La danza de los magistrados
Uno de los momentos que con mayor hambre esperan los legisladores cada trienio es el del reparto de puestos y ratificación de magistrados. Pocos actos de los diputados tienen tanto efecto social como la elección o ratificación de los titulares del Poder Judicial, particularmente los del Tribunal de lo Administrativo, pues eso tarde o temprano termina influyendo en las vidas de todos y cada uno de nosotros. La construcción de un edificio fuera de norma, el permiso de una gasolinera, la parálisis de una obra pública, tienen, para bien o para mal, su origen en este tribunal. Por supuesto que las decisiones son positivas o negativas dependiendo del lado del cristal del que se mire; lo cierto es que en casi todas gana un particular y pierde la ciudad.
Las primeras veces que los diputados tuvieron que ratificar o destituir magistrados lo hicieron con toda la saña o la voracidad imaginable: corrían a todos, nombraban a sus cuates y luego de controversias constitucionales terminaban perdiendo los juicios con un costo terrible para el erario, pues no sólo había que reinstalar al quejoso sino pagarle salarios caídos. Ningún diputado tuvo castigo alguno por aquellas pifias, pero aprendieron que la Corte permite que un magistrado sea destituido sólo cuando hay razones objetivas, esto es: cuando la mayoría de sus sentencias son revisadas en forma contraria por un tribunal federal.
El criterio tiene la ventaja de que por lo menos sabemos de qué va la cosa, aunque cuando se trata de números igual vale una sentencia de revocación de una multa de tránsito que una licencia de construcción, en el caso de los magistrados del Tribunal de lo Administrativo, o de una sentencia de poca monta o de liberación de un preso de alta peligrosidad, en el caso de un magistrado de una sala penal.
Pero el problema ya no está ahí, sino en que la ratificación de magistrados se la reparten entre las fracciones que entran al juego (en este caso el grupo de “los nueve y descontando” quedó fuera de la jugada) y ellos son los que deciden quién y cómo. Pero lo peor es que, dicen las malas lenguas (que serán malas pero no mal informadas), la ratificación de diputados se ha convertido en un negocio para los diputados que pasan charolazo a quienes quieren ser ratificados o electos. No hay manera de probarlo, aunque sabemos que en el Congreso todo puede suceder y lo peor casi siempre sucede. Pensando lo mejor, lo mínimo es la creación de lazos de dependencia, favores que se cobran con favores en detrimento de la justicia.
Urge, pues, encontrar nuevos mecanismos de elección y ratificación en el Poder Judicial. Como está ahora, la danza de los magistrados no sólo es indigna para quienes buscan ser justamente ratificados, sino una gran veta de corrupción de ida y vuelta.