Los defraudados por Ficrea luchan contra la opacidad
Abogados de los agraviados acusan al interventor, síndico y a la CNBV por la falta de transparencia
GUADALAJARA, JALISCO (14/NOV/2016).- A dos años de que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) intervino a la sociedad financiera Ficrea por lavado de dinero y fraude, los ahorradores aún son víctimas, pero ahora de las autoridades, acusó Jesús Ángel Guerra Méndez, socio de Guerra González y Asociados, litigante de los afectados, quien señala que el proceso legal se lleva en total opacidad.
El despacho representa a aproximadamente 300 personas defraudadas, la mayor parte de la tercera edad, quienes aún no tienen la oportunidad de recuperar su patrimonio. Esta acción llevó a los abogados a demandar a las autoridades para que paguen todos los perjuicios causados a los agraviados.
“Ante esta falta de transparencia promovimos una acción de daño patrimonial, porque genera muchísimas suspicacias el hecho de que se califique de confidencial la información, por lo que no nos cabe la menor duda de que existe un acto administrativo irregular”.
El caso de Ficrea consistió en el fraude perpetrado por el socio principal, Rafael Olvera Amezcua y que se destapó en noviembre de 2014 Éste transfería recursos de Ficrea hacia empresas suyas, en especial Leadman Trade.
Fue entonces cuando la CNBV intervino a la institución financiera con lo que congeló los recursos de unos seis mil 800 ahorradores que ascendían a más de seis mil millones de pesos.
OMISIONES DE LAS AUTORIDADES
Acusan a la CNBV de solapar las irregularidades
Enrique Gracia, representante de Comisión Unida, un grupo de ahorradores defraudados, por Ficrea, recordó algunas de las irregularidades detectadas por parte de las autoridades a tiempo y que sin embargo fueron permitidas.
La primera fue que la CNBV aceptara que Rafael Olvera Amezcua fuera autorizado para operar Ficrea. Esto, toda vez que la persona era un ex presidiario con antecedentes en el sector financiero. “Es responsabilidad de la CNBV dar esta autorización”.
También es extraño que, con la CNBV dentro de la sociedad, ésta no se haya dado cuenta de las irregularidades antes de 2014. Por ejemplo, el sólo hecho del crecimiento exponencial de su captación, al pasar de 760 millones de pesos en 2011 a seis mil 240 millones en 2014, un incremento de más de 800 por ciento.
Gracia señaló además que en ese par de años los ahorradores consultaban a la CNBV sobre la seriedad de la sociedad financiera, pues era atractiva para invertir toda vez que ofrecían tasas de 4.5 a 5.5% cuando el resto de instituciones sólo garantizaban 2.5%. “En todos los casos se recibieron respuestas afirmativas en el sentido de que era una sociedad confiable y que ofrecía condiciones seguras y favorables para los inversionistas”.
Sin embargo, posteriormente admitieron que, mientras las autoridades daban buenas referencias, sí sabían de las irregularidades. “Hay incluso una aceptación tácita del presidente de la CNBV (Jaime González Aguadé) donde ellos sabían de las triangulaciones y movimientos irregulares desde 2011 y pues no se hizo absolutamente nada para impedir que siguiera manejándose así”.
Así, en noviembre de 2014 la CNBV intervino a Ficrea con base en un supuesto fraude de dos mil 700 millones de pesos que afectaba a la ahorradora.
“Hay una cosa que es clarísima, el Gobierno sabía de esta triangulación de los recursos al menos desde 2012, y en 2012 la cartera de Ficrea frente a ahorradores ascendía a aproximadamente a 700 millones de pesos, para el 2014, la cartera de Ficrea ya ascendía a seis mil 200 millones de pesos. Entonces en dos años, pese a que la Comisión Nacional Bancaria sabía de las irregularidades la autoridad administrativa permitió que Ficrea siguiera operando y captando recursos del público, expuso el abogado Guerra Méndez.
El síndico no fue la solución
La Comisión Nacional Bancaria designó como síndico a Javier Navarro Velasco, quien vivía en Monterrey. La situación no cambió. Desde el inicio y hasta cuando tuvo que rendir su primer informe bimestral, que incluye sus gastos e información de activos y pasivos, el síndico no dio detalles de nada. “Daba datos generales, ambiguos: el juez le requiere que complemente sus informes y lejos de acatar la instrucción, el síndico decide impugnar la resolución del juez, eso es algo inaudito”, señala el abogado Guerra Méndez.
“Aquí se da el primer caso del que yo tengo noticia en donde un síndico impugna los requerimientos de información que hace un juez. Se genera una duda: ¿qué es lo que se está ocultando? ¿cuáles son los intereses que está buscando proteger el síndico”.
Por esto decidieron demandar a la autoridad. “Con base en las disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, decidimos demandar para que todas aquellas cantidades que no sean pagadas por el concurso mercantil sean pagadas por el Estado”. No obstante, la acción se halla suspendida por amparos pendientes, pero proseguirán al resolverse estas acciones.
“Estamos convencidos de que existe un acto administrativo irregular que impone la necesidad de que la autoridad administrativa resarza a los afectados en los daños y perjuicios que sufrieron”. Esto incluye la totalidad de sus inversiones, más los intereses generados en estos dos años más los daños morales.
Inician problemas con el interventor
La opacidad de las autoridades comenzó cuando se nombró a Federico López Cárdenas como interventor para el proceso decretado en 2014 de disolución y liquidación de Ficrea, afirma Jesús Ángel Guerra Méndez. Desde ese entonces y durante su gestión, el interventor estaba obligado a rendir información de soporte, sin embargo lo hacía como “información confidencial que no podía ser consultada por nadie”.
Los representantes legales promovieron amparos a nombre de sus clientes de Guadalajara, Saltillo y la Ciudad de México. “Finalmente un juez dijo que esa información no era confidencial y que podía ser consultada por las partes interesadas, y ahí es donde empezamos a advertir una serie de irregularidades bárbaras”, indicó Guerra.
“Gastos exorbitantes del interventor, después nos enteramos que los gastos que había llevado a cabo el interventor en una empresa en liquidación en menos de un año ascendieron aproximadamente a 415 millones de pesos; una cantidad sin precedentes. Si tomamos en consideración que el pasivo de la sociedad financiera popular era de seis mil 200 millones de pesos: estamos hablando de que en administrar un negocio sin vida, utilidad y sin viabilidad económica, se gastó aproximadamente 8% de esos recursos”.
Al enterarse de esta situación, los ahorradores demandaron un concurso mercantil, pero la demanda fue desechada. Sin embargo, al promover un recurso de revisión, un juez determinó que los ahorradores sí tienen interés jurídico y legitimación para demandar el concurso mercantil.
Éste se admitió con molestia de la CNBV y del propio interventor, quien finalmente lo aceptó y posteriormente dejó el cargo para dar paso al nombramiento de un síndico para el concurso merca0ntil. En ese momento los ahorradores creyeron que, ahora sí, habría información, pero estaban equivocados.