Sueldos millonarios

1. El 23 de junio, en el Centro Histórico de Guadalajara ya muy acostumbrado a plantones y manifestaciones, una nueva protesta chocó a burócratas y peatones. En la entrada principal del Palacio Legislativo (la casa del pueblo, corrigieron algunos manifestantes), se sostuvo una enorme manta con una sola palabra en letras mayúsculas y perfectamente legible hasta el otro lado de la Plaza de la Liberación: CLAUSURADO. Los protagonistas de la protesta, indignados por la muy sospechosa y larga discusión entre diputados para definir si el auditor superior de Jalisco, Alonso Godoy Pelayo, se queda o se va después que se asignó 9.8 millones de pesos aparte de su sueldo, entraron al edificio y en las oficinas pegaron calcomanías mucho más pequeñas que la manta pero con una leyenda más larga: “Sala clausurada por ineficiencia del diputado. Se reabrirá hasta que sea capaz de representar los intereses ciudadanos”. No pocos diputados se sintieron molestos, atacados. Incluso el panista Abraham González Uyeda tuvo un intercambio diríase poco cordial con uno de los quejosos en la calle. Horas más tarde, el mismo diputado presentó una iniciativa para cambiar la forma como se elige al auditor. Faltan dos cosas: que se apruebe el cambio legal, y que eso sea suficiente para todas las personas que antes de ese día y con más vehemencia después del mismo, exigen la salida de Godoy Pelayo en redes sociales y en todos los espacios que escapan a los designios de los tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Pero sigue pendiente el tema de fondo: ¿Qué decidirán los diputados jaliscienses sobre el auditor superior después que los hechos lo condenan ante la ciudadanía, a pesar de que sus acciones —ahora resulta— pudieron estar apegadas a Derecho? 2. Este mismo mes, el día 2, los consejeros electorales se dieron un aumento de sueldo. El presidente del Instituto Electoral y cabeza de los consejeros, Tomás Figueroa Padilla, reconoció el alza salarial, pero subrayó que en la práctica no ganarían más porque ahora sí pagarían impuestos. ¡Antes había un subsidio para que sus impuestos fueran cubiertos por el erario! Al paso de los días se comprobó que los propios consejeros aprobaron el aumento y éste rebasó el 20%. Ganan, ya descontados los impuestos, más de 100 mil pesos al mes. Sencillamente, los consejeros electorales tomaron la vía más directa para no perder un solo centavo, aunque sea en la muy cívica e impopular aportación a las arcas públicas. Los dos hechos anteriores: el cálculo político de diputados para no echar del cargo a un funcionario que hace fortuna con dinero público, y la complicidad de los consejeros electorales para mantener privilegios económicos que ofenden a la mayoría, son inexplicables para la gente común. Son actos abusivos, inmorales, a los ojos de las personas, aunque sean muy legales. Así de simple.

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