Economía
Siete de cada 10 tapatíos aceptan haber comprado productos apócrifos
La oficina de Occidente del IMPI, a la que pertenece Jalisco, es la que concentra un mayor número de servicios para la protección de la propiedad industrial a nivel nacional
GUADALAJARA, JALISCO (20/SEP/2013).- La oferta de productos apócrifos o “piratas” se puede encontrar a la vuelta de la esquina, y aún más cuando se instala un tianguis de cuadras y cuadras de extensión, y eso es aprovechado por los tapatíos quienes tienen el ¿honroso? cuarto puesto en la compra de “piratería”, según la Encuesta de Hábitos de Consumo 2013, del Instituto Mexicano de Propiedad Industrial (IMPI); ya que 6.4 de cada 10 han solicitado mercancías ilegales.
En el estudio se erige a Toluca, Estado de México, como la población que más piratería adquiere, ya que siete de cada 10 encuestados han comprado estos productos; en segundo está la capital de Querétaro con 6.7 de cada 10, y en tercero Oaxaca con 6.6 de cada 10. En la encuesta se consideraron también Tijuana, Baja California, y Villahermosa, Tabasco.
Y aunque poco más de la mitad de los encuestados en Guadalajara afirmó conocer el concepto de propiedad intelectual (invenciones de la mente), el subdirector divisional de infracciones administrativas en materia de comercio del IMPI, Román Iglesias Sánchez, asegura que información no hace falta, sobre todo en las empresas; enfatiza que el problema es conocer los “derechos de propiedad intelectual”.
“Por qué lo hacen, es una pregunta difícil de responder, es como porqué se compran discos piratas. (...) El pretexto de que es más barato no es justificante, debemos concientizarnos del daño que le hacemos a los autores”.
El IMPI está facultado para realizar investigaciones, ordenar visitas de inspección y pedir informes y datos. Las inspecciones se originan de oficio, es decir, pueden realizarlas sin tener un señalamiento contra una empresa o negocio.
La oficina de Occidente del Instituto, a la que pertenece Jalisco, es la que concentra un mayor número de servicios para la protección de la propiedad industrial a nivel nacional con 625 en los últimos cinco años. El año pasado se registró la mayor cantidad con 138; hasta junio del presente, van 86.
Iglesias Sánchez señaló al respecto que en cerca de la quinta parte de las inspecciones se levanta una infracción por el uso o compra de productos apócrifos; sin embargo, la mayoría terminan en conciliación entre la empresa afectada y la sancionada.
“Una empresa que utiliza un producto ilegal sabe lo que está haciendo. A lo mejor un ciudadano, no dimensiona el daño que le hace a una empresa”.
Las sanciones de propiedad intelectual (por no pagar regalías) pueden llegar al millón 227 mil pesos, y en materia de comercio (piratería) a los dos millones 500 mil.
Al participar en el seminario “implicaciones técnicas, legales y económicas del uso ilegal de software”, en la Universidad Panamericana, invitó a que las empresas y ciudadanos respeten la propiedad intelectual, y “si tienen una marca deben registrarla. Nosotros registramos marcas y las protegemos”.
FICHA TÉCNICA
Las acciones
Como resultado de las acciones de combate contra la piratería, el IMPI ha realizado 978 visitas de inspección a petición de empresas y de oficio en lo que va del año hasta mitad de año.
Han asegurado un total de mil 159 productos.
Han aplicado 92 multas en soluciones de declaración administrativa de derechos de autor y visitas de oficio, equivalentes a 18 millones 249 mil 10 pesos.
En el estudio se erige a Toluca, Estado de México, como la población que más piratería adquiere, ya que siete de cada 10 encuestados han comprado estos productos; en segundo está la capital de Querétaro con 6.7 de cada 10, y en tercero Oaxaca con 6.6 de cada 10. En la encuesta se consideraron también Tijuana, Baja California, y Villahermosa, Tabasco.
Y aunque poco más de la mitad de los encuestados en Guadalajara afirmó conocer el concepto de propiedad intelectual (invenciones de la mente), el subdirector divisional de infracciones administrativas en materia de comercio del IMPI, Román Iglesias Sánchez, asegura que información no hace falta, sobre todo en las empresas; enfatiza que el problema es conocer los “derechos de propiedad intelectual”.
“Por qué lo hacen, es una pregunta difícil de responder, es como porqué se compran discos piratas. (...) El pretexto de que es más barato no es justificante, debemos concientizarnos del daño que le hacemos a los autores”.
El IMPI está facultado para realizar investigaciones, ordenar visitas de inspección y pedir informes y datos. Las inspecciones se originan de oficio, es decir, pueden realizarlas sin tener un señalamiento contra una empresa o negocio.
La oficina de Occidente del Instituto, a la que pertenece Jalisco, es la que concentra un mayor número de servicios para la protección de la propiedad industrial a nivel nacional con 625 en los últimos cinco años. El año pasado se registró la mayor cantidad con 138; hasta junio del presente, van 86.
Iglesias Sánchez señaló al respecto que en cerca de la quinta parte de las inspecciones se levanta una infracción por el uso o compra de productos apócrifos; sin embargo, la mayoría terminan en conciliación entre la empresa afectada y la sancionada.
“Una empresa que utiliza un producto ilegal sabe lo que está haciendo. A lo mejor un ciudadano, no dimensiona el daño que le hace a una empresa”.
Las sanciones de propiedad intelectual (por no pagar regalías) pueden llegar al millón 227 mil pesos, y en materia de comercio (piratería) a los dos millones 500 mil.
Al participar en el seminario “implicaciones técnicas, legales y económicas del uso ilegal de software”, en la Universidad Panamericana, invitó a que las empresas y ciudadanos respeten la propiedad intelectual, y “si tienen una marca deben registrarla. Nosotros registramos marcas y las protegemos”.
FICHA TÉCNICA
Las acciones
Como resultado de las acciones de combate contra la piratería, el IMPI ha realizado 978 visitas de inspección a petición de empresas y de oficio en lo que va del año hasta mitad de año.
Han asegurado un total de mil 159 productos.
Han aplicado 92 multas en soluciones de declaración administrativa de derechos de autor y visitas de oficio, equivalentes a 18 millones 249 mil 10 pesos.
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