Detectan anomalías en 36 pensiones VIP
Se analizan las inconsistencias por incumplir la documentación, la temporalidad laboral y los montos asignados, entre otras
La auditoría realizada a 70 pensiones en las que se observó alguna inconsistencia en el proceso de entrega, concluyó en que existen presuntas irregularidades en 36, según el Instituto de Pensiones de Jalisco (Ipejal).
Los casos fueron revisados por la Dirección de Auditoría del Órgano Interno de Control del Instituto y se turnaron a la Dirección de Investigaciones. Ahora se analizan esas anomalías, por ejemplo, por el incumplimiento en la documentación, los montos asignados y la temporalidad laboral, entre otras.
A finales del mes pasado, previo a concluir este proceso, la Contraloría interna respondió por Transparencia que se tenían abiertas sólo tres investigaciones administrativas por anomalías: una por 24 mil pesos, otra por 69 mil y una tercera por 107 mil 994 pesos mensuales. Aunque no se dieron a conocer los nombres, esta última corresponde a José María Martínez, diputado electo por Morena en Jalisco, quien militó la mayoría de su carrera política en el PAN. Por este caso ya se presentó una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción. Es la única interpuesta por las denominadas pensiones doradas o VIP (entre 100 mil y 223 mil pesos mensuales), que actualmente son 87 en Jalisco.
En el documento de respuesta a la solicitud de información se puntualizó que hasta esa fecha no se habían emitido sanciones.
Tras solicitar una entrevista al Ipejal sobre el tema, se respondió: “El Instituto de Pensiones efectúa lo que le permiten sus atribuciones y actúa en consecuencia para que otras áreas del Gobierno tengan la oportunidad de resolver los planteamientos presentados”.
Por su parte, el Congreso del Estado tiene pendiente la aprobación de la iniciativa presentada por el Ejecutivo de Jalisco para fijar un tope a las pensiones. En lugar de que el pago máximo sea de 35 días de salario mínimo mensuales (148 mil 785 pesos), que se baje a 25 (106 mil 275 pesos).
Esteban Estrada Ramírez, presidente de la Comisión de Competitividad del Congreso, donde se analiza la propuesta, informa que se tienen otras tres iniciativas. Lo destacable de la enviada por el Gobierno de Jalisco es que aplica las nuevas medidas de forma retroactiva, para lo cual ya hay una jurisprudencia.
En siete años, se triplican las pensiones doradas en el Ipejal
Entre 2015 y 2021 se han triplicado las pensiones con pagos de entre los 100 mil y 200 mil pesos mensuales, que reciben funcionarios de primer nivel tras su retiro laboral. Hace siete años, la lista era conformada por 28 ex servidores públicos, principalmente magistrados y diputados, pero en este año ya se ubica en 87.
Esto provocó que el pago de jubilaciones del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (Ipejal) destinado a un grupo pasara de una bolsa mensual de tres millones 902 mil pesos a 12 millones 083 mil pesos, en el mismo periodo analizado.
No sólo se suman más jubilados con pagos millonarios, sino que el monto de la pensión aumenta de forma importante.
Actualmente, el pago más alto corresponde al exmagistradoEleuterio Valencia Carranza, quien recibe 207 mil 156 pesos mensuales. En 2011, su pensión era de 154 mil 568 pesos.
Este medio informó que no sólo lidera la lista de las pensiones doradas, sino que también recibe más de 40 mil pesos cada mes como pensionado de la Universidad de Guadalajara (UdeG). Estos exfuncionarios pueden recibir todas las pensiones: del Ipejal, UdeG, ISSSTE e IMSS, por ejemplo.
Para frenar los excesos en esta materia, el Ejecutivo de Jalisco presentó una iniciativa el mes pasado ante el Congreso para topar el pago máximo en 25 salarios mínimos (106 mil 275 pesos mensuales) y detener el aumento anual de las que resulten mayores a los 50 mil pesos, las cuales serán también analizadas de manera aleatoria por la Contraloría del Estado.
Carlos Eduardo Sánchez, presidente de la Mesa Directiva del Legislativo, recordó que el documento se turnó a la Comisión de Competitividad, Desarrollo Económico, Innovación y Trabajo. “Habría que ver con la comisión en qué proceso va y cuál sería la determinación para ya darle seguimiento y oportunidad… y ahora sí que se atienda lo que se ha venido reclamando: que estas pensiones exageradas tengan un nivel de comportamiento adecuado, conforme a ley”.
Esteban Estrada Ramírez, presidente de la Comisión Competitividad, recordó que se tienen otras tres iniciativas relacionadas, pero estaban pendientes de dictaminarse debido a la pandemia por el nuevo coronavirus y por el proceso electoral pasado.
Destacó que si la iniciativa presentada por el Estado prospera, podría representar un ahorro por alrededor de 35 millones de pesos anuales. “Sí tiene un aspecto significativo. Por otro lado, está generando un precedente en donde no puedan acceder los funcionarios a estas pensiones”.
El legislador consideró que se pueden sumar elementos de las iniciativas presentadas previamente.
Si prospera la iniciativa de reforma, dijo, hay la posibilidad de evitar que cada trienio, “alguien que tiene la suerte de acceder a un buen puesto, se quede con su sueldo”.
SABER MÁS
Los nombres
En la lista de las 20 jubilaciones más altas figuran al menos 12 exmagistrados. También el exauditor Alonso Godoy Pelayo; Carmela Chávez Galindo y Jorge García González, exintegrantes del Consejo de la Judicatura, además de políticos como el exgobernador Francisco Ramírez Acuña y Eugenio Ruiz Orozco, exalcalde de Guadalajara, entre otros.
La pensión de los trabajadores afiliados previo a la reforma de 2009, se fija con el sueldo promedio con el que cotice en el último año de servicio.
Mientras que la pensión de los afiliados a partir de 2010, se establece considerando el promedio del sueldo recibido en los últimos tres años de labores.
| Nombre | Pensión |
| Eleuterio Valencia Carranza | 207,156.41 |
| Patricia Carriola Ochoa | 202,714.46 |
| Alonso Godoy Pelayo | 197,239.61 |
| Antonia Pérez Gutiérrez | 196,016.09 |
| Gregorio Rodríguez Gutiérrez | 189,890.26 |
| Carmela Chávez Galindo | 182,374.98 |
| Jorge García González | 181,598.95 |
| Eugenio Ruiz Orozco | 180,805.76 |
GUÍA
La iniciativa estatal
Actualmente, el Artículo 70 Fracción II de la Ley del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco dispone como límite máximo de las pensiones, el equivalente a 35 salarios mínimos al día para su otorgamiento, que equivalen a 148 mil 785 pesos mensuales. “El actual límite permite que un servidor público pueda obtener como pensión el equivalente a mil 050 días de salario mínimo mensual, mientras que la ley abrogada no establecía límite alguno”.
La propuesta es que baje a 25 salarios mínimos como límite. Todas las pensiones que sobrepasen dicho límite se adecuarán a la legislación vigente, el cual significaría una mensualidad máxima de 106 mil 275 pesos.
También se propone detener el aumento anual de las pensiones que resulten mayores a los 50 mil pesos, por lo que aquellas que se encuentren debajo de esa cantidad podrán seguir aumentando bajo los términos determinados por el Consejo Directivo del Ipejal.
Se aclara que todas las pensiones y prestaciones que se hayan otorgado bajo la vigencia del régimen de la ley que se abroga pasarán a regirse por la legislación vigente, una vez que entre en vigor.
En los artículos transitorios se precisa que el aumento anual establecido en el Artículo 66 de la ley del Ipejal, no se aplicará a las pensiones mayores de 50 mil pesos durante los próximos tres años.
Hoy, el Artículo 66 establece que durante los primeros ocho años de vigencia de la ley, el monto de las pensiones deberá incrementarse por acuerdo del Consejo Directivo en los tres primeros meses de cada año, el cual no será menor al Índice Nacional de Precios al Consumidor del Banco de México, más el uno por ciento o el indicador que le sustituya.
Los incrementos posteriores al octavo año se determinarán por acuerdo del Consejo Directivo.
TELÓN DE FONDO
Acaparan pagos elevados
Mientras los afiliados al Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco reciben un promedio de 15 mil pesos mensuales por jubilación, tras dejar el cargo, magistrados, diputados y otros funcionarios de primer nivel han acaparado el pago de jubilaciones por encima de ese rango.
Según una revisión hecha al Ipejal por la consultora Valuaciones Actuariales del Norte, las pensiones mayores corresponden a exservidores públicos “de confianza” y las de menor monto a los extrabajadores de base.
En el estudio se destaca que los empleados de base no pueden acceder a pensiones mejor remuneradas por la brecha salarial que existe entre las categorías de servidores públicos, donde los de primer nivel tienen los mejores sueldos.
Mientras que la pensión máxima supera los 223 mil pesos, la más baja es de siete mil 072 pesos, del extrabajador de base Francisco Álvarez Pulido.
Previo a la iniciativa para poner tope a las jubilaciones, el Congreso de Jalisco ya tenía en revisión propuestas de legisladores sobre el tema.
El diputado Enrique Velázquez planteó que la jubilación se calcule con el sueldo promedio de los últimos 10 años de trabajo.
Observan omisiones y retrocesos
En materia de sanciones, en el Séptimo informe público del Observatorio del Sistema Anticorrupción de Jalisco se señalan una serie de retrocesos; entre éstos, en materia de sanciones.
Se reporta que entre 2018 y 2020, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción judicializó 101 carpetas de investigación ante el Supremo Tribunal, de las cuales 24 procedían de algún órgano interno de control, pero hasta la fecha sólo se ha emitido una sentencia, que fue manejada por medio del proceso abreviado.
“Ahora nos preguntamos: ¿Quién está haciendo mal su trabajo? ¿Los órganos internos de control y la Fiscalía, cuyos procesos y denuncias, en su absoluta mayoría, fueron consideradas infundadas o mal trabajadas? ¿Los tribunales que desoyeron o no profundizaron lo necesario en los argumentos planteados por las instancias que presentaron los procedimientos o denuncias?”.
Se señala que en el caso del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco se añade la histórica lentitud de su trabajo.
“No se ha podido analizar a detalle en qué consiste esta gran disparidad de criterios entre quienes investigan y juzgan, ya que las sentencias absolutorias de las Salas Unitarias no se han transparentado”.
Agrega que esto preocupa, pues las sentencias están sentando precedentes negativos para futuros casos. “Vemos necesario, incluso urgente, que los órganos internos de control, la Fiscalía y los Tribunales revisen y analicen conjuntamente y de forma genérica, no casuística, para no caer en conflictos de interés o faltas de ética, diferencias y graves contradicciones en las definiciones, criterios, normas, reglamentos y leyes relacionadas con la corrupción”.
En el informe se resalta que cuando un acto corrupto detectado, investigado y sustanciado no se sanciona, se genera una dinámica contra preventiva en el mecanismo de la corrupción y se cierra un círculo vicioso. “Si el funcionario público y la sociedad en general ven que la corrupción se sanciona, se irán disminuyendo los incentivos para repetir actos de este tipo. Así pues, la sanción efectiva, justa y oportuna de la corrupción es un elemento preventivo de primer orden”.
La jurisprudencia
- En la iniciativa presentada por el Ejecutivo estatal ante el Congreso para fijar un tope a las pensiones doradas de Ipejal, se presentan los argumentos jurídicos que respaldan la propuesta de reforma.
- En el documento se resalta que, teniendo en cuenta que ningún derecho es absoluto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo en revisión 269012014, se pronunció respecto a los alcances del reconocimiento y la protección del derecho a la seguridad social en los instrumentos internacionales, sosteniendo, entre otras cosas, “que la protección del derecho a la seguridad social implica la adopción de un sistema con diferentes planes, en cuyo diseño los Estados gozan de un margen de configuración, para lograr que todos tengan acceso a las prestaciones de seguridad social en un nivel suficiente, mediante planes que deben ser sostenibles, a fin de asegurar que las generaciones presentes y futuras puedan ejercer este derecho”.
- Se añade que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al resolver el asunto “Cinco Pensionistas vs Perú”, determinó lo siguiente: "Si bien el derecho a la pensión nivelada es un derecho adquirido, de conformidad con el Artículo 21 de la Convención, los Estados pueden poner limitaciones al goce del derecho de propiedad por razones de utilidad pública o interés social”.
- Y continúa: “En el caso de los efectos patrimoniales de las pensiones (el monto), los Estados pueden reducirlos únicamente por la vía legal adecuada y por los motivos ya indicados”.
- Se incluye también lo establecido en el Artículo 5 del Protocolo Adicional a la Convención Americana en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en el que también se hace referencia al tema.
- “En ese tenor, la imperiosa necesidad de ejercer la facultad que tiene el Estado para la reconfiguración de los montos de las pensiones que se encuentran vigentes, surge con la finalidad de proteger en grado suficiente el derecho a la seguridad social de las generaciones presentes y futuras de pensionados”.
- Por ello, insisten en que es pertinente adecuar la cuantía de las pensiones a la realidad social y económica del Estado, toda vez que, si bien las mismas fueron concedidas bajo el amparo de la abrogada Ley de Pensiones del Estado de Jalisco, lo cierto es que se encuentran desfasadas de la actualidad, al igual que dicha ley, por lo que ajustarlas a la legislación vigente y al límite máximo establecido representa la primera acción para la sostenibilidad financiera del instituto.
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