Un senador del PRI intercede por los defraudados de Standford
El PRI pide que la Comisión de Hacienda del Senado se reúna con la CNBV, para analizar el caso
CIUDAD DE MÉXICO.- El senador José Eduardo Calzada Rovirosa (PRI) intercedió por víctimas del fraude del grupo financiero estadounidense Stanford Internacional Bank para que la Comisión de Hacienda del Senado se reúna con Guillermo Babatz, presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), para analizar el caso y sus posibles vertientes jurídicas.
El legislador por Querétaro informó lo anterior, luego de que recibió el martes a un grupo de afectados por Stanford encabezados por Karina Klinckwot.
La entrevista con integrantes de la CNBV "sería por medio del senador Calzada Rovirosa, no sé cuándo pero estamos en espera de la intervención del senador", dijo Karina Klinckwot.
Por su parte, el legislador del PRI dijo que el grupo de personas lo contactó para pedirle su apoyo.
"Solicitaron mi apoyo y de los integrantes de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Senadores (de la que Calzada es miembro), para poder tender un puente con la autoridad, con la CNBV", dijo Calzada.
El legislador priista dijo que "ellos me comentan que no han recibido atención por parte de la autoridad, de tal suerte que nosotros en esta fase queremos acercar a las partes para que les informen a los defraudados sobre el mecanismo jurídico y la posición del gobierno federal con respecto a este fraude".
José Isabel Trejo (PAN), presidente de la Comisión de Hacienda, precisó que entrará en contacto con la oficina de Babatz para reunirse, lo cual esperan que ocurra la próxima semana.
Calzada Rovirosa dijo que espera se dilucide qué caminos jurídicos pueden tener los afectados.
"Sin duda yo voy a establecer comunicación con las autoridades para que se les atienda a estas personas y se les explique qué se puede hacer".
Una parte de los ahorradores mexicanos defraudados por Stanford contrataron sus inversiones en el país.
Empleados de Stanford Fondos, que tiene licencia para operar en territorio nacional, ofrecieron a los depositantes invertir sus recursos en certificados de depósitos en paraísos fiscales como Antigua, a cambio de un rendimiento superior a 8%.