Economía
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Seguridad
El miedo es uno de los sentimientos más aniquiladores de la voluntad del ser humano que lo inhiben para desarrollarse en actividades productivas. Ahora, en nuestros tiempos, la delincuencia se ha vuelto tan poderosa y numerosa, que han sido insuficientes los recursos destinados a protegernos. Por esta razón, el Presidente Calderón envió una iniciativa de Ley de Seguridad Nacional, la cual fue aprobada por los senadores y pasó a la Cámara de Diputados, en donde quedó congelada ante la embestida de grupos de izquierda que, según el PRD, colocaría al país en un estado de excepción bajo control militar.
De hecho, la iniciativa sólo pretende legalizar lo que ya se está llevando a cabo, darle fuerza legal al Presidente de la República para que continúe con la lucha contra el crimen organizado sin el pendiente de ser atacado en las elecciones de 2012 con las consiguientes repercusiones para su partido político.
Desde que se inició esta incruenta guerra, las autoridades federales han cometido atropellos soslayando los marcos jurídicos vigentes, amparados en el argumento de salvaguardar la seguridad nacional. En la Ley de Seguridad Nacional se facultaría al Presidente Calderón y a las Fuerzas Armadas para prevenir o hacer frente a los obstáculos que amenacen la integridad, la estabilidad o seguridad del país.
Entre esos obstáculos están los fenómenos naturales o fuentes antropogénicas (de origen humano).
Se define lo que debe entenderse para efectos de esta Ley, lo que es Riesgo: obstáculo que puede afectar parcial o totalmente la integridad, estabilidad o permanencia de las Instituciones. Desafío: obstáculo que afecta parcial o totalmente la integridad o estabilidad del Estado. Amenaza: obstáculo que atenta contra la permanencia o la existencia del Estado.
La información sobre estos obstáculos sólo podrá ser obtenida y manejada por las secretarías de Gobernación, Defensa Nacional y de Marina, la fuerza armada permanente y las autoridades competentes, según las disposiciones aplicables. Los trabajos de inteligencia y contrainteligencia de cualquier método de recolección en ningún caso afectarían a los derechos humanos.
Se faculta al Gobierno para hacer uso de los recursos legales o humanos como la información anónima, así como las operaciones de inteligencia y de contrainteligencia. Una de esas formas será la intervención de comunicaciones privadas, pudiendo gravarlas previa autorización judicial.
Los diputados opinan que no van a aprobar una ley que más que regularizar las facultades del Ejecutivo en la materia, lo que se requiere son elementos que restrinjan su capacidad para cometer abusos en contra de la población.
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