Internacional
Conflicto de tierras en Paraguay obliga a cambios en la policía
El presidente Fernando Lugo sustituyó a su ministro de Interior y comandante de Policía, mientras campesinos ''sin tierra'' demandan reparto de terrenos arrebatados desde la dictadura de Alfredo Stroessner
ASUNCIÓN, PARAGUAY (16/JUN/2012).- La quincena de muertos durante un operativo policial de desalojo de campesinos "sin tierra" en el noreste de Paraguay obligó hoy a renovar la cúpula policial y reabrió el debate sobre el enquistado conflicto por la tierra en este país.
En sendas ceremonias, el presidente paraguayo, Fernando Lugo, tomó juramento al nuevo ministro de Interior, Rubén Candia Amarilla, y al comandante interino de la Policía, Arnaldo Sanabria, quienes sustituyeron a los destituidos Rafael Filizzola y Paulino Rojas, respectivamente.
Los cambios se produjeron después de que al menos seis policías y nueve campesinos "sin tierra" perdieran la vida este viernes en un insólito enfrentamiento a tiros durante una operación de desalojo en una hacienda en Curuguaty, distrito de Ybyrá Pytá, a 380 kilómetros al noreste de Asunción.
En ese choque, en el departamento de Canindeyú, colindante con el estado brasileño de Paraná, resultaron también heridas 20 personas y fueron detenidos un número aún no confirmado de campesinos, según las últimas informaciones oficiales.
También fueron hallados este sábado dos cuerpos de los campesinos en un área boscosa de la hacienda afectada, mientras que representantes de los "sin tierras" aseveraron que al menos 40 ocupantes del terreno siguen ocultos y atemorizados en el monte.
Fuentes de la Fiscalía también informaron de la imputación de nueve labradores por los cargos de homicidio doloso, homicidio doloso en grado de tentativa, lesión grave, asociación criminal, coacción y coacción grave.
El hecho, de gran repercusión en los medios de prensa, motivó reuniones de urgencia ayer mismo del Poder Ejecutivo, el Congreso y la Corte Suprema de Justicia, que condenaron lo ocurrido, y reavivó la discusión sobre la tenencia y distribución de la tierra en el país suramericano.
Desde hace décadas, se registran ocupaciones de tierras por parte de grupos de "sin tierras" que acusan al Estado de haber distribuido ilegalmente terrenos a los latifundistas y grandes productores agrícolas, principalmente durante la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989), pero nunca antes se había llegado a este grado de violencia.
"La violencia en el campo es fruto de la desigualdad en la tenencia de la tierra", dijo hoy a Efe el analista Alfredo Boccia, quien aseveró que lo ocurrido ayer era de esperarse.
Durante el régimen "stronista", casi 6,75 millones de hectáreas fueron adjudicadas irregularmente y otro millón más en los 15 años siguientes a la caída de la dictadura, lo que representa el 64,1 por ciento del total de tierras entregadas, según un informe de 2008 elaborado por la Comisión de Verdad y Justicia (CVJ).
Las tierras "mal habidas", según la CVJ, representan el 32,7 por ciento de la superficie arable del país y el 19,3 de todo el territorio nacional, pero el Estado se ha mostrado incapaz de lograr su recuperación.
"En algún momento, algún sector se cansa de esperar y ocurren estas cosas que nos duelen y ofenden. Uno diría que se puede solucionar de otro modo, pero siguen diciendo a los gritos que acá hay una cuestión de fondo", insistió el analista.
La matanza ocurrida en la víspera "tiene que ser una sacudida que nos haga pensar que es imposible vivir en paz con tanta desigualdad", demandó.
"Hoy ocurrió en Canindeyú, pero puede ser en otro lugar mañana (...). Es insostenible que un país viva con tanta desigualdad", insistió Boccia.
Por su parte, Candia Amarilla dijo en una rueda de prensa tras asumir el cargo de Interior que "las prioridades están a la vista, no necesitan muchos comentarios" y que ejercerá su función "con la ley en la mano".
Comentó que puso como condiciones a Lugo para asumir la cartera "el cumplimiento irrestricto de las disposiciones legales, el Estado de Derecho y el sistema de legalidad de convivencia".
El enfrentamiento en Canindeyú, en la hacienda del empresario y político paraguayo Blas N. Riquelme, obligó al Gobierno a enviar el viernes tropas de las Fuerzas Armadas a esa región para apoyar las tareas de la policía.
Una fuente policial dijo hoy que los militares aguardan la orden para entrar en las zonas boscosas a buscar a los campesinos que se dieron a la fuga tras el tiroteo, que el saliente Filizzola describió como una emboscada de los "sin tierras" a los policías.
Entre los muertos se encuentran el jefe del Grupo Especial de Operaciones (GEO), Erven Lovera, y su asistente, Osvaldo Sánchez, quienes fueron sepultados hoy al igual que los otros cuatro agentes tras emotivos actos en los que participaron sus camaradas.
El nuevo comandante de la Policía expresó tras asumir el cargo, que sus hombres "de ninguna manera son responsables o culpables" de lo ocurrido, "pues las orientaciones impartidas fueron estrictamente ajustadas a las reglamentaciones legales pertinentes".
"Lamentablemente, mentes perversas han planeado acciones criminales de irreparables consecuencias", condenó.
En sendas ceremonias, el presidente paraguayo, Fernando Lugo, tomó juramento al nuevo ministro de Interior, Rubén Candia Amarilla, y al comandante interino de la Policía, Arnaldo Sanabria, quienes sustituyeron a los destituidos Rafael Filizzola y Paulino Rojas, respectivamente.
Los cambios se produjeron después de que al menos seis policías y nueve campesinos "sin tierra" perdieran la vida este viernes en un insólito enfrentamiento a tiros durante una operación de desalojo en una hacienda en Curuguaty, distrito de Ybyrá Pytá, a 380 kilómetros al noreste de Asunción.
En ese choque, en el departamento de Canindeyú, colindante con el estado brasileño de Paraná, resultaron también heridas 20 personas y fueron detenidos un número aún no confirmado de campesinos, según las últimas informaciones oficiales.
También fueron hallados este sábado dos cuerpos de los campesinos en un área boscosa de la hacienda afectada, mientras que representantes de los "sin tierras" aseveraron que al menos 40 ocupantes del terreno siguen ocultos y atemorizados en el monte.
Fuentes de la Fiscalía también informaron de la imputación de nueve labradores por los cargos de homicidio doloso, homicidio doloso en grado de tentativa, lesión grave, asociación criminal, coacción y coacción grave.
El hecho, de gran repercusión en los medios de prensa, motivó reuniones de urgencia ayer mismo del Poder Ejecutivo, el Congreso y la Corte Suprema de Justicia, que condenaron lo ocurrido, y reavivó la discusión sobre la tenencia y distribución de la tierra en el país suramericano.
Desde hace décadas, se registran ocupaciones de tierras por parte de grupos de "sin tierras" que acusan al Estado de haber distribuido ilegalmente terrenos a los latifundistas y grandes productores agrícolas, principalmente durante la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989), pero nunca antes se había llegado a este grado de violencia.
"La violencia en el campo es fruto de la desigualdad en la tenencia de la tierra", dijo hoy a Efe el analista Alfredo Boccia, quien aseveró que lo ocurrido ayer era de esperarse.
Durante el régimen "stronista", casi 6,75 millones de hectáreas fueron adjudicadas irregularmente y otro millón más en los 15 años siguientes a la caída de la dictadura, lo que representa el 64,1 por ciento del total de tierras entregadas, según un informe de 2008 elaborado por la Comisión de Verdad y Justicia (CVJ).
Las tierras "mal habidas", según la CVJ, representan el 32,7 por ciento de la superficie arable del país y el 19,3 de todo el territorio nacional, pero el Estado se ha mostrado incapaz de lograr su recuperación.
"En algún momento, algún sector se cansa de esperar y ocurren estas cosas que nos duelen y ofenden. Uno diría que se puede solucionar de otro modo, pero siguen diciendo a los gritos que acá hay una cuestión de fondo", insistió el analista.
La matanza ocurrida en la víspera "tiene que ser una sacudida que nos haga pensar que es imposible vivir en paz con tanta desigualdad", demandó.
"Hoy ocurrió en Canindeyú, pero puede ser en otro lugar mañana (...). Es insostenible que un país viva con tanta desigualdad", insistió Boccia.
Por su parte, Candia Amarilla dijo en una rueda de prensa tras asumir el cargo de Interior que "las prioridades están a la vista, no necesitan muchos comentarios" y que ejercerá su función "con la ley en la mano".
Comentó que puso como condiciones a Lugo para asumir la cartera "el cumplimiento irrestricto de las disposiciones legales, el Estado de Derecho y el sistema de legalidad de convivencia".
El enfrentamiento en Canindeyú, en la hacienda del empresario y político paraguayo Blas N. Riquelme, obligó al Gobierno a enviar el viernes tropas de las Fuerzas Armadas a esa región para apoyar las tareas de la policía.
Una fuente policial dijo hoy que los militares aguardan la orden para entrar en las zonas boscosas a buscar a los campesinos que se dieron a la fuga tras el tiroteo, que el saliente Filizzola describió como una emboscada de los "sin tierras" a los policías.
Entre los muertos se encuentran el jefe del Grupo Especial de Operaciones (GEO), Erven Lovera, y su asistente, Osvaldo Sánchez, quienes fueron sepultados hoy al igual que los otros cuatro agentes tras emotivos actos en los que participaron sus camaradas.
El nuevo comandante de la Policía expresó tras asumir el cargo, que sus hombres "de ninguna manera son responsables o culpables" de lo ocurrido, "pues las orientaciones impartidas fueron estrictamente ajustadas a las reglamentaciones legales pertinentes".
"Lamentablemente, mentes perversas han planeado acciones criminales de irreparables consecuencias", condenó.
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