Internacional
El Supremo de EU analiza que reforma no exija seguro médico
Matthew McHugh, investigador de salud pública de la Universidad de Pensilvania, afirma que este es el caso más importante ante el Supremo: la última reforma fue hace casi medio siglo y por eso causa tanta polémica
WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS (28/MAR/2012).- El Tribunal Supremo de Estados Unidos (EU) concluyó hoy las audiencias para determinar el futuro de la reforma del sistema de salud impulsada en 2010 por el presidente Barack Obama sin la parte central del seguro médico obligatorio.
A lo largo de seis horas de argumentos orales, repartidos en tres días, el abogado del Gobierno ante el Tribunal Supremo, Donald Verrilli, instó a los nueve magistrados a que dejen en pie la reforma sanitaria en su totalidad.
Pero las audiencias dejaron en claro que la división de opiniones en el seno del Tribunal Supremo puede poner en riesgo parte o la totalidad de la reforma sanitaria, aprobada por el Congreso en marzo de 2010 sin apoyo republicano.
"No es posible predecir lo que ocurrirá en base a las audiencias de esta semana pero, sin duda, es el caso más importante ante el Supremo en la última década. Hay mucho en juego para Obama", dijo a Efe Matthew McHugh, analista e investigador de salud pública de la Universidad de Pensilvania.
"Es la mayor reforma de salud en casi medio siglo y eso no se logra en siete páginas, o de la noche a la mañana, por eso causa tanta polémica. Pero recordemos que la creación del sistema de Seguro Social o el de Medicare (para ancianos y jubilados) también fue polémica y los hemos venido ajustando con los años", señaló.
En todo caso, el portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, reiteró que la Administración Obama confía en que, al final, el Tribunal Supremo defenderá la puesta en marcha de la reforma.
Marcadas por densos argumentos legales sobre la autonomía de los estados o los límites del Gobierno federal, las audiencias dejaron en claro la vulnerabilidad de la pieza central de la reforma: la exigencia de que todo estadounidense tenga seguro médico a partir de 2014 o afronte una multa.
Durante la sesión matutina, los nueve magistrados escucharon los argumentos orales a favor y en contra de dejar en pie el resto de las más de 400 cláusulas de la reforma, en el supuesto de que en su fallo de junio próximo declaren que el seguro médico obligatorio es anticonstitucional.
En este caso, la polémica se debe en parte a que el Congreso no incluyó en la ley de más de dos mil 700 páginas instrucciones sobre si invalidar o no el resto de la misma si el Supremo declara que uno de sus componentes es inconstitucional.
El abogado Paul D. Clement, que representa a los 26 estados que entablaron una demanda en contra de la reforma sanitaria, instó a los jueces a que la anulen por completo.
"Si (el seguro médico obligatorio) es inconstitucional, entonces el resto (de la ley) no puede quedarse", argumentó Clement.
Según una transcripción de la audiencia divulgada por el Tribunal Supremo, el juez Antonin Scalia, conservador, consideró que si se elimina el eje de la reforma sanitaria "desaparece (el resto) del estatuto".
Pero el Gobierno replicó que, aun si se elimina el seguro médico obligatorio, la mayoría de las otras cláusulas puede permanecer y cumplir su objetivo de ampliar y mejorar los servicios de salud y reducir sus costes.
En general, los cuatro jueces progresistas, entre ellos Sonia Sotomayor, parecieron inclinarse por permitir que sea el Congreso el que decida el destino del resto de la reforma.
El propio Gobierno ha reconocido que si se revoca el seguro médico obligatorio también tendrían que eliminar dos cláusulas que gozan de amplia popularidad: la que obliga a las aseguradoras a dar cobertura a personas con problemas de salud preexistentes y la que les exige cobrar lo mismo a personas de la misma edad sin importar su historial médico.
En la sesión vespertina, los jueces analizaron si, en aras de ampliar la cobertura del programa "Medicaid" para otros 16 millones de personas, el Gobierno federal puede "coaccionar" a los gobiernos estatales a asumir una mayor parte de su gestión y costes, o arriesgarse a perder fondos para ese programa.
El programa "Medicaid" es un esfuerzo conjunto entre el Gobierno federal y los estatales para dar asistencia médica y social a personas de escasos recursos en varias categorías, incluyendo ancianos, niños, embarazadas y personas discapacitadas.
Pero los demandantes se oponen a que el Gobierno condicione miles de millones de dólares en fondos federales a que los gobiernos estatales aporten más al programa de "Medicaid".
Como en días anteriores, en las gradas del Supremo activistas del movimiento conservador "Tea Party", algunos con campanas y megáfonos, gritaron consignas en contra de la reforma, mientras los grupos a favor, con tambores, megáfonos y carteles, la defendieron como un antídoto a los problemas que aquejan al sistema de salud de EU.
A lo largo de seis horas de argumentos orales, repartidos en tres días, el abogado del Gobierno ante el Tribunal Supremo, Donald Verrilli, instó a los nueve magistrados a que dejen en pie la reforma sanitaria en su totalidad.
Pero las audiencias dejaron en claro que la división de opiniones en el seno del Tribunal Supremo puede poner en riesgo parte o la totalidad de la reforma sanitaria, aprobada por el Congreso en marzo de 2010 sin apoyo republicano.
"No es posible predecir lo que ocurrirá en base a las audiencias de esta semana pero, sin duda, es el caso más importante ante el Supremo en la última década. Hay mucho en juego para Obama", dijo a Efe Matthew McHugh, analista e investigador de salud pública de la Universidad de Pensilvania.
"Es la mayor reforma de salud en casi medio siglo y eso no se logra en siete páginas, o de la noche a la mañana, por eso causa tanta polémica. Pero recordemos que la creación del sistema de Seguro Social o el de Medicare (para ancianos y jubilados) también fue polémica y los hemos venido ajustando con los años", señaló.
En todo caso, el portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, reiteró que la Administración Obama confía en que, al final, el Tribunal Supremo defenderá la puesta en marcha de la reforma.
Marcadas por densos argumentos legales sobre la autonomía de los estados o los límites del Gobierno federal, las audiencias dejaron en claro la vulnerabilidad de la pieza central de la reforma: la exigencia de que todo estadounidense tenga seguro médico a partir de 2014 o afronte una multa.
Durante la sesión matutina, los nueve magistrados escucharon los argumentos orales a favor y en contra de dejar en pie el resto de las más de 400 cláusulas de la reforma, en el supuesto de que en su fallo de junio próximo declaren que el seguro médico obligatorio es anticonstitucional.
En este caso, la polémica se debe en parte a que el Congreso no incluyó en la ley de más de dos mil 700 páginas instrucciones sobre si invalidar o no el resto de la misma si el Supremo declara que uno de sus componentes es inconstitucional.
El abogado Paul D. Clement, que representa a los 26 estados que entablaron una demanda en contra de la reforma sanitaria, instó a los jueces a que la anulen por completo.
"Si (el seguro médico obligatorio) es inconstitucional, entonces el resto (de la ley) no puede quedarse", argumentó Clement.
Según una transcripción de la audiencia divulgada por el Tribunal Supremo, el juez Antonin Scalia, conservador, consideró que si se elimina el eje de la reforma sanitaria "desaparece (el resto) del estatuto".
Pero el Gobierno replicó que, aun si se elimina el seguro médico obligatorio, la mayoría de las otras cláusulas puede permanecer y cumplir su objetivo de ampliar y mejorar los servicios de salud y reducir sus costes.
En general, los cuatro jueces progresistas, entre ellos Sonia Sotomayor, parecieron inclinarse por permitir que sea el Congreso el que decida el destino del resto de la reforma.
El propio Gobierno ha reconocido que si se revoca el seguro médico obligatorio también tendrían que eliminar dos cláusulas que gozan de amplia popularidad: la que obliga a las aseguradoras a dar cobertura a personas con problemas de salud preexistentes y la que les exige cobrar lo mismo a personas de la misma edad sin importar su historial médico.
En la sesión vespertina, los jueces analizaron si, en aras de ampliar la cobertura del programa "Medicaid" para otros 16 millones de personas, el Gobierno federal puede "coaccionar" a los gobiernos estatales a asumir una mayor parte de su gestión y costes, o arriesgarse a perder fondos para ese programa.
El programa "Medicaid" es un esfuerzo conjunto entre el Gobierno federal y los estatales para dar asistencia médica y social a personas de escasos recursos en varias categorías, incluyendo ancianos, niños, embarazadas y personas discapacitadas.
Pero los demandantes se oponen a que el Gobierno condicione miles de millones de dólares en fondos federales a que los gobiernos estatales aporten más al programa de "Medicaid".
Como en días anteriores, en las gradas del Supremo activistas del movimiento conservador "Tea Party", algunos con campanas y megáfonos, gritaron consignas en contra de la reforma, mientras los grupos a favor, con tambores, megáfonos y carteles, la defendieron como un antídoto a los problemas que aquejan al sistema de salud de EU.
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