Economía
Policía brasileña allana casa de ex presidente por caso Petrobras
Fernando Collor de Mello calificó de invasiva y arbitraria la operación, que a su juicio busca alimentar el clima de terror
BRASILIA, BRASIL (14/JUL/2015).- La Policía brasileña allanó el martes la vivienda del ex presidente y actual senador Fernando Collor de Mello (1990-92), en el marco de una gigantesca operación en varios estados para buscar pruebas en la causa de corrupción en la estatal
Petrobras.
Los 53 procedimientos fueron autorizados por la Corte Suprema, responsable de juzgar los casos que involucran a políticos con cargos vigentes, en la trama delictiva que le costó más de dos mil millones de dólares en pérdidas a la petrolera.
"Las medidas son necesarias para el esclarecimiento de los hechos investigados en el ámbito del Supremo Tribunal Federal, siendo que algunas son para garantizar la aprehensión de bienes adquiridos mediante una posible práctica delictiva y otras para resguardar pruebas relevantes que podrían ser destruidas en caso de no ser incautadas", dijo el procurador de la República, Rodrigo Janot, en un comunicado.
Collor, que renunció a la presidencia poco antes de que el Congreso votara su destitución por corrupción, calificó de "invasiva y arbitraria" la operación, que a su juicio busca "alimentar el clima de terror y persecución para intimidar a futuros testigos", según un comunicado de su defensa divulgado en su cuenta de Twitter.
"La medida invasiva explica los tiempos en que vivimos, en que un estado policial procura imponerse menoscabando las garantías individuales, ya sea un ex presidente, un senador de la república o un
simple ciudadano", añadió.
Los allanamientos se realizaron tanto en su residencia en Brasilia como en la de Alagoas (noreste), estado que representa en el Senado.
Durante la operación en la capital fueron incautados tres autos de lujo, un Ferrari, un Lamborghini y un Porsche, que según la prensa pertenecen al senador.
"Abuso de poder"
La búsqueda de pruebas fue realizada por unos 250 policías y alcanzó también al senador Ciro Nogueira y al diputado Eduardo da Fonte, ambos del Partido Progresista (PP, aliado del gobierno), y al senador opositor Fernando Bezerra (PSB).
Los allanamientos se realizaron en seis estados y la capital, Brasilia, y los procesos están bajo secreto de sumario.
El abogado general del Senado, Alberto Cascais, dijo que hubo "abuso de poder" por parte de la Policía Federal, que según dijo no mostró al entrar una orden de allanamiento.
"Esto es injerencia, esto aquí no es una residencia particular, esto aquí es una residencia oficial" y "la policía, al entrar a un inmueble del Senado, entiendo que incurre en una ilegalidad.
La fiscalía respondió en una nota que los inmuebles "funcionales al Senado" no son consideradas una extensión del parlamento, ya que no son de libre acceso a todos los ciudadanos, como sí lo son las instalaciones del Congreso.
El Ministerio Público añadió que "no hubo ninguna irregularidad" en la operación.
Las investigaciones del llamado "Petrolao" pusieron en la mira de la justicia a 13 senadores, 22 diputados y dos gobernadores en funciones de seis partidos políticos distintos. La mayoría de los delitos investigados son fraude, lavado de dinero, desvío de fondos al exterior y organización delictiva.
La gigantesca red de corrupción que se enquistó en Petrobras durante una década fue revelada en la llamada "Operación Lava Jato" (lavadero de autos), que echó luz sobre una confabulación de empresarios, directivos de la petrolera y políticos, que alcanzó de lleno al oficialista Partido de los Trabajadores (PT, izquierda) y dejó en una situación delicada al gobierno de la presidenta Dilma Rousseff.
Por esta causa están detenidos cuatro ex directivos de Petrobras, varios de los más encumbrados empresarios de la construcción del país, como los presidentes de Odebrecht y Andrade Gutierrez, y el ahora ex tesorero del gobernante PT, Joao Vaccari, quien es acusado de haber sido el articulador financiero del partido de Rousseff en la trama.
Las permanentes revelaciones del caso se basan en testimonios de investigados que colaboran con la justicia a cambio de una reducción en sus condenas.
En una reciente gira por Estados Unidos, Rousseff negó haber recibido fondos ilegales de Petrobras para su campaña de 2014, luego de que se filtrara a la prensa el supuesto testimonio de un empresario involucrado en el escándalo, que habría relatado cómo financió "campañas al margen de la ley".
Los 53 procedimientos fueron autorizados por la Corte Suprema, responsable de juzgar los casos que involucran a políticos con cargos vigentes, en la trama delictiva que le costó más de dos mil millones de dólares en pérdidas a la petrolera.
"Las medidas son necesarias para el esclarecimiento de los hechos investigados en el ámbito del Supremo Tribunal Federal, siendo que algunas son para garantizar la aprehensión de bienes adquiridos mediante una posible práctica delictiva y otras para resguardar pruebas relevantes que podrían ser destruidas en caso de no ser incautadas", dijo el procurador de la República, Rodrigo Janot, en un comunicado.
Collor, que renunció a la presidencia poco antes de que el Congreso votara su destitución por corrupción, calificó de "invasiva y arbitraria" la operación, que a su juicio busca "alimentar el clima de terror y persecución para intimidar a futuros testigos", según un comunicado de su defensa divulgado en su cuenta de Twitter.
"La medida invasiva explica los tiempos en que vivimos, en que un estado policial procura imponerse menoscabando las garantías individuales, ya sea un ex presidente, un senador de la república o un
simple ciudadano", añadió.
Los allanamientos se realizaron tanto en su residencia en Brasilia como en la de Alagoas (noreste), estado que representa en el Senado.
Durante la operación en la capital fueron incautados tres autos de lujo, un Ferrari, un Lamborghini y un Porsche, que según la prensa pertenecen al senador.
"Abuso de poder"
La búsqueda de pruebas fue realizada por unos 250 policías y alcanzó también al senador Ciro Nogueira y al diputado Eduardo da Fonte, ambos del Partido Progresista (PP, aliado del gobierno), y al senador opositor Fernando Bezerra (PSB).
Los allanamientos se realizaron en seis estados y la capital, Brasilia, y los procesos están bajo secreto de sumario.
El abogado general del Senado, Alberto Cascais, dijo que hubo "abuso de poder" por parte de la Policía Federal, que según dijo no mostró al entrar una orden de allanamiento.
"Esto es injerencia, esto aquí no es una residencia particular, esto aquí es una residencia oficial" y "la policía, al entrar a un inmueble del Senado, entiendo que incurre en una ilegalidad.
La fiscalía respondió en una nota que los inmuebles "funcionales al Senado" no son consideradas una extensión del parlamento, ya que no son de libre acceso a todos los ciudadanos, como sí lo son las instalaciones del Congreso.
El Ministerio Público añadió que "no hubo ninguna irregularidad" en la operación.
Las investigaciones del llamado "Petrolao" pusieron en la mira de la justicia a 13 senadores, 22 diputados y dos gobernadores en funciones de seis partidos políticos distintos. La mayoría de los delitos investigados son fraude, lavado de dinero, desvío de fondos al exterior y organización delictiva.
La gigantesca red de corrupción que se enquistó en Petrobras durante una década fue revelada en la llamada "Operación Lava Jato" (lavadero de autos), que echó luz sobre una confabulación de empresarios, directivos de la petrolera y políticos, que alcanzó de lleno al oficialista Partido de los Trabajadores (PT, izquierda) y dejó en una situación delicada al gobierno de la presidenta Dilma Rousseff.
Por esta causa están detenidos cuatro ex directivos de Petrobras, varios de los más encumbrados empresarios de la construcción del país, como los presidentes de Odebrecht y Andrade Gutierrez, y el ahora ex tesorero del gobernante PT, Joao Vaccari, quien es acusado de haber sido el articulador financiero del partido de Rousseff en la trama.
Las permanentes revelaciones del caso se basan en testimonios de investigados que colaboran con la justicia a cambio de una reducción en sus condenas.
En una reciente gira por Estados Unidos, Rousseff negó haber recibido fondos ilegales de Petrobras para su campaña de 2014, luego de que se filtrara a la prensa el supuesto testimonio de un empresario involucrado en el escándalo, que habría relatado cómo financió "campañas al margen de la ley".
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