Economía
Con la expansión de las transnacionales crecen los negocios y las tensiones
El último caso de una larga serie es el de la empresa brasileña Odebrecht, que deberá abandonar Ecuador a causa de denuncias de irregularidades en la construcción de una central hidroeléctrica
BOGOTÁ, COLOMBIA.- La expansión de las firmas transnacionales latinoamericanas por la región no sólo produce negocios, sino tensiones entre gobiernos, muchas veces amigos y aliados políticos, obligados a defender a empresas perjudicadas por el otro.
El Gobierno de Brasil respondió hoy inmediatamente a esa medida del Ejecutivo que preside Rafael Correa con la orden de congelar por tiempo indeterminado los proyectos de infraestructura que se proponía llevar a cabo en Ecuador.
Brasil, el país de proporciones continentales que lidera las economías de Sudamérica, ya tiene experiencia en manejar estos problemas, que antes de la internacionalización de las empresas latinoamericanas se daban con Estados Unidos y Europa, tradicionalmente quejosos de la inseguridad jurídica de esta región.
Las compañías brasileñas están entre las que antes y más han salido de sus fronteras para invertir y hacer negocios en otros países de América Latina, con la petrolera estatal Petrobras a la cabeza.
Las relaciones del presidente Luiz Inácio Lula da Silva con los mandatarios de Bolivia, Ecuador y Venezuela han tenido altibajos precisamente a causa de Petrobras.
Actualmente el Gobierno de Ecuador presiona a Petrobras para que acepte modificar su contrato de operador por uno de prestación de servicios, pero la firma brasileña se niega.
Correa ha hecho advertencias y Lula ya dijo que la empresa puede abandonar Ecuador, aunque compensada por sus inversiones.
La empresa aceptó las exigencias del presidente Evo Morales para cambiar los contratos para explorar, explotar y exportar gas, pero no aceptó convertirse en una prestadora de servicios en las dos refinerías que operaba, por lo que aceptó venderlas.
Tras un año de negociaciones y amenazas de juicios internacionales, el Gobierno boliviano acordó pagar a Petrobras 112 millones de dólares por las refinerías situadas en los departamentos de Santa Cruz y Cochabamba.
Petrobras también resistió infructuosamente a la política del venezolano Hugo Chávez para reducir a socios minoritarios a las petroleras con proyectos en Venezuela.
Ello llevó a Brasil a dismunuir la participación que los venezolanos tendrán en la refinería binacional de Pernambuco, del 50 por ciento inicial a un 40 por ciento.
En Argentina, tras adquirir todos los activos de la empresa Perez Companc, Petrobras fue obligada a transferir su participación en la distribuidora mayorista de electricidad argentina Transener a la estatal Enarsa y a la firma Electroingeniería.
Otra empresa brasileña, la siderúrgica MMX, filial de la EBX, fue conminada por el Gobierno de Morales a salir de Bolivia acusada de violar normas ambientales y los límites geográficos para la radicación de firmas extranjeras.
En Venezuela actualmente existen tres negociaciones abiertas que involucran al Gobierno y a empresas con capitales de Argentina, un país con cuya administración Chávez tiene importantes lazos políticos y económicos, y de México, la principal economía de América Latina.
El Gobierno venezolano nacionalizó la Siderúrgica del Orinoco (Sidor) y desde hace meses negocia con la argentina Ternium, que tiene un 60 por ciento de las acciones, para comprarlas.
El pasado 29 de agosto, Chávez conminó a Ternium a llegar a un acuerdo amistoso para hacer posible la nacionalización y le advirtió de graves consecuencias si optaba por la confrontación. En la práctica Sidor ya opera como una empresa estatal desde el pasado 30 de junio.
Además, como parte de la nacionalización de la industria cementera decretada por Chávez, el Gobierno expropió las instalaciones de la mexicana Cemex, con la que no alcanzó un acuerdo.
La última comunicación oficial data del 27 de agosto, cuando Chávez dijo que el 28 de septiembre se fijaría el valor de las instalaciones de Cemex en Venezuela para su compra por parte del Estado venezolano, pero no se supo nada más y se cree que la negociación continúa.
El tercer caso también implica a una empresa mexicana, Femsa, que es la filial de Coca-Cola en Venezuela desde 2003 y vive un conflicto laboral permanente, con bloqueos de sus instalaciones.
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) le dio la razón a Femsa, quien se ha quejado reiteradamente del bloqueo de sus instalaciones y las pérdidas económicas que ello ocasiona. El Gobierno venezolano se encuentra mediando en la negociación.
El Gobierno sandinista que preside Daniel Ortega ha mantenido disputas legales y verbales, en sus 21 meses de gestión, con multinacionales estadounidenses, canadienses, israelíes y españolas, y también con una de capital mexicano y centroamericano.
La empresa distribuidora Tropigas fue intervenida mediante un decreto dictado el pasado 24 de septiembre que establece el estado de emergencia económica en relación al suministro del gas licuado en todo el territorio nacional por un período de seis meses para evitar una escasez de este producto.
Ortega acusó a Tropigas, la principal distribuidora de gas licuado en el país, de haber intentado chantajear al Estado con la exigencia de un incremento del cien por ciento del precio del gas para cocinar.
El Gobierno de Brasil respondió hoy inmediatamente a esa medida del Ejecutivo que preside Rafael Correa con la orden de congelar por tiempo indeterminado los proyectos de infraestructura que se proponía llevar a cabo en Ecuador.
Brasil, el país de proporciones continentales que lidera las economías de Sudamérica, ya tiene experiencia en manejar estos problemas, que antes de la internacionalización de las empresas latinoamericanas se daban con Estados Unidos y Europa, tradicionalmente quejosos de la inseguridad jurídica de esta región.
Las compañías brasileñas están entre las que antes y más han salido de sus fronteras para invertir y hacer negocios en otros países de América Latina, con la petrolera estatal Petrobras a la cabeza.
Las relaciones del presidente Luiz Inácio Lula da Silva con los mandatarios de Bolivia, Ecuador y Venezuela han tenido altibajos precisamente a causa de Petrobras.
Actualmente el Gobierno de Ecuador presiona a Petrobras para que acepte modificar su contrato de operador por uno de prestación de servicios, pero la firma brasileña se niega.
Correa ha hecho advertencias y Lula ya dijo que la empresa puede abandonar Ecuador, aunque compensada por sus inversiones.
La empresa aceptó las exigencias del presidente Evo Morales para cambiar los contratos para explorar, explotar y exportar gas, pero no aceptó convertirse en una prestadora de servicios en las dos refinerías que operaba, por lo que aceptó venderlas.
Tras un año de negociaciones y amenazas de juicios internacionales, el Gobierno boliviano acordó pagar a Petrobras 112 millones de dólares por las refinerías situadas en los departamentos de Santa Cruz y Cochabamba.
Petrobras también resistió infructuosamente a la política del venezolano Hugo Chávez para reducir a socios minoritarios a las petroleras con proyectos en Venezuela.
Ello llevó a Brasil a dismunuir la participación que los venezolanos tendrán en la refinería binacional de Pernambuco, del 50 por ciento inicial a un 40 por ciento.
En Argentina, tras adquirir todos los activos de la empresa Perez Companc, Petrobras fue obligada a transferir su participación en la distribuidora mayorista de electricidad argentina Transener a la estatal Enarsa y a la firma Electroingeniería.
Otra empresa brasileña, la siderúrgica MMX, filial de la EBX, fue conminada por el Gobierno de Morales a salir de Bolivia acusada de violar normas ambientales y los límites geográficos para la radicación de firmas extranjeras.
En Venezuela actualmente existen tres negociaciones abiertas que involucran al Gobierno y a empresas con capitales de Argentina, un país con cuya administración Chávez tiene importantes lazos políticos y económicos, y de México, la principal economía de América Latina.
El Gobierno venezolano nacionalizó la Siderúrgica del Orinoco (Sidor) y desde hace meses negocia con la argentina Ternium, que tiene un 60 por ciento de las acciones, para comprarlas.
El pasado 29 de agosto, Chávez conminó a Ternium a llegar a un acuerdo amistoso para hacer posible la nacionalización y le advirtió de graves consecuencias si optaba por la confrontación. En la práctica Sidor ya opera como una empresa estatal desde el pasado 30 de junio.
Además, como parte de la nacionalización de la industria cementera decretada por Chávez, el Gobierno expropió las instalaciones de la mexicana Cemex, con la que no alcanzó un acuerdo.
La última comunicación oficial data del 27 de agosto, cuando Chávez dijo que el 28 de septiembre se fijaría el valor de las instalaciones de Cemex en Venezuela para su compra por parte del Estado venezolano, pero no se supo nada más y se cree que la negociación continúa.
El tercer caso también implica a una empresa mexicana, Femsa, que es la filial de Coca-Cola en Venezuela desde 2003 y vive un conflicto laboral permanente, con bloqueos de sus instalaciones.
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) le dio la razón a Femsa, quien se ha quejado reiteradamente del bloqueo de sus instalaciones y las pérdidas económicas que ello ocasiona. El Gobierno venezolano se encuentra mediando en la negociación.
El Gobierno sandinista que preside Daniel Ortega ha mantenido disputas legales y verbales, en sus 21 meses de gestión, con multinacionales estadounidenses, canadienses, israelíes y españolas, y también con una de capital mexicano y centroamericano.
La empresa distribuidora Tropigas fue intervenida mediante un decreto dictado el pasado 24 de septiembre que establece el estado de emergencia económica en relación al suministro del gas licuado en todo el territorio nacional por un período de seis meses para evitar una escasez de este producto.
Ortega acusó a Tropigas, la principal distribuidora de gas licuado en el país, de haber intentado chantajear al Estado con la exigencia de un incremento del cien por ciento del precio del gas para cocinar.
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