Economía
Economía y fisco
Publicidad oficial
Cuando aprendimos a administrar la abundancia, allá a principios de los 80 del siglo pasado, la creatividad de nuestros políticos entró en efervescencia para disponer del presupuesto. Fue así como a más de alguno se le ocurrió que utilizando métodos hitlerianos podría convencer a la población de que la dependencia a su cargo trabajaba con extraordinaria eficiencia en beneficio de la población y que gracias al esfuerzo, al empeño, a la capacidad de trabajo de su titular, estábamos disfrutando de sus beneficios.
En esta forma podría el político de marras aspirar a un puesto público y hacer una exitosa carrera política.
El descubrimiento tuvo un éxito arrollador, se lograron los objetivos y se llegó a la anhelada meta política. Esto fue suficiente para que numerosas dependencias del Ejecutivo, el propio titular, las dos cámaras del Poder Legislativo y el Poder Judicial incluyendo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, incrementaran sus presupuestos para publicidad año con año, lo cual además de mejorar su imagen, permitía ayudar a agencias de publicidad que prosperaron y proliferaron a su sombra.
La redundante y muchas veces negativa publicidad está levantando protestas de inconformidad por la cantidad de tiempo en los medios, televisión y radio, y por su costo respectivo, al grado de que las voces de protesta se están plasmando en iniciativas de reformas a las leyes que lenta pero inexorablemente se tendrán que aprobar para limitar estos desmanes.
Por lo pronto, el Senado aprobó reformas en materia electoral al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) que endurecen la legislación para impedir que el presidente de la República, gobernadores, presidentes municipales y demás funcionarios públicos de los tres niveles de Gobierno incumplan con la disposición de no difundir obras, logros ni compromisos de Gobierno a través de propaganda en los medios de comunicación. Se prohíbe también la propaganda “gratuita” encubierta en programas no noticiosos de radio y televisión, en los que se promueve a los funcionarios. Se establecen sanciones para quienes incurran en esa violación, con multas equivalentes al precio comercial del tiempo que dure el spot y hasta por el doble. Estas multan también son aplicables a los concesionarios o permisionarios de radio y televisión como sujetos activos.
Será el Estado a través de la Dirección Nacional Electoral quien distribuya los espacios publicitarios en radio y televisión, quien tendrá a su cargo una tarea titánica para controlar que ninguno de estos medios venda espacios de publicidad de manera particular a los candidatos.
Esta reforma no es más que el inicio, falta mucho por hacer, sobre todo en espacios urbanos para evitar la pinta de muros y fachadas y limitar los lugares para pegar o colgar carteles, evitar los anuncios espectaculares que contaminan el espacio visual, así como legislar y limitar el costo de publicidad por internet. En cuanto a la publicidad de las dependencias oficiales definitivamente son innecesarias y ofenden a la inteligencia de los ciudadanos.
En esta forma podría el político de marras aspirar a un puesto público y hacer una exitosa carrera política.
El descubrimiento tuvo un éxito arrollador, se lograron los objetivos y se llegó a la anhelada meta política. Esto fue suficiente para que numerosas dependencias del Ejecutivo, el propio titular, las dos cámaras del Poder Legislativo y el Poder Judicial incluyendo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, incrementaran sus presupuestos para publicidad año con año, lo cual además de mejorar su imagen, permitía ayudar a agencias de publicidad que prosperaron y proliferaron a su sombra.
La redundante y muchas veces negativa publicidad está levantando protestas de inconformidad por la cantidad de tiempo en los medios, televisión y radio, y por su costo respectivo, al grado de que las voces de protesta se están plasmando en iniciativas de reformas a las leyes que lenta pero inexorablemente se tendrán que aprobar para limitar estos desmanes.
Por lo pronto, el Senado aprobó reformas en materia electoral al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) que endurecen la legislación para impedir que el presidente de la República, gobernadores, presidentes municipales y demás funcionarios públicos de los tres niveles de Gobierno incumplan con la disposición de no difundir obras, logros ni compromisos de Gobierno a través de propaganda en los medios de comunicación. Se prohíbe también la propaganda “gratuita” encubierta en programas no noticiosos de radio y televisión, en los que se promueve a los funcionarios. Se establecen sanciones para quienes incurran en esa violación, con multas equivalentes al precio comercial del tiempo que dure el spot y hasta por el doble. Estas multan también son aplicables a los concesionarios o permisionarios de radio y televisión como sujetos activos.
Será el Estado a través de la Dirección Nacional Electoral quien distribuya los espacios publicitarios en radio y televisión, quien tendrá a su cargo una tarea titánica para controlar que ninguno de estos medios venda espacios de publicidad de manera particular a los candidatos.
Esta reforma no es más que el inicio, falta mucho por hacer, sobre todo en espacios urbanos para evitar la pinta de muros y fachadas y limitar los lugares para pegar o colgar carteles, evitar los anuncios espectaculares que contaminan el espacio visual, así como legislar y limitar el costo de publicidad por internet. En cuanto a la publicidad de las dependencias oficiales definitivamente son innecesarias y ofenden a la inteligencia de los ciudadanos.
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