Inhabilitan a Vega Pámanes sólo 9 años
Aunque la Comisión de Responsabilidades dictaminó castigarlo hasta por 13 años, la mayoría de diputados le perdonó cuatro años
El Congreso del Estado avaló inhabilitar por nueve años al ex presidente del Poder Judicial en Jalisco, Luis Carlos Vega Pámanes, por haber ocultado sus antecedentes penales y mentir para obtener el nombramiento de magistrado. La decisión se tomó con el voto de 25 diputados, que antes de aprobarla modificaron el acuerdo para reducir la sanción original que proponía la Comisión de Responsabilidades, que era hasta por 13 años. La disminución del castigo fue apoyada, principalmente, por los diputados de los partidos Revolucionario Institucional y Movimiento Ciudadano.
Vega Pámanes no acudió a la sesión plenaria de ayer. Su abogado defensor, Pablo Flores Guerrero, argumentó que el expediente donde se le acusa de mentir sobre sus antecedentes se basó en notas periodísticas y no incluye copia de sentencia. Explicó que se violan sus derechos humanos al estigmatizar a una persona de por vida por haber cometido un delito, por eso impugnarán el castigo.
La diputada Pilar Pérez Chavira, presidenta de la Comisión de Responsabilidades, confió en que no se reviertan las sanciones por la vía judicial. “Una cuestión es lo que dice la defensa y otra lo que está sólidamente en el expediente”.
En la sesión extraordinaria, donde se desahogaron las siete denuncias de juicio político presentadas en su contra, Vega Pámanes acumuló dos sanciones más. La segunda: por considerar que se extralimitó al concesionar el estacionamiento de la Ciudad Judicial, sin tener el comodato del predio y no contar con la autorización del Poder Legislativo, se avaló la inhabilitación por cuatro años. Los legisladores consideraron que el también ex titular del Consejo de la Judicatura incurrió en actos viciados que afectaron al Poder Judicial. En este punto, el abogado defensor declaró que la decisión de concesionar el estacionamiento fue colegiada con los consejeros de la Judicatura y que correspondía al Gobierno del Estado solicitar la autorización del Congreso.
La tercera sanción por seis años de inhabilitación fue por abuso de autoridad por la grabación de una llamada donde Vega Pámanes pidió al ex comisario de seguridad de Guadalajara, Salvador Caro, liberar a dos detenidos. Los legisladores argumentaron que, con su conducta, dañó el funcionamiento de la institución. El defensor descalificó la acusación y añadió que se partió de una prueba ilegal por la grabación de la conversación.
Salvador Caro, quien ahora es coordinador de la fracción de Movimiento Ciudadano, se excusó de participar en la discusión y se salió de la sesión. Los diputados declararon sin materia otras cuatro denuncias presentadas por el mismo asunto de la llamada.
El presidente de la Mesa Directiva, Hugo Contreras, explicó que las tres sanciones impuestas no son acumulables y corren a partir de hoy.
Archivan los diputados 56 denuncias de juicio político
Las denuncias de juicio político que se presentan ante el Congreso del Estado terminan, en su mayoría, archivadas o son consideradas improcedentes. De acuerdo con la información disponible en el sistema de información legislativa (Infolej), en lo que va de la presente Legislatura se han interpuesto 63 denuncias para solicitar que se inicie el proceso de juicio político contra diferentes funcionarios públicos de Jalisco; de este paquete de solicitudes, 23 fueron desechadas, 33 están en revisión en comisiones o pendientes de presentarse ante el pleno, pero no hay fecha para esto. Sólo las siete denuncias de juicio político contra el ex presidente del Poder Judicial, Luis Carlos Vega, llegaron a la etapa final con la incoación del juicio y la resolución de sentencia.
Entre las peticiones desechadas, el pasado 18 de septiembre de 2017, los legisladores desestimaron señalamientos contra el ex fiscal general Eduardo Almaguer y el ex secretario del Trabajo de Jalisco, Héctor Pizano.
En el paquete de procesos rechazados también están cinco denuncias contra el alcalde de Tlajomulco, Alberto Uribe Camacho, y dos contra el ex alcalde de Tonalá y actual diputado Jorge Arana.
Además, se archivaron denuncias contra los presidentes municipales de Zapopan, Tala, Unión de San Antonio y Zapotlanejo.
En la misma jornada, los diputados también rechazaron dictámenes en lo que la Comisión de Responsabilidades proponían iniciar el proceso de juicio político contra el ex alcalde de Ocotlán, Enrique Robledo Sahagún, y el de Tamazula, Francisco Javier Álvarez Chávez.
La diputada Pilar Pérez Chavira, presidenta de la Comisión de Responsabilidades, sostuvo ayer que el órgano legislativo realizó su trabajo en los procesos que se le turnaron y atribuyó a la decisión del pleno no concluir los procesos.
“Habrá que recordar que la comisión ha estudiado más de 40 denuncias de juicio político… y sí hemos presentado dictámenes en los que confirmamos que hay lugar a la incoación, pero corresponde a otra instancia confirmarlos o rechazarlos”.
El titular del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), Aristeo Mejía Durán, también libró en el último momento de un proceso de sanción, pues cumplió con el pago de una indemnización y se declaró el sobreseída una petición en contra.
TELÓN DE FONDO
El caso Vega Pámanes
Un “golpeteo político”. Así calificó la andanada de críticas en su contra el ex titular del Poder Judicial en Jalisco, Luis Carlos Vega Pámanes, después de que Salvador Caro, anterior titular de la Policía de Guadalajara, filtrara el audio de una llamada en el que el primero le solicita que libere a dos personas que fueron arrestadas por esa corporación. Allí inició su debacle.
Para octubre de 2016, la defensa que intentó construir se diluyó. Con cinco solicitudes de juicio político y la presión del gobernador a cuestas, Vega Pámanes terminó por solicitar licencia a su cargo.
Pero antes de que eso ocurriera, el apellido Vega Pámanes llegó a portadas de periódicos nacionales al darse a conocer una noticia que lo relacionaba con un robo de un auto, un enfrentamiento con autoridades y la muerte de la señora María Dolores Guzmán de Salazar, a quien atropelló en su escape, en hechos registrados en junio de 1984.
La Constitución, recordó el gobernador Aristóteles Sandoval, prohíbe un perfil así en el puesto que ocupaba, y el ex presidente del Supremo Tribunal de Justicia se vio obligado a renunciar.
Luego de tomar esa decisión, el ex funcionario escribió un comunicado que dirigió a la opinión pública. Para él, lo que realmente ocurrió fue un “accidente imprudencial” y, tras ello, cubrió la reparación del daño. “De esa dolorosa falta, que a los 20 años cometí, saldé mi cuenta con la justicia. Hay segundas oportunidades y tomé la mía, y hasta el día de hoy, le hago honor a esa decisión”, escribió.
Extrañamente, la carpeta de investigación en la que constaba ese hecho desapareció, y del crimen en el que estuvo relacionado sólo había registros periodísticos. Eduardo Almaguer, entonces fiscal general de Jalisco, recibió la instrucción de su jefe, el gobernador, de investigar cómo, cuándo y por qué razón ocurrió eso. Ayer se solicitó información a la Fiscalía General del Estado para conocer el estatus actual de sus investigaciones, pero no hubo respuesta.
Vega Pámanes escaló en su carrera profesional como pocos. Pasó de ser el chofer y asistente de Oliverio Ramos, el último director de la extinta Federación de Estudiantes de Guadalajara (FEG), a la Dirección de la Policía de Puerto Vallarta, cargo al que llegó apoyado por el fallecido Javier Galván Guerrero, entonces dirigente estatal del PRI.
Luis Carlos no terminó su periodo en la corporación municipal. Cobijado por Galván y Javier Guízar (otro ex presidente del PRI en Jalisco), se convirtió en magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. Y luego se convertiría en presidente del Poder Judicial de Jalisco, en diciembre de 2012.
Sólo proceden en cuatro casos contra funcionarios
En los últimos 10 años sólo cuatro procesos de juicio político han concluido en el Congreso del Estado con sanción a los señalados.
Desde que está vigente la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, por la vía del juicio político se han sancionado a 12 funcionarios públicos, con inhabilitaciones que van de un año hasta los 10.
La polémica ex regidora de Guadalajara, Elisa Ayón Hernández, fue castigada con la destitución del cargo y la inhabilitación por 10 años para ocupar cargos públicos, en marzo de 2014. El castigo contra la también ex legisladora se dio por la acusación de abuso de autoridad y enriquecimiento ilícito, al verificarse falsedad en los datos proporcionados en sus declaraciones patrimoniales.
Ayón Hernández fue juzgada luego de la difusión de un audio donde la regidora confrontaba a empleados de la Dirección de Panteones.
El Congreso remitió copia certificada del expediente a la Fiscalía para que realizara las investigaciones de los presuntos delitos, pero no hay avance en el tema.
Por otra parte, en noviembre de 2007, el ex presidente municipal de Acatlán de Juárez, Remigio García Villegas, fue el primer funcionario sancionado tras un juicio político: se le impusieron seis años por abuso de autoridad, por ordenar la detención indebida de un grupo de personas.
El ex alcalde de Acatlán de Juárez, Edgar Santiago Aviña Mejía, y los ex regidores de ese municipio María de Jesús Villegas Sotelo, Ana Bertha Lara Villegas, Irma Guadalupe García Cabrera, Francisco Reyes Barajas, Eliud Moreno Rodríguez, Marco Antonio Mendoza Flores, Ignacio Mena Ríos y Fernando Ruiz Serrano, fueron inhabilitados con un año tres meses, en noviembre de 2013, por no haber permitido la reincorporación al cargo del entonces regidor Albertico Frías Sánchez. Es considerado como un juicio político contra en el que se incluyen diversos actores.
La sanción aprobada ayer contra el ex magistrado Luis Carlos Vega Pámanes es apenas el cuarto proceso de juicio político que concluyó con sanción tras siete denuncias presentadas durante el año 2016.
Contraloría sanciona a 367 servidores públicos en el periodo 2013-2017
Por actos que van desde no observar buena conducta o no tratar con respeto a sus superiores o inferiores jerárquicos, por no presentar su situación patrimonial, por no cumplir con la máxima diligencia el servicio encomendado y hasta por haber desviado recursos, 367 funcionarios públicos de Jalisco han sido destituidos o inhabilitados por la Contraloría del Estado durante la administración en curso.
De acuerdo con la base de datos de la Contraloría de Jalisco, entre el 4 de marzo de 2013 y el 30 de junio de 2016 comenzaron a aplicarse las sanciones, que van desde los 31 días y hasta los 15 años de inhabilitación en la función pública.
Sin embargo, en este último caso sólo se da cuenta de un castigo aplicado. Fue en contra de Juan Pedro Dávalos Salazar, un trabajador del Consejo de la Judicatura Federal, quien no podrá ejercer de nueva cuenta en el servicio público hasta el año 2028 por “irregularidades en el desempeño de sus funciones”.
En el castigo de 10 años de inhabilitación se da cuenta de 12 ex funcionarios: 11 también trabajaron en el Consejo de la Judicatura Federal. La restante es Elisa Ayón Hernández, la ex regidora del Ayuntamiento de Guadalajara, quien fue inhabilitada por tres mil 653 días (que se cumplen el 6 de marzo de 2024) por irregularidades en el desempeño de sus funciones.
Ella fue señalada durante la administración de Ramiro Hernández por incurrir en presuntos actos de corrupción al interior de la Dirección de Panteones, una investigación que incluso atrajo la Fiscalía del Estado.
Otro de los señalados en los documentos de la Contraloría es Álvaro Córdova Pérez, el ex director del Seguro Popular, quien fuera detenido en febrero de 2015 por señalamientos de desfalco que acumulaban 326.5 millones de pesos, aunque él fue liberado semanas después.
Su nombre figura en cinco ocasiones en el padrón de inhabilitados de la dependencia estatal. Cuenta con una inhabilitación y una sanción pecuniaria por “desviación de recursos que se tengan designados para el desarrollo de las facultades”, que vence el 20 de abril de 2021.
En total, hay ex trabajadores de 51 entidades públicas en la base de datos de la Contraloría, tanto de los Ayuntamientos de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tlajomulco, como del Despacho del Gobernador, la Fiscalía del Estado, las secretarías estatales e incluso la Universidad de Guadalajara. El principal motivo de las sanciones es por no presentar la declaración de situación patrimonial final. Y allí figuran principalmente los policías de las entidades públicas correspondientes.
Las cifras estatales
367 funcionarios sancionados por la Contraloría del Estado en esta administración.
12 de ellos no podrán ocupar un cargo público hasta que se cumpla una década después de aplicada su sanción.
10 años sin poder aspirar a un cargo o trabajar en el servicio público, la sanción aplicada a la ex regidora tapatía Elisa Ayón.
51 entidades públicas, incluyendo Ayuntamientos y la UdeG, están en los registros de la Contraloría.
Urgen reformas
La figura de juicio político se debe modificar para que sea más efectiva y no se utilice como herramienta de chantaje o revancha política, afirmó Francisco Jiménez Reynoso, profesor del Centro Universitario de Ciencias Sociales de la Universidad de Guadalajara.
Explicó que, con las recientes reformas en materia de combate a la corrupción, el proceso debe armonizarse con las nuevas disposiciones en materia de responsabilidades políticas y administrativas.
Señaló que no se puede ocultar que en los casos donde los procesos avanzaron, el factor de negociación política pesó más que las razones jurídicas.
“Lo que tenemos en realidad es muy poca efectividad y prácticamente nulos resultados en el tema de los juicios políticos. Los temas estrictamente jurídicos, como es el caso de enjuiciar a una persona y decretar si es culpable o inocente, lo tendrían que hacer especialistas en la materia y no dejarlo en manos de diputados con estudios muy diversos, con sentimientos muy dispersos… lo que hacen es hacer política”.
Salvador Caro, coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano, negó que el modelo de juicio político esté superado o se utilice sólo como mecanismo de presión, aunque refirió que sí se deben profesionalizar más los órganos técnicos. Apuntó que la figura se debe promover para que sea más utilizada. Y calificó como histórica la sanción contra Vega Pámanes.
El coordinador panista, Miguel Monraz Ibarra, coincidió que se deben revisar posibles ajustes a la figura de juicio político para que sea más eficiente. “Se debe perfeccionar la Ley de servidores públicos para tener elementos desde un inicio sólidos para llevar acabo los procesos. Recordemos que 70% de las denuncias que se presentan no se ratifican”.
Sobre el tema, Hugo Contreras Zepeda, líder de la bancada priista, refirió que es perfectible el esquema del juicio político y se pronunció a favor de privilegiar que avancen las denuncias que sean acompañadas por elementos de prueba sólidos.
“Todo es perfectible, habría que revisarlo y habría que ver los casos donde hay deficiencias, con la disposición de mejorar o fortalecer cualquier procedimiento”.
Inhabilitan a 5 de la Presidencia en el 2017
Durante el 2017, el Órgano Interno de Control de la Secretaría de la Función Pública (SFP) inhabilitó a cinco funcionarios públicos que trabajaban en la Oficina de la Presidencia de la República. A dos les dio un año fuera de la función pública y al resto solamente seis meses, pero todos incumplieron con lo mismo: no presentaron su declaración patrimonial.
En todo el año pasado, la dependencia aplicó 784 inhabilitaciones en todas las dependencias del Gobierno federal. Su padrón no especifica la Entidad Federativa en donde se aplicaron más sanciones, pero sí indica que hay cuatro funcionarios de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que recibieron una sanción en 2017 por “violación a los derechos humanos”.
Hay, además, 14 funcionarios de la Policía Federal castigados por una “negligencia administrativa”, misma sanción que recibió una funcionaria de la Procuraduría General de la República y, a principios de este año, uno más de la Sedena.
En total, las fuerzas de seguridad del Gobierno federal recibieron 75 inhabilitaciones el año pasado (54 de ellos fue por no presentar su declaración patrimonial).
La dependencia federal también aplicó 24 sanciones a trabajadores de nueve dependencias por abuso de autoridad. Entre ellos se cuenta a uno del Instituto Mexicano del Seguro Social y otro más de la Secretaría de Educación Pública.
Por cohecho o extorsión, Misael García, de la Comisión Nacional Forestal, estará vetado del servicio público hasta diciembre de 2022. Pero Marco Antonio Martínez, Daniel Martínez y Mario Alberto Pasillas, todos de la Comisión Federal de Electricidad, podrán aspirar a regresar a un puesto público hasta el 2027.
Esta casa editorial publicó que, las denuncias y sanciones por actos de corrupción que cometieron funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), son una constante.
Según la Secretaría de la Función Pública (SFP), el año pasado se registraron 428 denuncias y 36 procedimientos contra trabajadores de esta institución, que fueron responsables de diversas irregularidades.
Una de ellas fue pedir 15 mil pesos a la propietaria de un bar para no quitarle el servicio de energía eléctrica por causa de un presunto ilícito. Se comprobó que un empleado del establecimiento entregó el monto requerido.
El 2016 no fue la excepción: se documentaron 699 denuncias, pero sólo 18 procedimientos. Entre los motivos que derivaron en el castigo (del que no se especificó si se trató de inhabilitación, suspensión, destitución o sanción) estuvieron contratar parientes y a un proveedor para diversos cursos de capacitación cuya puesta en marcha no pudo comprobarse, pagos excesivos y cambiar indebidamente un tabulador de salarios por otro que contenía ingresos más altos.
De la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), la Función Pública resaltó una sanción contra un elemento que autorizó a un prestador de servicios acudir a un diplomado que costó 46 mil 400 pesos. El beneficiado no tenía derecho, pues no formaba parte de la institución. Se acentúa que el jefe del Departamento de Recursos Humanos del Centro SCT Chiapas recibió castigo porque contrató a un familiar. Se agregó el caso de un elemento que obtuvo beneficios adicionales a las contraprestaciones que el Estado le otorga por 12 mil 982 pesos.
La Policía Federal (PF) también destacó. En 2016 un uniformado solicitó a sus subordinados diversas cantidades de dinero bajo el argumento de que era para el alimento de los “semovientes caninos” de la Unidad Táctica Canina de la División de Gendarmería. A cambio de estas aportaciones, el responsable los dejaría salir a operar.
Función Pública
784 empleados del Gobierno federal fueron sancionados por la Secretaría de la Función Pública sólo en 2017.
5 de ellos trabajaban en la Oficina de Presidencia.
75 funcionarios de la Policía Federal, la Sedena y la PGR fueron inhabilitados el año pasado.
24 empleados de nueve dependencias federales recibieron sanción por abuso de autoridad.
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