Internacional
Correa controla la información electoral
El presidente de Ecuador logra restringir la cobertura de medios de comunicación
QUITO, ECUADOR (17/ENE/2012).- El presidente de Ecuador, Rafael Correa, logró allanar el último obstáculo en la Legislatura para que entren en vigor restricciones a la cobertura electoral de la prensa, en medio de una pugna con los principales medios de comunicación independientes del país.
La oposición intentó abordar el asunto en la Asamblea Nacional, pero solo reunió 50 votos, 13 menos de los necesarios, con lo que las normas se aplicarán de forma automática desde el próximo 4 de febrero, indicó una fuente de ese órgano.
"Ya no hay capacidad de maniobra", reconoció el asambleísta Andrés Paéz, del opositor partido Izquierda Democrática.
La propuesta establece que durante la campaña electoral los medios "se abstendrán de hacer promoción directa o indirecta, ya sea a través de reportajes, especiales o cualquier otra forma de mensaje, que tienda a incidir a favor o en contra de determinado candidato, postulado, opiniones, preferencias electorales o tesis política".
La oposición se queja de que se trata de una formulación vaga que abre la posibilidad de demandas contra medios de prensa por notas informativas durante la campaña para las elecciones presidenciales de 2013.
"Impide la información. Viola los derechos esenciales de los votantes", dijo Páez.
Esta semana, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) afirmó que el proyecto supone una "mordaza informativa" y "un ataque directo a la libertad de prensa".
En cambio, Correa, que mantiene que la SIP sólo defiende los intereses de los dueños de la prensa, ha indicado que la norma evitará que los medios de comunicación se metan a hacer política y los ha acusado de mentir al afirmar que su intención es acallar las voces independientes.
"Los medios de comunicación tienen que informar, no pueden hacer campaña política. No sean sinvergüenzas, faltos de ética, si quieren ser políticos ganen las elecciones, pero no porque tienen plata para poner una imprenta pretendan ser actores políticos", ha dicho.
La propuesta también relaja la prohibición de realizar publicidad oficial, al permitir la promoción de proyectos públicos en ejecución y cuando se requiera informar de "temas de importancia nacional, como campañas de salud, seguridad "u otras de naturaleza similar".
A juicio de María Paula Romo, asambleísta de "Ruptura de los 25", un grupo político que estuvo alineado hasta el año pasado con el oficialista Movimiento Alianza País, esa cláusula otorga "gran permisividad" a la publicidad estatal.
Para que las normas entren en vigor en la campaña presidencial, el Consejo Nacional Electoral (CNE) tendría que atrasar los comicios previstos para el 20 de enero de 2013, pues la Constitución ecuatoriana prohíbe que se apliquen reformas electorales durante el año anterior a la cita con las urnas.
Por ello, esa entidad debería aplazarlos para después del 4 de febrero de 2013.
La oposición también ha criticado la forma en la que Correa introdujo su propuesta, pues la incluyó en un veto parcial a una reforma electoral aprobada por la Legislatura.
Para suprimir un veto son necesarios 83 votos, de las 124 curules con las que cuenta la Asamblea, una gran mayoría sólo posible si algunos miembros de Alianza País abandonan al mandatario.
"El presidente no hace de colegislador, sino de legislador. Introduce temas no tratados en la Asamblea", se quejó Páez, quien indicó que junto con otros políticos y abogados pretende presentar el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Asimismo, esta semana la Unión Nacional de Periodistas (UNP) pidió a una corte en Quito medidas cautelares para impedir la entrada en vigor de las normas, con el argumento de que violan el derecho constitucional a la libertad de expresión.
La propuesta de Correa llega en un momento de tensión con los mayores medios de comunicación privados del país, a los que acusa de manipular la información según sus propios intereses.
El caso más sonado es el proceso contra el diario El Universo por una columna que el presidente consideró injuriosa, el cual está ahora en manos de la Corte Nacional de Justicia.
Dos tribunales inferiores han dado la razón a Correa y han dictaminado tres años de prisión para tres directivos y un exjefe de opinión del diario, así como el pago de 40 millones de dólares.
La oposición intentó abordar el asunto en la Asamblea Nacional, pero solo reunió 50 votos, 13 menos de los necesarios, con lo que las normas se aplicarán de forma automática desde el próximo 4 de febrero, indicó una fuente de ese órgano.
"Ya no hay capacidad de maniobra", reconoció el asambleísta Andrés Paéz, del opositor partido Izquierda Democrática.
La propuesta establece que durante la campaña electoral los medios "se abstendrán de hacer promoción directa o indirecta, ya sea a través de reportajes, especiales o cualquier otra forma de mensaje, que tienda a incidir a favor o en contra de determinado candidato, postulado, opiniones, preferencias electorales o tesis política".
La oposición se queja de que se trata de una formulación vaga que abre la posibilidad de demandas contra medios de prensa por notas informativas durante la campaña para las elecciones presidenciales de 2013.
"Impide la información. Viola los derechos esenciales de los votantes", dijo Páez.
Esta semana, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) afirmó que el proyecto supone una "mordaza informativa" y "un ataque directo a la libertad de prensa".
En cambio, Correa, que mantiene que la SIP sólo defiende los intereses de los dueños de la prensa, ha indicado que la norma evitará que los medios de comunicación se metan a hacer política y los ha acusado de mentir al afirmar que su intención es acallar las voces independientes.
"Los medios de comunicación tienen que informar, no pueden hacer campaña política. No sean sinvergüenzas, faltos de ética, si quieren ser políticos ganen las elecciones, pero no porque tienen plata para poner una imprenta pretendan ser actores políticos", ha dicho.
La propuesta también relaja la prohibición de realizar publicidad oficial, al permitir la promoción de proyectos públicos en ejecución y cuando se requiera informar de "temas de importancia nacional, como campañas de salud, seguridad "u otras de naturaleza similar".
A juicio de María Paula Romo, asambleísta de "Ruptura de los 25", un grupo político que estuvo alineado hasta el año pasado con el oficialista Movimiento Alianza País, esa cláusula otorga "gran permisividad" a la publicidad estatal.
Para que las normas entren en vigor en la campaña presidencial, el Consejo Nacional Electoral (CNE) tendría que atrasar los comicios previstos para el 20 de enero de 2013, pues la Constitución ecuatoriana prohíbe que se apliquen reformas electorales durante el año anterior a la cita con las urnas.
Por ello, esa entidad debería aplazarlos para después del 4 de febrero de 2013.
La oposición también ha criticado la forma en la que Correa introdujo su propuesta, pues la incluyó en un veto parcial a una reforma electoral aprobada por la Legislatura.
Para suprimir un veto son necesarios 83 votos, de las 124 curules con las que cuenta la Asamblea, una gran mayoría sólo posible si algunos miembros de Alianza País abandonan al mandatario.
"El presidente no hace de colegislador, sino de legislador. Introduce temas no tratados en la Asamblea", se quejó Páez, quien indicó que junto con otros políticos y abogados pretende presentar el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Asimismo, esta semana la Unión Nacional de Periodistas (UNP) pidió a una corte en Quito medidas cautelares para impedir la entrada en vigor de las normas, con el argumento de que violan el derecho constitucional a la libertad de expresión.
La propuesta de Correa llega en un momento de tensión con los mayores medios de comunicación privados del país, a los que acusa de manipular la información según sus propios intereses.
El caso más sonado es el proceso contra el diario El Universo por una columna que el presidente consideró injuriosa, el cual está ahora en manos de la Corte Nacional de Justicia.
Dos tribunales inferiores han dado la razón a Correa y han dictaminado tres años de prisión para tres directivos y un exjefe de opinión del diario, así como el pago de 40 millones de dólares.
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