Internacional
Colom afronta una encrucijada legal que le puede costar el cargo
Esto como consecuencia del escándalo político desatado por la publicación de un vídeo en el que se le acusa de ordenar un asesinato
GUATEMALA.- El presidente de Guatemala, Álvaro Colom, afronta una encrucijada legal que le puede costar el cargo, como consecuencia del escándalo político desatado por la publicación de un vídeo en el que se le acusa de ordenar un asesinato.
En representación del denominado "Movimiento Cívico", un grupo de abogados entregó hoy al Parlamente una petición respaldada por más de 35 firmas, que pide despojar a Colom de su inmunidad y que sea procesado por el asesinato, el pasado 10 de mayo, del abogado Rodrigo Rosenberg.
Los que piden la dimisión de Colom aseguran no responder a ningún interés partidista, no tener dirigentes, ni pretender desestabilizar al Gobierno.
"Somos un movimiento espontáneo surgido de la necesidad ciudadana de manifestarnos en contra de la violencia, la impunidad y la corrupción. No queremos derrocar al Gobierno, ni estamos conspirando en su contra. Solo queremos que se haga justicia", dijo a Efe Luis Pedro Álvarez, uno de los abogados que presentó la petición.
Desde el martes pasado, días después de que saliera a la luz un vídeo grabado en vida por Rosenberg, en el que responsabiliza de su asesinato a Colom, su esposa Sandra Torres, y su secretario privado, Gustavo Alejos, miles de personas empezaron a manifestarse, primero para exigir justicia por ese crimen, y luego para pedir la renuncia del mandatario.
"Tenemos toda la autoridad moral de hacer esta exigencia. Todo lo hacemos en el ámbito de la legalidad y el Estado de Derecho. No es ningún linchamiento político, solo una exigencia de justicia", explicó Álvarez.
Desde los micrófonos del programa "Contravía", que dirige este abogado en una radio local, se empezaron a gestar las manifestaciones en contra de Colom.
Al movimiento se empezaron a sumar, por miles, los guatemaltecos que se identifican con esas peticiones, fortalecidas con el apoyo del poderoso sector empresarial, aglutinado en el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), y los principales líderes de la oposición.
En la petición se exige que "una vez declarada con lugar la petición de ante-juicio (...) se proceda a nombrar, por falta temporal del Presidente de la República, al Vicepresidente como Presidente".
Aunque de acuerdo con la legislación guatemalteca es la Fiscalía la que debe iniciar el proceso para retirarle la inmunidad al Jefe de Estado, Álvarez explicó que "por falta de confianza" no presentaron la petición al Fiscal General, Amilcar Velásquez.
"Es obvio que no confiamos en él (el Fiscal General), porque responde directamente a los intereses del Gobierno, toda vez que fue nombrado por el Presidente. Por eso es que consideramos que es el Parlamento el que debe exigirle que cumpla con sus deberes", señaló Álvarez.
El presidente del Parlamento, Roberto Alejos, se comprometió a convocar hoy mismo a los jefes de los bloques legislativos para informarles de la solicitud "y establecer la fecha en que será conocida por el pleno".
"El pleno del Congreso es el que tiene la última palabra respecto a esta petición. Las decisiones son colegiadas y ningún diputado puede tener injerencia en lo que se debe hacer", declaró Alejos.
El proceso para que el Presidente sea despojado de la inmunidad lo debe iniciar la Fiscalía que, basada en justificadas presunciones de delitos, tiene que pedir a un juez penal abrir una causa de "ante-juicio".
El juez se limita a trasladar el expediente a la Corte Suprema de Justicia, que a su vez lo envía al Parlamento, cuyo pleno tendría que iniciar un "juicio político" en contra del mandatario, en el que decide si despoja o no de la inmunidad al Jefe de Estado.
En medio de esta encrucijada legal, Colom insiste en su inocencia, responsabiliza de la crisis a sectores interesados en desestabilizar su Gobierno, y ha asegurado que la verdad saldrá a luz en las investigaciones que sobre este caso realiza la Comisión Internacional contra la Impunidad, dirigida por el jurista español Carlos Castresana.
Por su parte, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, visitará Guatemala el próximo jueves para conocer la situación política que se ha generado en el país por la denuncia en contra de Colom.
En representación del denominado "Movimiento Cívico", un grupo de abogados entregó hoy al Parlamente una petición respaldada por más de 35 firmas, que pide despojar a Colom de su inmunidad y que sea procesado por el asesinato, el pasado 10 de mayo, del abogado Rodrigo Rosenberg.
Los que piden la dimisión de Colom aseguran no responder a ningún interés partidista, no tener dirigentes, ni pretender desestabilizar al Gobierno.
"Somos un movimiento espontáneo surgido de la necesidad ciudadana de manifestarnos en contra de la violencia, la impunidad y la corrupción. No queremos derrocar al Gobierno, ni estamos conspirando en su contra. Solo queremos que se haga justicia", dijo a Efe Luis Pedro Álvarez, uno de los abogados que presentó la petición.
Desde el martes pasado, días después de que saliera a la luz un vídeo grabado en vida por Rosenberg, en el que responsabiliza de su asesinato a Colom, su esposa Sandra Torres, y su secretario privado, Gustavo Alejos, miles de personas empezaron a manifestarse, primero para exigir justicia por ese crimen, y luego para pedir la renuncia del mandatario.
"Tenemos toda la autoridad moral de hacer esta exigencia. Todo lo hacemos en el ámbito de la legalidad y el Estado de Derecho. No es ningún linchamiento político, solo una exigencia de justicia", explicó Álvarez.
Desde los micrófonos del programa "Contravía", que dirige este abogado en una radio local, se empezaron a gestar las manifestaciones en contra de Colom.
Al movimiento se empezaron a sumar, por miles, los guatemaltecos que se identifican con esas peticiones, fortalecidas con el apoyo del poderoso sector empresarial, aglutinado en el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), y los principales líderes de la oposición.
En la petición se exige que "una vez declarada con lugar la petición de ante-juicio (...) se proceda a nombrar, por falta temporal del Presidente de la República, al Vicepresidente como Presidente".
Aunque de acuerdo con la legislación guatemalteca es la Fiscalía la que debe iniciar el proceso para retirarle la inmunidad al Jefe de Estado, Álvarez explicó que "por falta de confianza" no presentaron la petición al Fiscal General, Amilcar Velásquez.
"Es obvio que no confiamos en él (el Fiscal General), porque responde directamente a los intereses del Gobierno, toda vez que fue nombrado por el Presidente. Por eso es que consideramos que es el Parlamento el que debe exigirle que cumpla con sus deberes", señaló Álvarez.
El presidente del Parlamento, Roberto Alejos, se comprometió a convocar hoy mismo a los jefes de los bloques legislativos para informarles de la solicitud "y establecer la fecha en que será conocida por el pleno".
"El pleno del Congreso es el que tiene la última palabra respecto a esta petición. Las decisiones son colegiadas y ningún diputado puede tener injerencia en lo que se debe hacer", declaró Alejos.
El proceso para que el Presidente sea despojado de la inmunidad lo debe iniciar la Fiscalía que, basada en justificadas presunciones de delitos, tiene que pedir a un juez penal abrir una causa de "ante-juicio".
El juez se limita a trasladar el expediente a la Corte Suprema de Justicia, que a su vez lo envía al Parlamento, cuyo pleno tendría que iniciar un "juicio político" en contra del mandatario, en el que decide si despoja o no de la inmunidad al Jefe de Estado.
En medio de esta encrucijada legal, Colom insiste en su inocencia, responsabiliza de la crisis a sectores interesados en desestabilizar su Gobierno, y ha asegurado que la verdad saldrá a luz en las investigaciones que sobre este caso realiza la Comisión Internacional contra la Impunidad, dirigida por el jurista español Carlos Castresana.
Por su parte, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, visitará Guatemala el próximo jueves para conocer la situación política que se ha generado en el país por la denuncia en contra de Colom.
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