Economía
Irlanda se prepara para hacer frente a nueve mil jubilaciones
El sector público de este país se prepara para un éxodo que podría repercutir en la atención del ciudadano
DUBLÍN, IRLANDA (29/FEB/2012).- Unos nueve mil funcionarios irlandeses abandonarán sus puestos antes de que mañana comiencen a aplicarse las nuevas condiciones de jubilación, lo que obliga al Gobierno a acometer planes de contingencia para hacer frente a una posible crisis en los servicios públicos.
Castigado ya por los severos recortes introducidos en los presupuestos generales del Estado del pasado diciembre, el sector público de este país se prepara para un éxodo que podría repercutir en la atención al ciudadano.
El actual Gobierno, en el poder desde febrero de 2011, ha asumido la decisión tomada por el anterior Ejecutivo en noviembre de 2010, cuando decidió bajar los salarios de los funcionarios, días después de verse obligado a aceptar un rescate de la Unión Europea y el FMI cuantificado en 85 mil millones de euros.
"Entonces se concedió un periodo de gracia o transición para todos aquellos que decidiesen solicitar la jubilación anticipada antes del 29 de febrero, lo que permite calcular el salario de su jubilación de acuerdo con los parámetros existentes antes del recorte", explicó a Efe un portavoz oficial.
El Gobierno lo sabe desde hace 18 meses y ha tenido tiempo para preparar un plan de acción, apuntó la fuente.
El ministro irlandés de Gasto Público y Reforma, el laborista Brendan Howlin, que supervisa el proceso, dijo que la cifra de nueve mil solicitudes representa menos del tres por ciento del funcionariado y que para finales de este año se habrán cubierto ya unos tres mil puestos de trabajo.
El Gobierno podría tener problemas para asumir esta pérdida, a pesar de que, paralelamente, ha puesto en marcha un plan para reducir la plantilla de trabajadores a cargo de la administración, a todas luces sobredimensionada para un país de apenas 4.5 millones de habitantes.
De los 320 mil funcionarios que tenía Irlanda en 2008, el Ejecutivo de Dublín tiene previsto eliminar 37 mil 500 puestos entre 2011 y 2015 y reducir ese número hasta los 282 mil 500, lo que generará un ahorro de la factura estatal de dos mil 500 millones de euros.
Howlin, no obstante, reconoce que no puede "garantizar que no habrá fallos" en el sistema a partir de mañana jueves, pero rechaza calificar de "oleada" la marcha de funcionarios que no quieren ver sus pensiones menguadas.
"Pueden aparecer fallos donde menos se espera, pero confío en que los gestores locales afrontarán las dificultades cuando se presenten y las resolverán", ha señalado el ministro.
Según el dirigente laborista, los últimos datos concretos indican que siete mil 464 trabajadores públicos han solicitado la jubilación anticipada, aunque la cifra final, apuntan los expertos, se acercará a los nueve mil.
Entre las áreas más afectadas destaca Sanidad, que perderá de golpe a unos cuatro mil 300 empleados, a lo que hay que añadir recortes presupuestarios de más de 700 millones de euros.
También el sector educativo irlandés verá reducida su plantilla en más de dos mil profesionales, seguido por la administración pública (mil 200), los gobiernos locales (931), las Fuerzas Armadas (362) y la Policía irlandesa (la Garda, 310), entre otros.
Para amortiguar el efecto de la desbandada, varios ministerios han pedido a Howlin el levantamiento de la prohibición que pesa sobre el reclutamiento de nuevos trabajadores para poder contratar urgentemente personal en puestos "clave".
Así, por ejemplo, el departamento de Medio Ambiente ha acelerado el proceso de contratación desde principios de este año para tramitar 215 solicitudes, mientras Sanidad lo ha hecho con 528.
Sin embargo, la política oficial recomienda agotar todas las opciones antes de cubrir una plaza, lo que en algunos casos se traduce en un cambio en las condiciones laborales: más horas de trabajo por el mismo dinero.
Esa es una de las críticas que han lanzado los partidos de la oposición al Gobierno de coalición entre el conservador Fine Gael y los laboristas, al que acusan de improvisar sobre la marcha.
El Sinn Fein, cuarta formación irlandesa, sostiene que no hay rastro del "detallado y robusto" plan de contingencia diseñado por el Ejecutivo y ha advertido, por boca de su portavoz, Mary Lou McDonald, de que, en algún momento, habrá que reconocer que "no se puede hacer más con menos".
Castigado ya por los severos recortes introducidos en los presupuestos generales del Estado del pasado diciembre, el sector público de este país se prepara para un éxodo que podría repercutir en la atención al ciudadano.
El actual Gobierno, en el poder desde febrero de 2011, ha asumido la decisión tomada por el anterior Ejecutivo en noviembre de 2010, cuando decidió bajar los salarios de los funcionarios, días después de verse obligado a aceptar un rescate de la Unión Europea y el FMI cuantificado en 85 mil millones de euros.
"Entonces se concedió un periodo de gracia o transición para todos aquellos que decidiesen solicitar la jubilación anticipada antes del 29 de febrero, lo que permite calcular el salario de su jubilación de acuerdo con los parámetros existentes antes del recorte", explicó a Efe un portavoz oficial.
El Gobierno lo sabe desde hace 18 meses y ha tenido tiempo para preparar un plan de acción, apuntó la fuente.
El ministro irlandés de Gasto Público y Reforma, el laborista Brendan Howlin, que supervisa el proceso, dijo que la cifra de nueve mil solicitudes representa menos del tres por ciento del funcionariado y que para finales de este año se habrán cubierto ya unos tres mil puestos de trabajo.
El Gobierno podría tener problemas para asumir esta pérdida, a pesar de que, paralelamente, ha puesto en marcha un plan para reducir la plantilla de trabajadores a cargo de la administración, a todas luces sobredimensionada para un país de apenas 4.5 millones de habitantes.
De los 320 mil funcionarios que tenía Irlanda en 2008, el Ejecutivo de Dublín tiene previsto eliminar 37 mil 500 puestos entre 2011 y 2015 y reducir ese número hasta los 282 mil 500, lo que generará un ahorro de la factura estatal de dos mil 500 millones de euros.
Howlin, no obstante, reconoce que no puede "garantizar que no habrá fallos" en el sistema a partir de mañana jueves, pero rechaza calificar de "oleada" la marcha de funcionarios que no quieren ver sus pensiones menguadas.
"Pueden aparecer fallos donde menos se espera, pero confío en que los gestores locales afrontarán las dificultades cuando se presenten y las resolverán", ha señalado el ministro.
Según el dirigente laborista, los últimos datos concretos indican que siete mil 464 trabajadores públicos han solicitado la jubilación anticipada, aunque la cifra final, apuntan los expertos, se acercará a los nueve mil.
Entre las áreas más afectadas destaca Sanidad, que perderá de golpe a unos cuatro mil 300 empleados, a lo que hay que añadir recortes presupuestarios de más de 700 millones de euros.
También el sector educativo irlandés verá reducida su plantilla en más de dos mil profesionales, seguido por la administración pública (mil 200), los gobiernos locales (931), las Fuerzas Armadas (362) y la Policía irlandesa (la Garda, 310), entre otros.
Para amortiguar el efecto de la desbandada, varios ministerios han pedido a Howlin el levantamiento de la prohibición que pesa sobre el reclutamiento de nuevos trabajadores para poder contratar urgentemente personal en puestos "clave".
Así, por ejemplo, el departamento de Medio Ambiente ha acelerado el proceso de contratación desde principios de este año para tramitar 215 solicitudes, mientras Sanidad lo ha hecho con 528.
Sin embargo, la política oficial recomienda agotar todas las opciones antes de cubrir una plaza, lo que en algunos casos se traduce en un cambio en las condiciones laborales: más horas de trabajo por el mismo dinero.
Esa es una de las críticas que han lanzado los partidos de la oposición al Gobierno de coalición entre el conservador Fine Gael y los laboristas, al que acusan de improvisar sobre la marcha.
El Sinn Fein, cuarta formación irlandesa, sostiene que no hay rastro del "detallado y robusto" plan de contingencia diseñado por el Ejecutivo y ha advertido, por boca de su portavoz, Mary Lou McDonald, de que, en algún momento, habrá que reconocer que "no se puede hacer más con menos".
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