Economía
Reservas territoriales, motor de vivienderas
La falta de conectividad y de servicios en los complejos inmobiliarios fue la principal causa de la actual crisis, considera
CIUDAD DE MÉXICO (15/AGO/2013).- La recuperación del mercado hipotecario de las grandes desarrolladoras debe ser impulsada por políticas públicas y privadas que aceleren el desarrollo de las zonas donde se ubican las reservas territoriales, propone BBVA Bancomer en un análisis económico sobre las empresas públicas de vivienda.
Ante la posibilidad de que caigan en insolvencia, las vivienderas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) podrían beneficiarse de políticas públicas que les permitan adaptarse a la reconfiguración del mercado, caracterizada por una moderación en la oferta de extensos desarrollos horizontales y el margen de expansión que tendrán las empresas medianas y grandes no públicas mientras cuenten con liquidez.
El estudio detalla que uno de los motivos de la crisis que hoy afecta a las vivienderas públicas es la caída en la demanda y la pérdida del valor de sus reservas, pues la falta de conectividad y el acceso a servicios generaron insatisfacción en el mercado, al tiempo que el gobierno modificó los requisitos de ubicación para la entrega de subsidios con orientación de desarrollo.
Por lo anterior, “podría pensarse en la participación del sector público y el privado para consolidar, en un horizonte de mediano y largo plazo, los centros urbanos que actualmente se encuentran a medio desarrollo”, expresa el análisis.
Marco de acción local
Dichas políticas dependen principalmente de los gobiernos municipales, según Eduardo Torres, economista senior de BBVA Bancomer. “El gobierno federal tiene un diagnóstico de lo que ocurre en el país pero tiene una capacidad limitada de intervenir en las decisiones de desarrollo urbano que competen a las autoridades locales”, detalló el especialista, en entrevista para El Economista.
De acuerdo con la institución, tan sólo el traslado del DF a los municipios conurbados, donde se ubican algunos desarrollos habitacionales, equivale en un mes a más de la mitad del pago de una hipoteca.
Con base en la experiencia de los desarrollos urbanos integrales y sustentables, el desarrollo de los municipios donde se ubican reservas habitacionales debe correr a cargo de las mismas vivienderas; otras empresas privadas deben contribuir con la construcción de áreas comerciales y oficinas, y el gobierno, mediante la banca de desarrollo, podría impulsar la inversión en infraestructura y servicios.
La medida es indispensable, dado que la adquisición de reservas partió de una estimación positiva de crecimiento. Sin embargo, entre el 2006 y el 2009, una de cada cuatro viviendas colocadas por el Infonavit estaba deshabitada, en la gran mayoría de los casos, por problemas de ubicación, refiere BBVA.
LAS CIFRAS
85% cayó el índice de capitalización de GEO, URBI y Homex en el primer semestre del año, de acuerdo con Eduardo Torres, economista senior de BBVA Bancomer.
35% de los créditos otorgados por el Infonavit en el 2012 fue para vivienda usada, luego de que cinco años antes, en el 2007, la proporción era de 17 por ciento.
Ana María Rosas y Manuel Lombera
valores@eleconomista.mx
EL ECONOMISTA
Ante la posibilidad de que caigan en insolvencia, las vivienderas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) podrían beneficiarse de políticas públicas que les permitan adaptarse a la reconfiguración del mercado, caracterizada por una moderación en la oferta de extensos desarrollos horizontales y el margen de expansión que tendrán las empresas medianas y grandes no públicas mientras cuenten con liquidez.
El estudio detalla que uno de los motivos de la crisis que hoy afecta a las vivienderas públicas es la caída en la demanda y la pérdida del valor de sus reservas, pues la falta de conectividad y el acceso a servicios generaron insatisfacción en el mercado, al tiempo que el gobierno modificó los requisitos de ubicación para la entrega de subsidios con orientación de desarrollo.
Por lo anterior, “podría pensarse en la participación del sector público y el privado para consolidar, en un horizonte de mediano y largo plazo, los centros urbanos que actualmente se encuentran a medio desarrollo”, expresa el análisis.
Marco de acción local
Dichas políticas dependen principalmente de los gobiernos municipales, según Eduardo Torres, economista senior de BBVA Bancomer. “El gobierno federal tiene un diagnóstico de lo que ocurre en el país pero tiene una capacidad limitada de intervenir en las decisiones de desarrollo urbano que competen a las autoridades locales”, detalló el especialista, en entrevista para El Economista.
De acuerdo con la institución, tan sólo el traslado del DF a los municipios conurbados, donde se ubican algunos desarrollos habitacionales, equivale en un mes a más de la mitad del pago de una hipoteca.
Con base en la experiencia de los desarrollos urbanos integrales y sustentables, el desarrollo de los municipios donde se ubican reservas habitacionales debe correr a cargo de las mismas vivienderas; otras empresas privadas deben contribuir con la construcción de áreas comerciales y oficinas, y el gobierno, mediante la banca de desarrollo, podría impulsar la inversión en infraestructura y servicios.
La medida es indispensable, dado que la adquisición de reservas partió de una estimación positiva de crecimiento. Sin embargo, entre el 2006 y el 2009, una de cada cuatro viviendas colocadas por el Infonavit estaba deshabitada, en la gran mayoría de los casos, por problemas de ubicación, refiere BBVA.
LAS CIFRAS
85% cayó el índice de capitalización de GEO, URBI y Homex en el primer semestre del año, de acuerdo con Eduardo Torres, economista senior de BBVA Bancomer.
35% de los créditos otorgados por el Infonavit en el 2012 fue para vivienda usada, luego de que cinco años antes, en el 2007, la proporción era de 17 por ciento.
Ana María Rosas y Manuel Lombera
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