Internacional
Abogado de víctimas de escuchas pone en cuestión a la prensa británica
El abogado acusó a la prensa del Reino Unido de tener sus propios intereses, por lo que cuestionó su capacidad de autorregularse, y la criticó por vender, robar y fabricar historias
LONDRES, GRAN BRETAÑA (16/NOV/2011).- El abogado David Sherborne, que representa a 51 víctimas de escuchas ilegales en el Reino Unido, cuestionó hoy los estándares de toda la prensa británica, pese a admitir que la práctica de los pinchazos telefónicos es característica de la prensa amarilla.
En su declaración por la investigación oficial del caso, Sherborne afirmó que, aunque la mala experiencia de sus clientes había sido "principal o mayoritariamente" con periódicos sensacionalistas, "es toda la prensa la que debe sentarse en el banquillo".
Sherborne es una de varias personas en comparecer hoy ante el juez Brian Leveson, que preside una investigación auspiciada por el Gobierno sobre el escándalo de las escuchas ilegales practicadas por empleados del ya clausurado "News of the world", de Rupert Murdoch, y sobre los estándares del periodismo.
En su alegato, el abogado acusó a la prensa del Reino Unido de tener "sus propios intereses", por lo que cuestionó su capacidad de autorregularse, y la criticó por vender, robar y fabricar historias.
"La prensa tiene una voz muy poderosa y no se le debería permitir que ahogara la voz de las víctimas", manifestó.
Dijo que, aunque él representaba a 51 víctimas de pinchazos telefónicos, "había muchas más personas con historias similares".
"La prensa es muy poderosa. (Los medios) tienen intereses comunes y unas prioridades que les benefician... Se trata de supervivencia", añadió.
Según Sherborne, algunas víctimas habían sido ya acosadas y difamadas por aceptar participar en la investigación de Leveson, que se prevé que dure varios meses y que contará con el testimonio de periodistas, expertos y famosos como el actor Hugh Grant.
En la sesión de hoy declaró también el director de "The Guardian" -el periódico que expuso el caso de las escuchas-, Alan Rudsbridger, quien criticó que las autoridades no se tomaran en serio el escándalo hasta que explotó este año.
El caso de las escuchas se zanjó en 2007 con el encarcelamiento del corresponsal de realeza del "News of the world", Clive Goodman, y el detective privado Glenn Mulcaire por pinchar el teléfono de miembros de la realeza.
Sin embargo, resurgió este año cuando aumentaron las denuncias y se descubrió que el periódico de Murdoch había interceptado buzones de voz de móviles no solo de personalidades públicas sino también de gente corriente, como familiares de víctimas de asesinatos o de soldados muertos en Iraq.
Rudsbridger dijo que el caso había sido "muy dañino" porque "ha socavado la confianza en todos los periodistas".
También ha sido "muy chocante" por lo que ha revelado de una de las empresas de medios de comunicación más "poderosas y dominantes", News International de Rupert Murdoch -matriz del diario clausurado-, así como de la falta de decisión de la Policía y el Parlamento para resolver el caso.
El director del "Guardian" apuntó además que, si se concluye que la inacción de las autoridades y la propia prensa derivó de un temor al imperio Murdoch, Leveson debería "hacer recomendaciones en cuanto a propiedad de los medios de comunicación", en el sentido de evitar "perjudiciales" monopolios.
En su declaración por la investigación oficial del caso, Sherborne afirmó que, aunque la mala experiencia de sus clientes había sido "principal o mayoritariamente" con periódicos sensacionalistas, "es toda la prensa la que debe sentarse en el banquillo".
Sherborne es una de varias personas en comparecer hoy ante el juez Brian Leveson, que preside una investigación auspiciada por el Gobierno sobre el escándalo de las escuchas ilegales practicadas por empleados del ya clausurado "News of the world", de Rupert Murdoch, y sobre los estándares del periodismo.
En su alegato, el abogado acusó a la prensa del Reino Unido de tener "sus propios intereses", por lo que cuestionó su capacidad de autorregularse, y la criticó por vender, robar y fabricar historias.
"La prensa tiene una voz muy poderosa y no se le debería permitir que ahogara la voz de las víctimas", manifestó.
Dijo que, aunque él representaba a 51 víctimas de pinchazos telefónicos, "había muchas más personas con historias similares".
"La prensa es muy poderosa. (Los medios) tienen intereses comunes y unas prioridades que les benefician... Se trata de supervivencia", añadió.
Según Sherborne, algunas víctimas habían sido ya acosadas y difamadas por aceptar participar en la investigación de Leveson, que se prevé que dure varios meses y que contará con el testimonio de periodistas, expertos y famosos como el actor Hugh Grant.
En la sesión de hoy declaró también el director de "The Guardian" -el periódico que expuso el caso de las escuchas-, Alan Rudsbridger, quien criticó que las autoridades no se tomaran en serio el escándalo hasta que explotó este año.
El caso de las escuchas se zanjó en 2007 con el encarcelamiento del corresponsal de realeza del "News of the world", Clive Goodman, y el detective privado Glenn Mulcaire por pinchar el teléfono de miembros de la realeza.
Sin embargo, resurgió este año cuando aumentaron las denuncias y se descubrió que el periódico de Murdoch había interceptado buzones de voz de móviles no solo de personalidades públicas sino también de gente corriente, como familiares de víctimas de asesinatos o de soldados muertos en Iraq.
Rudsbridger dijo que el caso había sido "muy dañino" porque "ha socavado la confianza en todos los periodistas".
También ha sido "muy chocante" por lo que ha revelado de una de las empresas de medios de comunicación más "poderosas y dominantes", News International de Rupert Murdoch -matriz del diario clausurado-, así como de la falta de decisión de la Policía y el Parlamento para resolver el caso.
El director del "Guardian" apuntó además que, si se concluye que la inacción de las autoridades y la propia prensa derivó de un temor al imperio Murdoch, Leveson debería "hacer recomendaciones en cuanto a propiedad de los medios de comunicación", en el sentido de evitar "perjudiciales" monopolios.
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