Economía

Proponen vía para optimizar el gasto

A partir de evaluar el proceso presupuestal, la OCDE ofreció un plan para que en México se trabaje por resultados

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GUADALAJARA, JALISCO
.- El secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos ( OCDE), José Ángel Gurría, entregó ayer al Gobierno mexicano una propuesta general de planeación, gestión y evaluación del gasto público con visión de Estado y de largo plazo.

Titulado Estudio de la OCDE sobre el proceso presupuestario en México, el documento, de 170 páginas que ya puede leerse por internet, ofrece una valoración general de cómo se planean y gestionan los recursos públicos en el país. Se trata, en otras palabras, de una ruta de progreso para México.

En su oportunidad, el Presidente Felipe Calderón aseguró que debe ser posible monitorear cada peso recaudado por el esfuerzo de los mexicanos, “desde que entra a las arcas públicas hasta que sale de las mismas a través del gasto público”.

“Basta de opacidad y de derroche en el gasto de amplísimos recursos que se destinan a materias que, en ocasiones, no son las sustanciales. El pueblo, la ciudadanía, no merece simulaciones o regateos para transparentar el destino de los recursos, que son de todos los mexicanos”, concluyó Calderón.

Las recomendaciones

1. Desempeño fiscal y retos a enfrentar. México ha avanzado sustancialmente en el último decenio; sin embargo, es conveniente profundizar en este proceso de reformas para avanzar en alcanzar los objetivos nacionales en el largo plazo.

2. Formulación del presupuesto. El proceso dentro de la Secretaría de Hacienda es adecuado, aunque se registra sobrecarga de trabajo y la necesidad de una entidad independiente de evaluación de avances. Es recomendable establecer un marco de referencia de mediano plazo en la elaboración presupuestal anual, establecer topes con criterios flexibles, definir metas de empleo a mediano plazo, buscar financiamientos multianuales y mejorar la presentación del presupuesto.

3. Aprobación del presupuesto y la función del Congreso. El abandono de un formato unipartidista de Gobierno en México ha ayudado, lo que ha propiciado que el Congreso adquiera capacidades técnicas para participar en este proceso. Es conveniente que el Congreso se involucre con la Administración gubernamental en el trabajo conjunto de planeación, ejecución y evaluación del gasto, instituir un comité asesor informal que apoye la reforma hacendaria, que el Gobierno y el Congreso acaten la normativa constitucional con mayor rigor, que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) genere información más accesible y clara, y que el Congreso reciba los resultados de auditorías del gasto de forma oportuna.

4. Ejecución del presupuesto y gestión financiera. México ha avanzado en esta materia; ahora es clave la mejora de la gestión pública. Se recomienda analizar la flexibilidad de ejecución del gasto para mejorar la discreción, generar expectativas realistas, que los dictámenes de la ASF lleguen adecuadamente al Congreso, que las entidades internas en cada dependencia dedicadas a seguir la función pública no sólo elaboren auditorías, sino que promuevan mejoras; evaluar la ejecución de la Ley del Servicio Profesional de Carrera, que data de 2003, para formular mejoras de aplicación; mejorar las reglas y ampliar la calificación del personal con base en su desempeño y sus resultados.

5. Mejorar la rendición de cuentas para la obtención de resultados. Reformas de presupuestación y gestión con base en el desempeño. El esfuerzo lleva 15 años, y es positivo. Ahora se recomienda mejorar significativamente la coordinación entre instituciones gubernamentales, establecer un consejo coordinador de los esfuerzos de vinculación, elaboración oportuna de informes, establecer un “sistema de semáforos” ya utilizado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) en la calificación de resultados del desempeño, clarificar los lineamientos para elaboración y uso de indicadores, intensificación de la participación en este esfuerzo de todas las secretarías de Estado, institucionalizar la evaluación del desempeño, vinculándolo con estímulos, y fincar un desarrollo gradual y por etapas de este esfuerzo gubernamental.
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