Economía
Economía y fisco
Combate a la impunidad
Impunidad viene del latín punire, que significa castigar y vengar; objetivos que en nuestro país se ignoran. El combate a la delincuencia ataca los síntomas, la enfermedad se llama impunidad, uno de los más significativos males que padecemos, que comprende cinco grandes etapas: la denuncia de los hechos delictuosos, la captura del delincuente, el proceso judicial, el encarcelamiento y la rehabilitación.
En cada una de estas instancias existen obstáculos que impiden que la justicia castigue a los delincuentes: las denuncias planteadas por las agencias del Ministerio Público están plagadas de irregularidades —ya sea por falta de capacitación de las autoridades ministeriales o por corrupción— que facilitan a los abogados defensores la anulación de los cargos y se obtiene la libertad de los inculpados con relativa facilidad; la captura de los presuntos delincuentes, por lo general, se alcanza cuando los familiares de las víctimas se empeñan en lograrlo, como los sonados casos de la señora Isabel Miranda de Wallace, el señor Alejandro Martí y el contador público Eduardo Gallo. Cuando eventualmente se captura a los presuntos delincuentes, el Ministerio Público debe aportar pruebas suficientes para que un juez dicte la formal prisión y pueda llegar hasta la sentencia, con éxito en muy bajos porcentajes, y viene finalmente el castigo que, dependiendo de la situación económica del reo, le puede resultar muy cruel o relativamente benigna, porque dentro de las cárceles mexicanas, con dinero se puede llevar buena vida; la rehabilitación no se puede decir que sea inexistente, sino que los esfuerzos que realizan algunas instituciones privadas para litigar por la libertad de primo delincuentes y enseñarles un arte u oficio, son insignificantes comparados con el enorme volumen de presidiarios (alrededor de 250 mil). Después de purgar su condena, más que buscar el camino del bien, utilizan los contactos y conocimientos adquiridos en las prisiones que los perfeccionan para ser más eficientes en sus actividades delictivas; salen a aplicar sus nuevas mañas y a localizar a los contactos con otros delincuentes por recomendaciones de sus compañeros de prisión, pasando a engrosar las filas del crimen organizado. Las penas de prisión no tienen el carácter de rehabilitación, reinserción en la sociedad ni escolarización terapéutica obligatoria.
Lo expuesto no es nada nuevo para los lectores. La sociedad entera está consciente de la gravedad del problema y, lo peor de todo, es que las autoridades no toman acciones concretas para combatir este mal. Vamos, ni siquiera son materia de discursos de campaña; la ceguera de la costumbre ha borrado de sus mentes el problema de la impunidad, no es una palabra de uso común. Estamos cansados de repetirlo y de dar cifras. Sólo una acción masiva de protesta de la sociedad civil podría sacudir la modorra de las autoridades. Es tiempo de pasar de la queja a la acción, con presión social conjunta y campañas en los medios de difusión electrónicos y en la prensa.
Enfoquemos todos nuestros esfuerzos en obligar al Gobierno a que combata la impunidad como parte toral de la guerra contra la delincuencia.
En cada una de estas instancias existen obstáculos que impiden que la justicia castigue a los delincuentes: las denuncias planteadas por las agencias del Ministerio Público están plagadas de irregularidades —ya sea por falta de capacitación de las autoridades ministeriales o por corrupción— que facilitan a los abogados defensores la anulación de los cargos y se obtiene la libertad de los inculpados con relativa facilidad; la captura de los presuntos delincuentes, por lo general, se alcanza cuando los familiares de las víctimas se empeñan en lograrlo, como los sonados casos de la señora Isabel Miranda de Wallace, el señor Alejandro Martí y el contador público Eduardo Gallo. Cuando eventualmente se captura a los presuntos delincuentes, el Ministerio Público debe aportar pruebas suficientes para que un juez dicte la formal prisión y pueda llegar hasta la sentencia, con éxito en muy bajos porcentajes, y viene finalmente el castigo que, dependiendo de la situación económica del reo, le puede resultar muy cruel o relativamente benigna, porque dentro de las cárceles mexicanas, con dinero se puede llevar buena vida; la rehabilitación no se puede decir que sea inexistente, sino que los esfuerzos que realizan algunas instituciones privadas para litigar por la libertad de primo delincuentes y enseñarles un arte u oficio, son insignificantes comparados con el enorme volumen de presidiarios (alrededor de 250 mil). Después de purgar su condena, más que buscar el camino del bien, utilizan los contactos y conocimientos adquiridos en las prisiones que los perfeccionan para ser más eficientes en sus actividades delictivas; salen a aplicar sus nuevas mañas y a localizar a los contactos con otros delincuentes por recomendaciones de sus compañeros de prisión, pasando a engrosar las filas del crimen organizado. Las penas de prisión no tienen el carácter de rehabilitación, reinserción en la sociedad ni escolarización terapéutica obligatoria.
Lo expuesto no es nada nuevo para los lectores. La sociedad entera está consciente de la gravedad del problema y, lo peor de todo, es que las autoridades no toman acciones concretas para combatir este mal. Vamos, ni siquiera son materia de discursos de campaña; la ceguera de la costumbre ha borrado de sus mentes el problema de la impunidad, no es una palabra de uso común. Estamos cansados de repetirlo y de dar cifras. Sólo una acción masiva de protesta de la sociedad civil podría sacudir la modorra de las autoridades. Es tiempo de pasar de la queja a la acción, con presión social conjunta y campañas en los medios de difusión electrónicos y en la prensa.
Enfoquemos todos nuestros esfuerzos en obligar al Gobierno a que combata la impunidad como parte toral de la guerra contra la delincuencia.
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