Economía
Economía y fisco
Las raíces de la corrupción
En la IV Conferencia Internacional Mundial de Parlamentarios Contra la Corrupción, celebrada recientemente en el Distrito Federal, se acordó incorporar a la sociedad en la lucha contra la corrupción mediante el empleo de todos los canales disponibles de comunicación. Asistieron 240 legisladores de África, Europa, América y Asia Pacífico. Entre los temas tratados se incluyeron: la lucha contra el “lavado” de dinero, la vigilancia de los parlamentarios en la cuenta pública y la implementación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, la vinculación entre la pobreza y la corrupción, y el costo económico y social que representa para la sociedad.
Hasta ahora, en México, el combate a la corrupción se ha centrado en la creación de una pesada burocracia de contralorías y auditorías internas y externas que detectan fraudes y peculados dentro de los organismos de administración pública, que por su lentitud pierden eficiencia y eficacia, sin capacidad para localizar todos los ilícitos que se cometen, ya sea por los propios funcionarios públicos o por colusión con terceros.
No son suficientes los controles administrativos y contables establecidos, para detectar la gran cantidad de filtraciones que se cometen al amparo de la impunidad. Los castigos que previenen las leyes no desalientan la comisión de los delitos de corrupción.
Los corruptos parten de la premisa de que no van a ser descubiertos, y si lo son, tienen el apoyo de los superiores que los protegen por complicidad y, en última instancia, las penas que se imponen van de inhabilitación para el ejercicio de la función pública, resarcir en parte el daño económico causado y la molestia de pasar por un proceso más o menos tortuoso, que rara vez culmina con la privación de la libertad; cuando lo que debiera castigarse con más severidad es a los funcionarios que nos gobiernan, en quienes hemos depositado nuestros impuestos y nuestra confianza.
Las penas por los delitos de corrupción debieran ser mayores que las que se imponen a los particulares. Sin embargo es todo lo contrario, los delitos por actos de corrupción se consideran como “no graves” por nuestra legislación. Un buen comienzo para reforzar la lucha contra la corrupción sería la modificación a las leyes penales para que los castigos fueran ejemplares y desalentaran a quienes se aprovechan de esta debilidad legislativa para cometer los perjudiciales actos de corrupción que han trascendido nuestras fronteras y nos tienen considerados como uno de los países más corruptos, sobrepasados apenas por Nigeria.
Lo malo de la corrupción es que de tanto verla ya nos hemos familiarizado con ella, nuestra capacidad de asombro está bloqueada; por la fuerza de la costumbre ya no nos sorprenden los titulares de la prensa en donde se acusa a funcionarios públicos por enriquecimiento ilegítimo.
En la Agenda Legislativa de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, los siete partidos que conforman la LXI Legislatura, en su segundo período de sesiones que inició en febrero pasado, no incluyen una sola propuesta enfocada al combate a la corrupción.
Hasta ahora, en México, el combate a la corrupción se ha centrado en la creación de una pesada burocracia de contralorías y auditorías internas y externas que detectan fraudes y peculados dentro de los organismos de administración pública, que por su lentitud pierden eficiencia y eficacia, sin capacidad para localizar todos los ilícitos que se cometen, ya sea por los propios funcionarios públicos o por colusión con terceros.
No son suficientes los controles administrativos y contables establecidos, para detectar la gran cantidad de filtraciones que se cometen al amparo de la impunidad. Los castigos que previenen las leyes no desalientan la comisión de los delitos de corrupción.
Los corruptos parten de la premisa de que no van a ser descubiertos, y si lo son, tienen el apoyo de los superiores que los protegen por complicidad y, en última instancia, las penas que se imponen van de inhabilitación para el ejercicio de la función pública, resarcir en parte el daño económico causado y la molestia de pasar por un proceso más o menos tortuoso, que rara vez culmina con la privación de la libertad; cuando lo que debiera castigarse con más severidad es a los funcionarios que nos gobiernan, en quienes hemos depositado nuestros impuestos y nuestra confianza.
Las penas por los delitos de corrupción debieran ser mayores que las que se imponen a los particulares. Sin embargo es todo lo contrario, los delitos por actos de corrupción se consideran como “no graves” por nuestra legislación. Un buen comienzo para reforzar la lucha contra la corrupción sería la modificación a las leyes penales para que los castigos fueran ejemplares y desalentaran a quienes se aprovechan de esta debilidad legislativa para cometer los perjudiciales actos de corrupción que han trascendido nuestras fronteras y nos tienen considerados como uno de los países más corruptos, sobrepasados apenas por Nigeria.
Lo malo de la corrupción es que de tanto verla ya nos hemos familiarizado con ella, nuestra capacidad de asombro está bloqueada; por la fuerza de la costumbre ya no nos sorprenden los titulares de la prensa en donde se acusa a funcionarios públicos por enriquecimiento ilegítimo.
En la Agenda Legislativa de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, los siete partidos que conforman la LXI Legislatura, en su segundo período de sesiones que inició en febrero pasado, no incluyen una sola propuesta enfocada al combate a la corrupción.
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