Economía
Aumentan las quejas en contra de vivienderas
Alrededor de 1.5 millones de familias afectadas en seis estados sumarán sus fuerzas
CIUDAD DE MÉXICO (06/AGO/2013).- Miles de familias de Sinaloa,
Chihuahua, Nayarit, Jalisco, Estado de México y Baja California sumaron fuerzas para enfrentar presuntos fraudes inmobiliarios a través de la asociación Tijuanenses Unidos por una Vivienda Digna.
Guadalupe Oliver Vázquez, líder de la Asociación Civil, vivió su propio calvario en 1998, cuando adquirió una vivienda en malas condiciones en el fraccionamiento Pórticos de San Antonio.
El complejo construido por la desarrolladora GEO recibió un financiamiento del Infonavit por más de 65 millones de pesos para construir 1,120 unidades, comenta. El problema fue que las casas de 45 metros cuadrados estaban hechas con materiales de baja calidad, con alambrón del grosor de un lápiz, en lugar de varilla, y con paredes de apenas cuatro pulgadas de espesor, que además tenían cartón como relleno.
“Inicié esta lucha hace 15 años defendiendo mis derechos, porque no estoy denunciando mentiras, ahí están las pruebas.
En el camino me di cuenta de que son miles de familias las que tienen los mismos problemas; en el 2011 se formalizó la asociación”, comenta.
Actualmente, cerca de 1,200 familias están representadas por el organismo civil Tijuanenses Unidos por una Vivienda Digna, residentes de 22 diferentes fraccionamientos de la ciudad, todos ellos de las empresas GEO, URBI y Homex, las tres vivienderas que actualmente atraviesan por problemas financieros, particularmente por un nivel de deuda elevado.
Cada sábado, los ciudadanos afectados se reúnen para ver qué avances tienen como asociación, pues Oliver Vázquez ha acudido a entablar denuncias ante la Procuraduría General de Justicia del estado,la Procuraduría General de la República y otras instancias, donde el principal acusado es el Infonavit.
“En noviembre iremos al DF a entrevistarnos con diputados y senadores; buscaremos llegar a Los Pinos, porque éste es un problema nacional donde incluso el presidente Enrique Peña deberá responder por esta serie de atropellos y fraudes”, advierte.
La dirigente extendió este movimiento a las entidades de Chihuahua, Sinaloa, Nayarit, Jalisco y Estado de México, donde estima que son 1.5 millones de familias afectadas.
APIT Lamenta la situación
En palabras de Rodrigo Márquez Muñoz, presidente de la Asociación de Profesionales Inmobiliarios de Tijuana (APIT), se trata de una situación lamentable que se avizora complicada en el futuro, ya que son muchas las familias afectadas.
“Aquí la incongruencia es que el Infonavit haya autorizado en el Registro Único de Vivienda estos fraccionamientos y que la supervisión técnica no se haya percatado de estos defectos”, comenta.
Sandra Cervantes
scervantes@eleconomista.mx
El Economista
Guadalupe Oliver Vázquez, líder de la Asociación Civil, vivió su propio calvario en 1998, cuando adquirió una vivienda en malas condiciones en el fraccionamiento Pórticos de San Antonio.
El complejo construido por la desarrolladora GEO recibió un financiamiento del Infonavit por más de 65 millones de pesos para construir 1,120 unidades, comenta. El problema fue que las casas de 45 metros cuadrados estaban hechas con materiales de baja calidad, con alambrón del grosor de un lápiz, en lugar de varilla, y con paredes de apenas cuatro pulgadas de espesor, que además tenían cartón como relleno.
“Inicié esta lucha hace 15 años defendiendo mis derechos, porque no estoy denunciando mentiras, ahí están las pruebas.
En el camino me di cuenta de que son miles de familias las que tienen los mismos problemas; en el 2011 se formalizó la asociación”, comenta.
Actualmente, cerca de 1,200 familias están representadas por el organismo civil Tijuanenses Unidos por una Vivienda Digna, residentes de 22 diferentes fraccionamientos de la ciudad, todos ellos de las empresas GEO, URBI y Homex, las tres vivienderas que actualmente atraviesan por problemas financieros, particularmente por un nivel de deuda elevado.
Cada sábado, los ciudadanos afectados se reúnen para ver qué avances tienen como asociación, pues Oliver Vázquez ha acudido a entablar denuncias ante la Procuraduría General de Justicia del estado,la Procuraduría General de la República y otras instancias, donde el principal acusado es el Infonavit.
“En noviembre iremos al DF a entrevistarnos con diputados y senadores; buscaremos llegar a Los Pinos, porque éste es un problema nacional donde incluso el presidente Enrique Peña deberá responder por esta serie de atropellos y fraudes”, advierte.
La dirigente extendió este movimiento a las entidades de Chihuahua, Sinaloa, Nayarit, Jalisco y Estado de México, donde estima que son 1.5 millones de familias afectadas.
APIT Lamenta la situación
En palabras de Rodrigo Márquez Muñoz, presidente de la Asociación de Profesionales Inmobiliarios de Tijuana (APIT), se trata de una situación lamentable que se avizora complicada en el futuro, ya que son muchas las familias afectadas.
“Aquí la incongruencia es que el Infonavit haya autorizado en el Registro Único de Vivienda estos fraccionamientos y que la supervisión técnica no se haya percatado de estos defectos”, comenta.
Sandra Cervantes
scervantes@eleconomista.mx
El Economista
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