Economía
La ABM recomienda regulación preventiva de deuda de estados
Luis Robles Miaja, presidente ejecutivo de la Asociación de Bancos de México asegura que no se tiene un registro sobre la cantidad que se debe
CIUDAD DE MÉXICO (06/MAR/2013).- El presidente ejecutivo de la Asociación de Bancos de México (ABM), Luis Robles Miaja, destacó la estabilidad económica que en los últimos años ha vivido México, y aseguró que la deuda de estados y municipios no representa un problema para las finanzas nacionales.
Sin embargo, se pronunció en favor de regular la deuda en esos órdenes de gobierno como una medida de prevención para evitar futuros descalabros financieros, y reconoció corresponsabilidad de bancos y del Buró de Crédito en casos como el de Coahuila.
"Hoy no tenemos conocimiento nadie, ni la Asociación de Bancos de México, ni la Secretaría de Hacienda, ni el Banco de México, y me atrevo a afirmar que en algunos casos ni los propios estados, un registro de cuánto se debe", planteó.
El director ejecutivo de la ABM señaló que el caso particular de Coahuila los bancos y el Buró de Crédito son corresponsables de su endeudamiento, pues registraron los créditos, pero no los acumularon, o agregaron.
En reunión con las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos Segunda, y Hacienda y Crédito Público del Senado, consideró que el crédito es una palanca de desarrollo.
Sin embargo, agregó que el manejo de esos pasivos por algunos gobernantes puede llevar a serios problemas a las finanzas de los gobiernos subnacionales, por lo que es necesario legislar en la materia.
Subrayó la importancia de que las diversas iniciativas que se analizan en el Senado para regular los empréstitos en estados y municipios incluyan transparentar todos los créditos.
Asimismo, dijo, el principio de certidumbre financiera con el que se garantizará el pago del crédito y la coordinación entre los tres órdenes de gobierno y sus facultades para la contratación de deuda.
Víctor Manuel Herrera, director general de Standard and Poors, coincidió con Robles Miaja en el sentido de que esta nueva legislación no deberá afectar los financiamientos que tienen estados y municipios, sobre todo aquellos en los que se encuentran contratados con esquemas de participaciones federales.
Pidió que "sea muy clara la ley de que seguirán gozando de la primacía con la que cuentan".
A su vez, el senador Carlos Mendoza Davis, del Partido Acción Nacional (PAN), expuso que el problema es que el control que genera la medición del riesgo en un crédito no está funcionando en el caso de deuda pública.
Planteó que "no dudo que los bancos no estén haciendo sus estudios de crédito, pero los están haciendo como una mera formalidad bancaria para evitar sanciones de la Asociación de Bancos de México".
El tema de la deuda pública de los gobiernos locales se distorsiona por el esquema de las participaciones federales, ya que "de nada o poco serviría que ustedes dieran una calificación que no fuera adecuada para un endeudamiento, si hay una entidad financiera que otorgará ese crédito, porque el riesgo está garantizado con dichas participaciones", explicó.
Durante la reunión, el senador Francisco Domínguez propuso que en la discusión de las diversas iniciativas que se discuten en el Senado para regular la deuda de estados y municipios, se obligue a esos órdenes de gobierno a transparentar la calificación crediticia que obtuvieron, para poder contratar un empréstito.
Puntualizó que "cualquier gobierno que contrata una deuda tiene la obligación de calificarse, y cuando obtienes una buena calificación por el buen manejo de las finanzas públicas hasta lo presumes, pero si es al contrario, si has sido irresponsable en el control del erario, mantienes en la opacidad la calificación crediticia".
Sin embargo, se pronunció en favor de regular la deuda en esos órdenes de gobierno como una medida de prevención para evitar futuros descalabros financieros, y reconoció corresponsabilidad de bancos y del Buró de Crédito en casos como el de Coahuila.
"Hoy no tenemos conocimiento nadie, ni la Asociación de Bancos de México, ni la Secretaría de Hacienda, ni el Banco de México, y me atrevo a afirmar que en algunos casos ni los propios estados, un registro de cuánto se debe", planteó.
El director ejecutivo de la ABM señaló que el caso particular de Coahuila los bancos y el Buró de Crédito son corresponsables de su endeudamiento, pues registraron los créditos, pero no los acumularon, o agregaron.
En reunión con las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos Segunda, y Hacienda y Crédito Público del Senado, consideró que el crédito es una palanca de desarrollo.
Sin embargo, agregó que el manejo de esos pasivos por algunos gobernantes puede llevar a serios problemas a las finanzas de los gobiernos subnacionales, por lo que es necesario legislar en la materia.
Subrayó la importancia de que las diversas iniciativas que se analizan en el Senado para regular los empréstitos en estados y municipios incluyan transparentar todos los créditos.
Asimismo, dijo, el principio de certidumbre financiera con el que se garantizará el pago del crédito y la coordinación entre los tres órdenes de gobierno y sus facultades para la contratación de deuda.
Víctor Manuel Herrera, director general de Standard and Poors, coincidió con Robles Miaja en el sentido de que esta nueva legislación no deberá afectar los financiamientos que tienen estados y municipios, sobre todo aquellos en los que se encuentran contratados con esquemas de participaciones federales.
Pidió que "sea muy clara la ley de que seguirán gozando de la primacía con la que cuentan".
A su vez, el senador Carlos Mendoza Davis, del Partido Acción Nacional (PAN), expuso que el problema es que el control que genera la medición del riesgo en un crédito no está funcionando en el caso de deuda pública.
Planteó que "no dudo que los bancos no estén haciendo sus estudios de crédito, pero los están haciendo como una mera formalidad bancaria para evitar sanciones de la Asociación de Bancos de México".
El tema de la deuda pública de los gobiernos locales se distorsiona por el esquema de las participaciones federales, ya que "de nada o poco serviría que ustedes dieran una calificación que no fuera adecuada para un endeudamiento, si hay una entidad financiera que otorgará ese crédito, porque el riesgo está garantizado con dichas participaciones", explicó.
Durante la reunión, el senador Francisco Domínguez propuso que en la discusión de las diversas iniciativas que se discuten en el Senado para regular la deuda de estados y municipios, se obligue a esos órdenes de gobierno a transparentar la calificación crediticia que obtuvieron, para poder contratar un empréstito.
Puntualizó que "cualquier gobierno que contrata una deuda tiene la obligación de calificarse, y cuando obtienes una buena calificación por el buen manejo de las finanzas públicas hasta lo presumes, pero si es al contrario, si has sido irresponsable en el control del erario, mantienes en la opacidad la calificación crediticia".
Síguenos en