Economía
Indagarán remesas, presumen “lavado”
Los transmisores de las remesas tendrán que clasificar a sus clientes en dos categorías: en alto y bajo riesgo
CIUDAD DE MÉXICO.- Las autoridades financieras mexicanas reforzarán las medidas para combatir el blanqueo de
divisas en las empresas de envíos de dinero.
Incluso deberán instalar un sistema de alertas para detectar transacciones que podrían ser sujetas de investigación.
Tal como ocurre con otros intermediarios financieros en el país, los transmisores de las remesas tendrán que clasificar a sus clientes en dos categorías: en alto y bajo riesgo.
Las disposiciones que en unos días se publicarán en el Diario Oficial de la Federación establecen un nuevo tratamiento en los criterios de identificación del cliente.
En las reglas se obligará a estas empresas a recabar datos del usuario en operaciones de mil dólares; a partir de 3 mil dólares o el equivalente en moneda nacional, tendrán que solicitar copias de documentos, tales como identificación oficial.
En transacciones a partir de 5 mil dólares, tendrán la obligación de abrir un expediente detallado del cliente.
Cuando se catalogue a las personas con un mayor riesgo, la empresa tendrá que recabar mayor información sobre su actividad preponderante, así como realizar una supervisión más estricta de su comportamiento transaccional.
Incluso se establece que los transmisores de divisas deberán aplicar cuestionarios de identificación que permitan a la empresa obtener mayor información sobre el origen y destino de los recursos, actividades y operaciones que realizan o que pretendan llevar a cabo.
Cada uno de los transmisores tendrá que contar con un sistema de alertas que le permita dar seguimiento y detectar de manera oportuna cambios en el comportamiento de sus usuarios y, en su caso, adoptar las medidas necesarias.
Para determinar el grado de riesgo de los clientes o clasificarlos como políticamente expuestos, los transmisores tendrán que conocer los antecedentes del usuario, su profesión, actividad o giro del negocio, el origen y destino de sus recursos y el lugar de su residencia, principalmente.
En los lineamientos, que están por publicarse en unos días, se obligará a las entidades a que adopten procedimientos de selección para asegurar que su personal cuente con la calidad técnica y experiencia necesarios.
Para asegurar la honorabilidad de su personal, las empresas deberán recabar una declaración firmada por el funcionario o empleado, en la que se asentarán sus antecedentes laborales.
También deberán ser investigados para saber si en su contra no pesa alguna demanda o sentencia por delitos patrimoniales o, bien, si el individuo fue inhabilitado para ejercer un empleo, cargo o comisión en el servicio público, o en el sistema financiero mexicano.
En caso de que un transmisor cuente con indicios de que alguno de sus usuarios actúa por cuenta de otra persona, sin que lo haya declarado, deberá solicitar al cliente información que le permita identificar al propietario real de los recursos involucrados en esas operaciones.
Las nuevas disposiciones consideran la obligación de las empresas de envío de dinero de remitir cada mes a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por conducto del Servicio de Administración Tributaria ( SAT), un reporte por cada transferencia internacional de fondos que, en lo individual, haya recibido o enviado cualquiera de sus usuarios durante dicho mes, por un monto igual o superior a mil dólares.
Incluso deberán instalar un sistema de alertas para detectar transacciones que podrían ser sujetas de investigación.
Tal como ocurre con otros intermediarios financieros en el país, los transmisores de las remesas tendrán que clasificar a sus clientes en dos categorías: en alto y bajo riesgo.
Las disposiciones que en unos días se publicarán en el Diario Oficial de la Federación establecen un nuevo tratamiento en los criterios de identificación del cliente.
En las reglas se obligará a estas empresas a recabar datos del usuario en operaciones de mil dólares; a partir de 3 mil dólares o el equivalente en moneda nacional, tendrán que solicitar copias de documentos, tales como identificación oficial.
En transacciones a partir de 5 mil dólares, tendrán la obligación de abrir un expediente detallado del cliente.
Cuando se catalogue a las personas con un mayor riesgo, la empresa tendrá que recabar mayor información sobre su actividad preponderante, así como realizar una supervisión más estricta de su comportamiento transaccional.
Incluso se establece que los transmisores de divisas deberán aplicar cuestionarios de identificación que permitan a la empresa obtener mayor información sobre el origen y destino de los recursos, actividades y operaciones que realizan o que pretendan llevar a cabo.
Cada uno de los transmisores tendrá que contar con un sistema de alertas que le permita dar seguimiento y detectar de manera oportuna cambios en el comportamiento de sus usuarios y, en su caso, adoptar las medidas necesarias.
Para determinar el grado de riesgo de los clientes o clasificarlos como políticamente expuestos, los transmisores tendrán que conocer los antecedentes del usuario, su profesión, actividad o giro del negocio, el origen y destino de sus recursos y el lugar de su residencia, principalmente.
En los lineamientos, que están por publicarse en unos días, se obligará a las entidades a que adopten procedimientos de selección para asegurar que su personal cuente con la calidad técnica y experiencia necesarios.
Para asegurar la honorabilidad de su personal, las empresas deberán recabar una declaración firmada por el funcionario o empleado, en la que se asentarán sus antecedentes laborales.
También deberán ser investigados para saber si en su contra no pesa alguna demanda o sentencia por delitos patrimoniales o, bien, si el individuo fue inhabilitado para ejercer un empleo, cargo o comisión en el servicio público, o en el sistema financiero mexicano.
En caso de que un transmisor cuente con indicios de que alguno de sus usuarios actúa por cuenta de otra persona, sin que lo haya declarado, deberá solicitar al cliente información que le permita identificar al propietario real de los recursos involucrados en esas operaciones.
Las nuevas disposiciones consideran la obligación de las empresas de envío de dinero de remitir cada mes a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por conducto del Servicio de Administración Tributaria ( SAT), un reporte por cada transferencia internacional de fondos que, en lo individual, haya recibido o enviado cualquiera de sus usuarios durante dicho mes, por un monto igual o superior a mil dólares.
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