Internacional
Denuncian mil 584 dominicanos de origen haitiano fueron privados de nacionalidad
El Servicio Jesuita a Refugiados y Migrantes llamó a reconocer los derechos de este sector de la población
SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA (11/OCT/2011).- La organización Servicio Jesuita a Refugiados y Migrantes (SJRM) denunció hoy que 1.584 dominicanos descendientes de haitianos han sido privados de su nacionalidad por una resolución de la Junta Central Electoral (JCE) de la República Dominicana que les impide obtener copia de su acta de nacimiento.
Una investigación llevada a cabo por esta organización ha detectado estos casos en las provincias dominicanas de San Pedro de Macorís, Monte Plata y La Romana, situadas en el este del país, y Neyba, en el suroeste.
La Resolución citada, la 12/07, de diciembre de 2007, establece la suspensión provisional de la expedición de actas del estado civil "viciadas o instrumentadas de manera irregular", lo que impide a los afectados cumplir los requisitos administrativos para estudiar, trabajar y tener cédula de identidad, según el SJRM.
Esta resolución está vinculada a una circular de la JCE de marzo del mismo año que exige a los oficiales del Estado Civil remitir a esa institución los expedientes de casos irregulares, teniendo en cuenta que "en tiempo pasado" fueron expedidas actas de nacimiento "de forma irregular con padres extranjeros que no han probado su residencia o estatus legal en la República Dominicana".
El informe del SJRM indica que los afectados son personas que fueron "declaradas y reconocidas como dominicanas" en su día.
La situación que afecta a estos ciudadanos "se hereda de una generación a otra", ya que del total de personas afectadas, el 48 % tiene hijos que, en el 57 % de los casos no han podido ser declarados, "entre otras razones porque las Oficialías le han negado este derecho", mientras que "el 30 % de los padres no tienen documentos", agrega el comunicado.
La población afectada por la resolución es femenina en el 59 % de los casos y el 72 % tiene entre 14 y 35 años "lo que significa que está en plena edad laboral y de estudios", afirmó la directora del Servicio Jesuita a Refugiados y Migrantes de Santo Domingo, Sonia Adames.
El SJRM demandó la eliminación de la resolución 12/07 e hizo un llamamiento por el reconocimiento de los derechos de esta población y la no discriminación entre dominicanos.
Una investigación llevada a cabo por esta organización ha detectado estos casos en las provincias dominicanas de San Pedro de Macorís, Monte Plata y La Romana, situadas en el este del país, y Neyba, en el suroeste.
La Resolución citada, la 12/07, de diciembre de 2007, establece la suspensión provisional de la expedición de actas del estado civil "viciadas o instrumentadas de manera irregular", lo que impide a los afectados cumplir los requisitos administrativos para estudiar, trabajar y tener cédula de identidad, según el SJRM.
Esta resolución está vinculada a una circular de la JCE de marzo del mismo año que exige a los oficiales del Estado Civil remitir a esa institución los expedientes de casos irregulares, teniendo en cuenta que "en tiempo pasado" fueron expedidas actas de nacimiento "de forma irregular con padres extranjeros que no han probado su residencia o estatus legal en la República Dominicana".
El informe del SJRM indica que los afectados son personas que fueron "declaradas y reconocidas como dominicanas" en su día.
La situación que afecta a estos ciudadanos "se hereda de una generación a otra", ya que del total de personas afectadas, el 48 % tiene hijos que, en el 57 % de los casos no han podido ser declarados, "entre otras razones porque las Oficialías le han negado este derecho", mientras que "el 30 % de los padres no tienen documentos", agrega el comunicado.
La población afectada por la resolución es femenina en el 59 % de los casos y el 72 % tiene entre 14 y 35 años "lo que significa que está en plena edad laboral y de estudios", afirmó la directora del Servicio Jesuita a Refugiados y Migrantes de Santo Domingo, Sonia Adames.
El SJRM demandó la eliminación de la resolución 12/07 e hizo un llamamiento por el reconocimiento de los derechos de esta población y la no discriminación entre dominicanos.
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