Internacional
Corte de Guatemala tramita antejuicio contra políticos opositores
Serán investigados por los delitos de financiamiento electoral ilícito, asociación ilícita y tráfico de influencias
GUATEMALA, GUATEMALA (03/AGO/2015).- La Corte Suprema de Justicia de Guatemala dio trámite al proceso de antejuicio solicitado contra los hermanos Edgar y Manuel Barquín, candidato a vicepresidente y diputado del partido opositor Libertad Democrática Renovada (Líder) por presuntos actos de asociación ilícita y tráfico de influencias, y ordenó a un juez investigar la causa.
"Establecimos que efectivamente el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala aportaron los indicios suficientes... resolvimos dar trámite para que el pesquisidor practique la investigación correspondiente", dijo el magistrado Rafael Rojas, presidente de la Cámara de Antejuicios de la Corte Suprema de Justicia.
Edgar Barquín es candidato vicepresidencial del partido Líder, y según sondeos, favorito para las elecciones presidenciales previstas para septiembre próximo.
Barquín tiene inmunidad por haber sido inscrito como candidato vicepresidencial, un derecho que otorga la ley guatemalteca.
El Ministerio Público y la Comisión, un ente de Naciones Unidas que investiga aparatos clandestinos y de seguridad incrustados en el estado guatemalteco, solicitaron el 15 de julio el <strong>retiro de la inmunidad</strong> a Edgar Barquín por los delitos de asociación ilícita y tráfico de influencias, por supuestamente alertar a una red de lavado de dinero de investigaciones en curso contra ellos cuando fungía como presidente de la Junta Directiva del Banco de Guatemala.
La red era liderada por Francisco Morales, alias "Chico Dólar", quién habría lavado al menos 33 millones de dólares que se utilizaron para financiar campañas políticas.
La red habría recibido colaboración de los diputados Manuel Barquín y Jaime Martínez Lohayza, también de Líder, para facilitar el lavado del dinero. La Corte también decidió aceptar el trámite para el antejuicio y nombró juez para investigarlos por los delitos de financiamiento electoral ilícito, asociación ilícita y tráfico de influencias.
"En un audio constan las escuchas telefónicas y documentos sobre aportaciones de algunos contribuyentes a la campaña del evento electoral anterior del 2011, en donde se adjuntan las hojas de aportaciones para beneficiar a los partidos de la alianza UNE-Gana", dijo el magistrado Rojas.
Los tres políticos han negado su participación en los hechos, e incluso organizaron una manifestación de sus correligionarios pidiendo no ser investigados.
El juez investigador deberá rendir un informe al pleno de la Corte Suprema en el cual determine si se les debe o no retirar la inmunidad, para lo cual tiene un plazo de hasta 60 días.
La fiscalía y la comisión develaron desde abril pasado varios casos de corrupción que han alcanzado tanto a políticos como a altas esferas del gobierno del general Otto Pérez Molina.
Las autoridades denunciaron el primer escándalo de corrupción, y el más grande hasta el momento, el 16 de abril cuando se desarticuló una estructura de particulares y funcionarios públicos que defraudaron al fisco por varios millones de dólares, cuyo monto exacto no se ha podido determinar hasta el momento.
La estructura denominada "la Línea" recibió sobornos de empresarios con el fin de evadir impuestos.
Según la comisión, era liderada por Juan Carlos Monzón Rojas, ex secretario privado y mano derecha de la ex vicepresidenta Roxana Baldetti, ahora prófuga.
Baldetti ha negado cualquier vínculo con el caso. Sin embargo, un juzgado le ha embargado un total de 11 fincas de su propiedad y de su familia, le ha inmovilizado 6.7 millones de quetzales (unos 900 mil dólares) y se le prohibió salir del país.
"Establecimos que efectivamente el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala aportaron los indicios suficientes... resolvimos dar trámite para que el pesquisidor practique la investigación correspondiente", dijo el magistrado Rafael Rojas, presidente de la Cámara de Antejuicios de la Corte Suprema de Justicia.
Edgar Barquín es candidato vicepresidencial del partido Líder, y según sondeos, favorito para las elecciones presidenciales previstas para septiembre próximo.
Barquín tiene inmunidad por haber sido inscrito como candidato vicepresidencial, un derecho que otorga la ley guatemalteca.
El Ministerio Público y la Comisión, un ente de Naciones Unidas que investiga aparatos clandestinos y de seguridad incrustados en el estado guatemalteco, solicitaron el 15 de julio el <strong>retiro de la inmunidad</strong> a Edgar Barquín por los delitos de asociación ilícita y tráfico de influencias, por supuestamente alertar a una red de lavado de dinero de investigaciones en curso contra ellos cuando fungía como presidente de la Junta Directiva del Banco de Guatemala.
La red era liderada por Francisco Morales, alias "Chico Dólar", quién habría lavado al menos 33 millones de dólares que se utilizaron para financiar campañas políticas.
La red habría recibido colaboración de los diputados Manuel Barquín y Jaime Martínez Lohayza, también de Líder, para facilitar el lavado del dinero. La Corte también decidió aceptar el trámite para el antejuicio y nombró juez para investigarlos por los delitos de financiamiento electoral ilícito, asociación ilícita y tráfico de influencias.
"En un audio constan las escuchas telefónicas y documentos sobre aportaciones de algunos contribuyentes a la campaña del evento electoral anterior del 2011, en donde se adjuntan las hojas de aportaciones para beneficiar a los partidos de la alianza UNE-Gana", dijo el magistrado Rojas.
Los tres políticos han negado su participación en los hechos, e incluso organizaron una manifestación de sus correligionarios pidiendo no ser investigados.
El juez investigador deberá rendir un informe al pleno de la Corte Suprema en el cual determine si se les debe o no retirar la inmunidad, para lo cual tiene un plazo de hasta 60 días.
La fiscalía y la comisión develaron desde abril pasado varios casos de corrupción que han alcanzado tanto a políticos como a altas esferas del gobierno del general Otto Pérez Molina.
Las autoridades denunciaron el primer escándalo de corrupción, y el más grande hasta el momento, el 16 de abril cuando se desarticuló una estructura de particulares y funcionarios públicos que defraudaron al fisco por varios millones de dólares, cuyo monto exacto no se ha podido determinar hasta el momento.
La estructura denominada "la Línea" recibió sobornos de empresarios con el fin de evadir impuestos.
Según la comisión, era liderada por Juan Carlos Monzón Rojas, ex secretario privado y mano derecha de la ex vicepresidenta Roxana Baldetti, ahora prófuga.
Baldetti ha negado cualquier vínculo con el caso. Sin embargo, un juzgado le ha embargado un total de 11 fincas de su propiedad y de su familia, le ha inmovilizado 6.7 millones de quetzales (unos 900 mil dólares) y se le prohibió salir del país.
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