Economía
Estados, los más beneficiados del presupuesto
El próximo año, los gobernadores recibirán nueve mil 305 millones de pesos adicionales de la Recaudación Federal Participable
CIUDAD DE MÉXICO (21/OCT/2010).- La aprobación de la Ley de Ingresos de la Federación para 2011 dejó como grandes ganadores a los gobiernos estatales, quienes tendrán más recursos disponibles.
El secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, reconoció ayer en conferencia que las administraciones estatales tendrán mayores recursos para impulsar sus finanzas públicas.
“El proyecto que envió el Presidente, de origen ya traía las mayores participaciones en la historia del país, es un monto de participaciones históricamente alto que con la aprobación de esta paquete de Ley de Ingresos se ve fortalecido”.
Las negociaciones entre la Secretaría de Hacienda y la fracción del PRI dará a los mandatarios nueve mil 305 millones de pesos adicionales de la Recaudación Federal Participable (RFP).
La propuesta que envió el Presidente Felipe Calderón al Congreso el pasado 8 de septiembre, establecía que derivado del monto de ingresos fiscales a obtenerse en el ejercicio fiscal 2011, la RFP sería de un billón 849 mil 36 millones de pesos.
Sin embargo, con las modificaciones realizadas por los legisladores el pasado martes 19 de octubre, la RFP para 2011 ascenderá a un billón 858 mil 341 millones de pesos.
Además, del dinero que tendrán los estados por la RFP, el decreto de la Ley de Ingresos de la Federación para 2011 plantea que los recursos que se destinen al Fondo de Estabilización de Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) podrá utilizarse para cubrir las obligaciones que se generaron en 2009, ante la caída de las participaciones por la crisis económica.
El dictamen agrega que las entidades federativas podrán usar hasta 25% de aportaciones que corresponden a las entidades federativas y el Distrito Federal para pagar compensaciones que hayan contraído con el Gobierno federal.
Un punto adicional a favor de los estados y que avalaron los legisladores en la discusión de la Ley de Ingresos, es que para el ejercicio de 2011, de los recursos que se generen por los derechos sobre hidrocarburos se podrán utilizar 76 mil 461 millones de pesos para financiar programas y proyectos de inversión estatales que avale el Congreso de la Unión.
Déficit fiscal no será problema
El secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, aseguró que no será un problema para México la elevación de un déficit fiscal para 2011 a un nivel de 0.5% del Producto Interno Bruto (PIB).
El funcionario agregó que se tendrá un equilibrio presupuestario. “Se mantiene la trayectoria descendiente en el déficit; este año, el que aprobó la Cámara de Diputados, es de 0.7% del PIB y el que aprobaron para el año entrante es de 0.5% del PIB”.
La Secretaría de Hacienda solicitó al Congreso un déficit fiscal de 0.3% del PIB, el cual fue elevado por la Cámara de Diputados a 0.5% del PIB, equivalente a 70 mil millones de pesos.
“Nosotros no consideramos que sea un problema que el déficit se haya incrementado un poco, con respecto al que envió el Poder Ejecutivo, siempre y cuando se mantenga el compromiso y la tendencia a la baja”.
Cifra récord
El Gobierno federal anunció que las cifras de empleo cotizadas en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), a la primera quincena de octubre, llegaron al máximo histórico de 14 millones 661 mil 333.
La cifra, sumada a las señales positivas en las diferentes variables económicas, impulsó a la Secretaría de Hacienda a modificar al alza sus expectativas de crecimiento económico para este año 2010, y modificarlas de 4.5% a 4.8 por ciento.
Los secretarios de Hacienda y Crédito Público, y de Trabajo y Previsión Social, Ernesto Cordero y Javier Lozano, informaron en conferencia de prensa que del 1 de enero al 15 de octubre de 2010 se generaron 780 mil 052 nuevos puestos de trabajo.
Esto significa un incremento de 5.6%, si se compara con los datos de diciembre del año anterior.
El reto del gasto
Una vez definido en términos generales de dónde provendrán y el monto de los recursos con que contará el Gobierno el próximo año —a través de a Ley de Ingresos para 2011—, la Cámara de Diputados entrará de lleno al debate sobre la reasignación del gasto, alrededor de 100 mil millones de pesos, sobre los 3.4 billones de pesos presupuestados por el Ejecutivo.
De acuerdo con estimaciones tanto de la Secretaría de Hacienda como de la Comisión de Presupuesto, las modificaciones que se hicieron en años recientes al proyecto de presupuesto del Poder Ejecutivo sumaron 4.8% del presupuesto total.
Dado que los recursos públicos son escasos y limitados, es de suma importancia hacer un uso eficiente de éstos. Una actividad se clasifica como eficiente cuando se hace más con un nivel dado de insumos o cuando se utilizan menos insumos para obtener un cierto nivel de producto.
En México se obtienen pocos resultados con muchos recursos, puesto que incluso cuando el gasto del Gobierno ha mostrado una dinámica creciente, su incidencia en materia de crecimiento económico y bienestar de la población no muestra resultados favorables, lo cual tiene que ver con una ineficiencia en el manejo de los recursos.
Según datos publicados por el Banco Interamericano de Desarrollo, el indicador de despilfarro de gasto público para México es de 3.3, en una escala del uno al siete, donde siete significa un manejo eficiente de recursos. Esta calificación refleja una situación en la que el gasto público no está respondiendo apropiadamente a las fallas del mercado.
Lograr que el gasto público genere los resultados deseados es un desafío permanente en todo el mundo. Es, por supuesto, una justa exigencia de los ciudadanos que, con su trabajo y su ahorro, sufragan los presupuestos gubernamentales. Es, asimismo, la piedra de toque para evaluar el desempeño de los gobiernos y el cumplimiento cabal de sus fines básicos. Es una medida que va más allá de cualquier justificación retórica y llega al fondo de las cosas: a la razón de ser del servicio público.
Lo ideal para medir la eficiencia en la utilización de los recursos públicos es tener por un lado el costo de cada servicio provisto por el Gobierno y por otro el resultado obtenido. Desafortunadamente aún no se cuenta con indicadores que permitan medir la eficiencia de varias actividades y darles un seguimiento a través del tiempo.
El Presupuesto Basado en Resultados (PBR) es el inicio de este esfuerzo, aunque cabe resaltar la importancia de que realmente se elaboren indicadores útiles (de eficiencia, eficacia y calidad), además de que sean comparables a lo largo del tiempo, permitiendo que la ciudadanía conozca el desempeño del sector público y que le permitan al mismo Gobierno identificar áreas de mejora.
Aunque tanto el Congreso como la Secretaría de Hacienda coinciden acerca de la importancia de generar información sobre desempeño, tienen interpretaciones claramente diferentes sobre cómo utilizar esta información una vez que es totalmente operativa, y los legisladores la consideran más que nada como un instrumento de control y no de gestión.
Para que la ejecución del gasto público se realice con mayor eficiencia y eficacia, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), será necesario entre otras cosas, desarrollar un marco presupuestal más amplio, más incluyente y de mediano plazo; utilizar gradualmente, cada vez en mayor medida, los indicadores de desempeño para la toma de decisiones; e incentivar al sector público a enfocarse en resultados. Lo anterior dependerá en gran medida de la voluntad política de los distintos actores para llegar a acuerdos que resulten en cambios estructurales en las instituciones.
El secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, reconoció ayer en conferencia que las administraciones estatales tendrán mayores recursos para impulsar sus finanzas públicas.
“El proyecto que envió el Presidente, de origen ya traía las mayores participaciones en la historia del país, es un monto de participaciones históricamente alto que con la aprobación de esta paquete de Ley de Ingresos se ve fortalecido”.
Las negociaciones entre la Secretaría de Hacienda y la fracción del PRI dará a los mandatarios nueve mil 305 millones de pesos adicionales de la Recaudación Federal Participable (RFP).
La propuesta que envió el Presidente Felipe Calderón al Congreso el pasado 8 de septiembre, establecía que derivado del monto de ingresos fiscales a obtenerse en el ejercicio fiscal 2011, la RFP sería de un billón 849 mil 36 millones de pesos.
Sin embargo, con las modificaciones realizadas por los legisladores el pasado martes 19 de octubre, la RFP para 2011 ascenderá a un billón 858 mil 341 millones de pesos.
Además, del dinero que tendrán los estados por la RFP, el decreto de la Ley de Ingresos de la Federación para 2011 plantea que los recursos que se destinen al Fondo de Estabilización de Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) podrá utilizarse para cubrir las obligaciones que se generaron en 2009, ante la caída de las participaciones por la crisis económica.
El dictamen agrega que las entidades federativas podrán usar hasta 25% de aportaciones que corresponden a las entidades federativas y el Distrito Federal para pagar compensaciones que hayan contraído con el Gobierno federal.
Un punto adicional a favor de los estados y que avalaron los legisladores en la discusión de la Ley de Ingresos, es que para el ejercicio de 2011, de los recursos que se generen por los derechos sobre hidrocarburos se podrán utilizar 76 mil 461 millones de pesos para financiar programas y proyectos de inversión estatales que avale el Congreso de la Unión.
Déficit fiscal no será problema
El secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, aseguró que no será un problema para México la elevación de un déficit fiscal para 2011 a un nivel de 0.5% del Producto Interno Bruto (PIB).
El funcionario agregó que se tendrá un equilibrio presupuestario. “Se mantiene la trayectoria descendiente en el déficit; este año, el que aprobó la Cámara de Diputados, es de 0.7% del PIB y el que aprobaron para el año entrante es de 0.5% del PIB”.
La Secretaría de Hacienda solicitó al Congreso un déficit fiscal de 0.3% del PIB, el cual fue elevado por la Cámara de Diputados a 0.5% del PIB, equivalente a 70 mil millones de pesos.
“Nosotros no consideramos que sea un problema que el déficit se haya incrementado un poco, con respecto al que envió el Poder Ejecutivo, siempre y cuando se mantenga el compromiso y la tendencia a la baja”.
Cifra récord
El Gobierno federal anunció que las cifras de empleo cotizadas en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), a la primera quincena de octubre, llegaron al máximo histórico de 14 millones 661 mil 333.
La cifra, sumada a las señales positivas en las diferentes variables económicas, impulsó a la Secretaría de Hacienda a modificar al alza sus expectativas de crecimiento económico para este año 2010, y modificarlas de 4.5% a 4.8 por ciento.
Los secretarios de Hacienda y Crédito Público, y de Trabajo y Previsión Social, Ernesto Cordero y Javier Lozano, informaron en conferencia de prensa que del 1 de enero al 15 de octubre de 2010 se generaron 780 mil 052 nuevos puestos de trabajo.
Esto significa un incremento de 5.6%, si se compara con los datos de diciembre del año anterior.
El reto del gasto
Una vez definido en términos generales de dónde provendrán y el monto de los recursos con que contará el Gobierno el próximo año —a través de a Ley de Ingresos para 2011—, la Cámara de Diputados entrará de lleno al debate sobre la reasignación del gasto, alrededor de 100 mil millones de pesos, sobre los 3.4 billones de pesos presupuestados por el Ejecutivo.
De acuerdo con estimaciones tanto de la Secretaría de Hacienda como de la Comisión de Presupuesto, las modificaciones que se hicieron en años recientes al proyecto de presupuesto del Poder Ejecutivo sumaron 4.8% del presupuesto total.
Dado que los recursos públicos son escasos y limitados, es de suma importancia hacer un uso eficiente de éstos. Una actividad se clasifica como eficiente cuando se hace más con un nivel dado de insumos o cuando se utilizan menos insumos para obtener un cierto nivel de producto.
En México se obtienen pocos resultados con muchos recursos, puesto que incluso cuando el gasto del Gobierno ha mostrado una dinámica creciente, su incidencia en materia de crecimiento económico y bienestar de la población no muestra resultados favorables, lo cual tiene que ver con una ineficiencia en el manejo de los recursos.
Según datos publicados por el Banco Interamericano de Desarrollo, el indicador de despilfarro de gasto público para México es de 3.3, en una escala del uno al siete, donde siete significa un manejo eficiente de recursos. Esta calificación refleja una situación en la que el gasto público no está respondiendo apropiadamente a las fallas del mercado.
Lograr que el gasto público genere los resultados deseados es un desafío permanente en todo el mundo. Es, por supuesto, una justa exigencia de los ciudadanos que, con su trabajo y su ahorro, sufragan los presupuestos gubernamentales. Es, asimismo, la piedra de toque para evaluar el desempeño de los gobiernos y el cumplimiento cabal de sus fines básicos. Es una medida que va más allá de cualquier justificación retórica y llega al fondo de las cosas: a la razón de ser del servicio público.
Lo ideal para medir la eficiencia en la utilización de los recursos públicos es tener por un lado el costo de cada servicio provisto por el Gobierno y por otro el resultado obtenido. Desafortunadamente aún no se cuenta con indicadores que permitan medir la eficiencia de varias actividades y darles un seguimiento a través del tiempo.
El Presupuesto Basado en Resultados (PBR) es el inicio de este esfuerzo, aunque cabe resaltar la importancia de que realmente se elaboren indicadores útiles (de eficiencia, eficacia y calidad), además de que sean comparables a lo largo del tiempo, permitiendo que la ciudadanía conozca el desempeño del sector público y que le permitan al mismo Gobierno identificar áreas de mejora.
Aunque tanto el Congreso como la Secretaría de Hacienda coinciden acerca de la importancia de generar información sobre desempeño, tienen interpretaciones claramente diferentes sobre cómo utilizar esta información una vez que es totalmente operativa, y los legisladores la consideran más que nada como un instrumento de control y no de gestión.
Para que la ejecución del gasto público se realice con mayor eficiencia y eficacia, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), será necesario entre otras cosas, desarrollar un marco presupuestal más amplio, más incluyente y de mediano plazo; utilizar gradualmente, cada vez en mayor medida, los indicadores de desempeño para la toma de decisiones; e incentivar al sector público a enfocarse en resultados. Lo anterior dependerá en gran medida de la voluntad política de los distintos actores para llegar a acuerdos que resulten en cambios estructurales en las instituciones.
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