Entretenimiento
Tribunal revoca suspensión a ''Presunto culpable''
El Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa dice que la sociedad está interesada en que sea respetado el derecho a la información
- Senado interviene en controversia
sobre “Presunto Culpable”
- Defienden en Suprema Corte
a la juez que suspendió ''Presunto culpable''
- Retiran de cartelera el documental ''Presunto culpable''
CIUDAD DE MÉXICO (08/MAR/2011).- Un tribunal federal revocó la suspensión provisional que había dictado una juez para ordenar la interrupción de la proyección del documental "Presunto culpable", luego de revisar la resolución de la juez Blanca Lobo Domínguez.
El Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa consideró que se tenía que revocar la suspensión tras estimar que, en esencia, el suspender la proyección del documental causa perjuicio al interés social y contraviene la disposición del orden público, pues la sociedad está interesada en que sea respetado el derecho a la información.
Por unanimidad de votos, los magistrados integrantes de este órgano jurisdiccional Clementina Flores Suárez, Ema Margarita Guerrero y Rubén Pedrero consideraron que el derecho a la información goza de una vertiente pública, colectiva o institucional que lo convierte en pieza básica para el adecuado funcionamiento de la sociedad democrática.
En su resolución puntualizaron que el derecho a la información tiene una doble faceta, que exige no sólo que los individuos no vean impedida la posibilidad de manifestarse libremente, sino también que se respete su derecho como miembros de un colectivo a recibir información y a conocer la expresión del pensamiento ajeno.
Agregaron que la actividad cinematográfica nacional, "por su sentido social, es un vehículo de expresión artística y educativa y constituye una actividad cultural primordial, lo que se traduce en una actividad de interés social por expresar la cultura mexicana y contribuir a fortalecer los vínculos de identidad nacional entre los diferentes grupos que la conforman".
Los magistrados subrayaron que el Estado debe fomentar su desarrollo para cumplir su función de favorecer la composición pluricultural de la nación mexicana, al emitir su fallo respecto de los recursos promovidos por Operadora Comercial de Desarrollo, Layda María Esther Negrete Sansores y el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).
La juez décimo segunda de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, Blanca Lobo Domínguez, solicitó la suspensión provisional de la exhibición la semana pasada, debido a un amparo interpuesto contra su difusión.
Apenas ayer la Dirección General de Radio y Televisión (RTC) había notificado a Cinépolis que se suspendió la autorización para exhibir las 200 copias que se distribuyeron en el país de la película que expone el caso de Antonio Zúñiga, quien fue condenado a 20 años de prisión por un homicidio que no cometió.
"Toño", un vendedor que llevaba dos años en prisión, recibió el apoyo de abogados para apelar su caso, quienes, cámara en mano, revelaron actos de corrupción en el sistema judicial y lograron la puesta en libertad del joven.
Víctor Daniel Reyes Bravo, testigo de cargo en el caso que dio origen a este trabajo cinematográfico, promovió un juicio de amparo en contra de la autorización emitida por la RTC.
Con información de El Universal y NTX
sobre “Presunto Culpable”
- Defienden en Suprema Corte
a la juez que suspendió ''Presunto culpable''
- Retiran de cartelera el documental ''Presunto culpable''
CIUDAD DE MÉXICO (08/MAR/2011).- Un tribunal federal revocó la suspensión provisional que había dictado una juez para ordenar la interrupción de la proyección del documental "Presunto culpable", luego de revisar la resolución de la juez Blanca Lobo Domínguez.
El Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa consideró que se tenía que revocar la suspensión tras estimar que, en esencia, el suspender la proyección del documental causa perjuicio al interés social y contraviene la disposición del orden público, pues la sociedad está interesada en que sea respetado el derecho a la información.
Por unanimidad de votos, los magistrados integrantes de este órgano jurisdiccional Clementina Flores Suárez, Ema Margarita Guerrero y Rubén Pedrero consideraron que el derecho a la información goza de una vertiente pública, colectiva o institucional que lo convierte en pieza básica para el adecuado funcionamiento de la sociedad democrática.
En su resolución puntualizaron que el derecho a la información tiene una doble faceta, que exige no sólo que los individuos no vean impedida la posibilidad de manifestarse libremente, sino también que se respete su derecho como miembros de un colectivo a recibir información y a conocer la expresión del pensamiento ajeno.
Agregaron que la actividad cinematográfica nacional, "por su sentido social, es un vehículo de expresión artística y educativa y constituye una actividad cultural primordial, lo que se traduce en una actividad de interés social por expresar la cultura mexicana y contribuir a fortalecer los vínculos de identidad nacional entre los diferentes grupos que la conforman".
Los magistrados subrayaron que el Estado debe fomentar su desarrollo para cumplir su función de favorecer la composición pluricultural de la nación mexicana, al emitir su fallo respecto de los recursos promovidos por Operadora Comercial de Desarrollo, Layda María Esther Negrete Sansores y el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).
La juez décimo segunda de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, Blanca Lobo Domínguez, solicitó la suspensión provisional de la exhibición la semana pasada, debido a un amparo interpuesto contra su difusión.
Apenas ayer la Dirección General de Radio y Televisión (RTC) había notificado a Cinépolis que se suspendió la autorización para exhibir las 200 copias que se distribuyeron en el país de la película que expone el caso de Antonio Zúñiga, quien fue condenado a 20 años de prisión por un homicidio que no cometió.
"Toño", un vendedor que llevaba dos años en prisión, recibió el apoyo de abogados para apelar su caso, quienes, cámara en mano, revelaron actos de corrupción en el sistema judicial y lograron la puesta en libertad del joven.
Víctor Daniel Reyes Bravo, testigo de cargo en el caso que dio origen a este trabajo cinematográfico, promovió un juicio de amparo en contra de la autorización emitida por la RTC.
Con información de El Universal y NTX
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