Economía
La Profepa prevé fincar responsabilidades por Dragon Mart
Autoridades quintanarroenses podrían haber favorecido a la empresa a pesar del impacto negativo al medio ambiente
CANCÚN, QUINTANA ROO (30/ENE/2015).- El resultado del juicio de lesividad iniciado por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) en contra de actuaciones emprendidas en 2012 por su delegación en Quintana Roo, en el predio del megaproyecto 'Dragon Mart Cancún', podría derivar en el inicio de procedimientos para fincar responsabilidades en contra de los ex funcionarios involucrados.
"Una vez que se resuelvan en definitiva los juicios de lesividad y como consecuencia de ello se tengan mayores elementos, se valorará la posibilidad de iniciar los procedimientos que en derecho correspondan, tendientes a determinar y fincar la probable responsabilidad de los ex servidores públicos que en su caso, se consideren como presuntos responsables", indicó hoy la Profepa a El Universal.
Previo a las multas por 22 millones de pesos, promedio, y la clausura impuesta el lunes pasado a 'Dragon Mart Cancún', la Profepa promovió un juicio de lesividad para dejar sin efecto las resoluciones emitidas en 2012 por su delegación en Quintana Roo.
Estas dos resoluciones -en materia de impacto ambiental y forestal- derivan de las inspecciones hechas al predio de 561 hectáreas, conocido como 'El Tucán', en donde se pretendía construir y operar el centro de exhibición y venta de productos diversos.
Ambas "resultan cuestionables desde el punto de vista jurídico y favorecían a la antigua propietaria del predio (Ana María Díaz de León Erosa de Castillo) donde se desarrolla el proyecto conocido como 'Dragon Mart Cancún'", determinó la Profepa.
Por tanto, el 27 de mayo del 2014, la Dirección General de Delitos Federales contra el Ambiente y Litigio de la Procuraduría, presentó el juicio de lesividad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA), al que demandan la declaratoria de nulidad de ambas actuaciones.
Un juicio de lesividad se promueve en contra de actos dictados por autoridades administrativas, aún cuando se encuentren a favor del particular, atendiendo al principio de seguridad jurídica y de legalidad que obliga a que todo acto de autoridad funde y motive la causa legal del procedimiento.
La Profepa confirmó que, si bien las demandas de lesividad no se dirigen en contra de funcionarios públicos, sino abarcan sus actos de autoridad, los resultados pueden dar pie para iniciar procedimientos tendientes a fincar responsabilidades a los servidores públicos involucrados.
Actuación apegada a derecho
La dependencia federal respondió este viernes a la postura fijada por la empresa 'Real Estate Dragon Mart Cancún', que en días pasados le acusó de actuar "sin sustento legal" y "de forma contradictoria e ilegal", por las multas y la clausura impuestas.
La empresa argumentó que al haber interpuesto una demanda de nulidad ante un Tribunal, en contra de esas sanciones, "no está obligada a cumplir dichas medidas, hasta en tanto la resolución no se encuentre firme", por lo que la clausura resultaba improcedente.
Al respecto, la Profepa aclaró que los recursos jurídicos mencionados "no suspenden las medidas impuestas, ni autorizan a la empresa sancionada para su incumplimiento. La empresa de cualquier forma debió de haber cumplido con las medidas correctivas".
Al no hacerlo, se procedió a la aplicación de una medida de seguridad: La clausura total del predio.
La clausura y el pago de las millonarias multas impuestas 'Dragon Mart Cancún', podrían quedar sin efectos si la empresa promotora gana el juicio de nulidad, aceptó la Profepa.
Sin embargo, la dependencia aseguró que la defensa ha sido "contundente" y "es previsible que se ganen los juicios correspondientes".
Sobre el amparo promovido por 'Real Estate Dragon Mart', que impedía a la Profepa intervenir, la dependencia reiteró que la demanda se sobreseyó; la empresa presentó un recurso de revisión pero un Tribunal Colegiado confirmó el criterio aplicado.
"Una vez que se resuelvan en definitiva los juicios de lesividad y como consecuencia de ello se tengan mayores elementos, se valorará la posibilidad de iniciar los procedimientos que en derecho correspondan, tendientes a determinar y fincar la probable responsabilidad de los ex servidores públicos que en su caso, se consideren como presuntos responsables", indicó hoy la Profepa a El Universal.
Previo a las multas por 22 millones de pesos, promedio, y la clausura impuesta el lunes pasado a 'Dragon Mart Cancún', la Profepa promovió un juicio de lesividad para dejar sin efecto las resoluciones emitidas en 2012 por su delegación en Quintana Roo.
Estas dos resoluciones -en materia de impacto ambiental y forestal- derivan de las inspecciones hechas al predio de 561 hectáreas, conocido como 'El Tucán', en donde se pretendía construir y operar el centro de exhibición y venta de productos diversos.
Ambas "resultan cuestionables desde el punto de vista jurídico y favorecían a la antigua propietaria del predio (Ana María Díaz de León Erosa de Castillo) donde se desarrolla el proyecto conocido como 'Dragon Mart Cancún'", determinó la Profepa.
Por tanto, el 27 de mayo del 2014, la Dirección General de Delitos Federales contra el Ambiente y Litigio de la Procuraduría, presentó el juicio de lesividad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA), al que demandan la declaratoria de nulidad de ambas actuaciones.
Un juicio de lesividad se promueve en contra de actos dictados por autoridades administrativas, aún cuando se encuentren a favor del particular, atendiendo al principio de seguridad jurídica y de legalidad que obliga a que todo acto de autoridad funde y motive la causa legal del procedimiento.
La Profepa confirmó que, si bien las demandas de lesividad no se dirigen en contra de funcionarios públicos, sino abarcan sus actos de autoridad, los resultados pueden dar pie para iniciar procedimientos tendientes a fincar responsabilidades a los servidores públicos involucrados.
Actuación apegada a derecho
La dependencia federal respondió este viernes a la postura fijada por la empresa 'Real Estate Dragon Mart Cancún', que en días pasados le acusó de actuar "sin sustento legal" y "de forma contradictoria e ilegal", por las multas y la clausura impuestas.
La empresa argumentó que al haber interpuesto una demanda de nulidad ante un Tribunal, en contra de esas sanciones, "no está obligada a cumplir dichas medidas, hasta en tanto la resolución no se encuentre firme", por lo que la clausura resultaba improcedente.
Al respecto, la Profepa aclaró que los recursos jurídicos mencionados "no suspenden las medidas impuestas, ni autorizan a la empresa sancionada para su incumplimiento. La empresa de cualquier forma debió de haber cumplido con las medidas correctivas".
Al no hacerlo, se procedió a la aplicación de una medida de seguridad: La clausura total del predio.
La clausura y el pago de las millonarias multas impuestas 'Dragon Mart Cancún', podrían quedar sin efectos si la empresa promotora gana el juicio de nulidad, aceptó la Profepa.
Sin embargo, la dependencia aseguró que la defensa ha sido "contundente" y "es previsible que se ganen los juicios correspondientes".
Sobre el amparo promovido por 'Real Estate Dragon Mart', que impedía a la Profepa intervenir, la dependencia reiteró que la demanda se sobreseyó; la empresa presentó un recurso de revisión pero un Tribunal Colegiado confirmó el criterio aplicado.
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