo, desde mi punto de vista, efectuar tales enjuiciamientos", explicó.
La desclasificación de cuatro memorandos, mediante los que la Oficina de Asesoramiento Legal del Departamento de Justicia proveyó durante el anterior Gobierno el marco legal para que la CIA empleara la asfixia simulada y otras prácticas coercitivas en interrogatorios, ha generado una gran polémica y controversia en EU.
Legisladores y políticos, así como ex altos cargos de la administración del ex presidente George W. Bush, defienden sus diferentes puntos de vista sobre la conveniencia de la publicación de esos informes y de posibles investigaciones y enjuiciamientos de aquellos que justificaron, autorizaron y ordenaron las torturas.
El martes, Obama dejó la puerta abierta a posibles imputaciones de altos cargos que formularon las decisiones legales sobre la tortura, pero dejó en manos de Holder, la decisión sobre cualquier actuación judicial, dentro de los parámetros de la ley.
Holder destacó hoy que "es su responsabilidad, como fiscal general, aplicar la ley".
"Es mi deber de aplicar la ley. Si veo indicios de conductas indebidas, perseguiré esto en toda su extensión", afirmó en respuesta a una pregunta de un legislador sobre si procesará a "funcionarios" del anterior Gobierno de EU.
Entre aquellos que ponen el grito al cielo por la decisión de Obama de publicar los documentos se encuentra el ex vicepresidente Dick Cheney.
Un feroz crítico de Obama dijo que la divulgación de los informes era "un poco inquietante" e instó al Gobierno a que dé a conocer otros documentos que muestran "el éxito de esos esfuerzos".
Cheney considera que esos documentos deben ser publicados para que "el pueblo estadounidense pueda ver" lo que se consiguió y se aprendió, "y lo buena que fue la información" lograda.
Holder afirmó desconocer si existen esos informes que cita el ex vicepresidente, pero se mostró dispuesto a publicar todos los documentos de la Oficina de Asesoramiento Legal relacionados con las torturas durante el Gobierno de Bush.
"No es la intención de esta administración jugar al escondite o no publicar ciertas cosas", insistió.
Antes de que comenzara la audiencia de Holder ante el comité de la cámara baja, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y otras organizaciones defensoras de los derechos humanos entregaron a un fiscal adjunto una petición con 25 mil firmas en la que se exige que se designe un fiscal especial para investigar las torturas.
Durante la audiencia, ACLU, miembros del grupo pacifista "Code Pink" y de "Veterans for Peace" portaron pancartas en las que se podía leer "torturar es ilegal", "fiscal especial" y "justicia para TODOS", entre otros lemas.
En una comparecencia ante el Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes, el fiscal general del Estado reiteró que no se procesará a los agentes de la CIA que actuaron "razonablemente, de buena fe y de acuerdo con las opiniones (legales) del Departamento de Justicia" que legitimaron la tortura a supuestos terroristas.
"No sería justo, desde mi punto de vista, efectuar tales enjuiciamientos", explicó.
La desclasificación de cuatro memorandos, mediante los que la Oficina de Asesoramiento Legal del Departamento de Justicia proveyó durante el anterior Gobierno el marco legal para que la CIA empleara la asfixia simulada y otras prácticas coercitivas en interrogatorios, ha generado una gran polémica y controversia en EU.
Legisladores y políticos, así como ex altos cargos de la administración del ex presidente George W. Bush, defienden sus diferentes puntos de vista sobre la conveniencia de la publicación de esos informes y de posibles investigaciones y enjuiciamientos de aquellos que justificaron, autorizaron y ordenaron las torturas.
El martes, Obama dejó la puerta abierta a posibles imputaciones de altos cargos que formularon las decisiones legales sobre la tortura, pero dejó en manos de Holder, la decisión sobre cualquier actuación judicial, dentro de los parámetros de la ley.
Holder destacó hoy que "es su responsabilidad, como fiscal general, aplicar la ley".
"Es mi deber de aplicar la ley. Si veo indicios de conductas indebidas, perseguiré esto en toda su extensión", afirmó en respuesta a una pregunta de un legislador sobre si procesará a "funcionarios" del anterior Gobierno de EU.
Entre aquellos que ponen el grito al cielo por la decisión de Obama de publicar los documentos se encuentra el ex vicepresidente Dick Cheney.
Un feroz crítico de Obama dijo que la divulgación de los informes era "un poco inquietante" e instó al Gobierno a que dé a conocer otros documentos que muestran "el éxito de esos esfuerzos".
Cheney considera que esos documentos deben ser publicados para que "el pueblo estadounidense pueda ver" lo que se consiguió y se aprendió, "y lo buena que fue la información" lograda.
Holder afirmó desconocer si existen esos informes que cita el ex vicepresidente, pero se mostró dispuesto a publicar todos los documentos de la Oficina de Asesoramiento Legal relacionados con las torturas durante el Gobierno de Bush.
"No es la intención de esta administración jugar al escondite o no publicar ciertas cosas", insistió.
Antes de que comenzara la audiencia de Holder ante el comité de la cámara baja, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y otras organizaciones defensoras de los derechos humanos entregaron a un fiscal adjunto una petición con 25 mil firmas en la que se exige que se designe un fiscal especial para investigar las torturas.
Durante la audiencia, ACLU, miembros del grupo pacifista "Code Pink" y de "Veterans for Peace" portaron pancartas en las que se podía leer "torturar es ilegal", "fiscal especial" y "justicia para TODOS", entre otros lemas.
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