Cultura
Nueva Ley de Patrimonio, sin peso en demolición de finca
La Casa Aguilar Figueroa, derrumbada el lunes pasado, estaba protegida por la legislación aprobada en agosto de 2014 y cuyo reglamento se publicó el 20 de junio
GUADALAJARA, JALISCO (23/JUL/2015).- La nueva legislación no pasó la primera prueba. La
Casa Aguilar Figueroa (Av. Guadalupe 1001) fue demolida el pasado lunes pese a que se encuentra dentro de los 13 mil 338 inmuebles que conforman el Inventario de la Ley de Patrimonio Cultural del Estado de Jalisco y sus Municipios, aprobada en agosto de 2014 y cuyo reglamento se publicó el 20 de junio.
La finca patrimonial —considerada un símbolo de la Colonia Chapalita y en la cual se pretende construir una torre de 13 niveles— tenía permitido un nivel máximo de intervención de conservación y restauración; sin embargo, fue reducida a escombros.
José Luis Moreno, titular de la Secretaría de Obras Públicas de Guadalajara, refirió que el propietario de la finca se amparó, se fue a litigo y ganó un juicio “desde hace tres o cuatro años”, por lo que el Tribunal de lo Administrativo del Estado (TAE) obligó a la dependencia municipal a autorizar la demolición. “Vienen los documentos firmados por Obras Públicas. Nos ordenan otorgar la licencia de lo contrario nos sancionan hasta con cárcel”.
De acuerdo con el artículo 15 de la citada legislación, es obligación de la Secretaría de Cultura (SC) solicitar a las autoridades municipales “la suspensión y clausura, incluso en forma precautoria, de obras de intervención de bienes considerados Patrimonio Cultural del Estado, cuando se considere que contravengan lo dispuesto por esta Ley”.
Sin embargo, la autoridad municipal omitió notificar a la SC sobre la intervención en la finca, informó Julio Herrera, director de Patrimonio Artístico e Histórico de la dependencia: “No nos notificaron, aunque ellos sabían que emitimos un documento para evitar la demolición, así como trabajar con los desarrolladores para hacer una adecuación del inmueble”.
Herrera explicó que cuando se enteró que la casa estaba siendo destruida, mandó una solicitud de detención a la Dirección de Inspección y Vigilancia, así como información sobre el procedimiento. “La propia regulación obliga a que la Secretaría opine o dé un valor importante, aun cuando el ordenamiento normalmente se remite al comité de dictaminación en el que participa la SC. En este caso no se llevó a cabalidad, puesto que el comité nunca vio el caso”.
El funcionario contradice la versión de que el litigo de los propietarios estaba ganado desde hace varios años, incluso mostró documentos que constatan que en julio y diciembre se remitieron oficios a la empresa desarrolladora para buscar un acuerdo de intervención, sin obtener respuesta. “Desde 2009 le hemos dado seguimiento al caso, hay dos juicios de amparo y dos solicitudes en la defensa de la finca; desafortunadamente para nosotros sigue siendo ilegal en razón de que hemos actuado todos estos años”.
Herrera aceptó que de momento no tienen claro qué acciones van a tomar: “Nuestros abogados están viendo lo que haremos, requiere un estudio. Hemos intentado por todas las vías posibles y seguiremos trabajando en el caso”. Lo cierto es que de momento el TAE está de vacaciones y poco puede saberse acerca de ese amparo.
¿Y la ley?
De acuerdo con Carlos Sánchez Sahagún, director de la Asociación de Colonos Residentes de Chapalita, el 20 de mayo la empresa desarrolladora ingresó un recurso en contra del Ayuntamiento, el cual se resolvió el 9 de julio. Esto significa que el litigio se habría ganado pese a que la Ley de Patrimonio Cultural del Estado de Jalisco y sus Municipios y su reglamento estaban vigentes.
Julio Herrera, director de Patrimonio Artístico e Histórico de la SC, niega que la demolición de esta finca signifique que el Inventario de la legislación sea obsoleto, pese a que desconoce si hay más casonas patrimoniales en vías de demolición. “La revisión del catálogo se ha hecho puntual, no podemos trabajar con fantasmas. Sí hemos estado haciendo la socialización del inventario de manera colegiada con las otras autoridades”.
La historia se repite
A finales de septiembre de 2009 se vivió una historia similar en Guadalajara: la empresa española Lar destruyó una finca patrimonial de valor artístico relevante en Avenida Chapultepec y Vidrio.
La Secretaría de Cultura, entonces encabezada por Alejandro Cravioto, había determinado que la casa debía conservarse.
El día 29, vecinos denunciaron que la finca estaba siendo intervenida; la SC acudió con notario para dar fe de su estado y entregar al responsable de Lar una notificación de que la casa era patrimonial.
Esa noche la destruyeron, no obstante que aún estaba en proceso un juicio ante el Tribunal Administrativo del Estado (TAE).
TOMA NOTA
De las sanciones
El artículo 97 de la Ley de Patrimonio señala que las violaciones a los preceptos serán sancionadas administrativamente por la Secretaría de Cultura y los gobiernos municipales, en asuntos de sus respectivas competencias, con una o más de las siguientes sanciones:
• Amonestación
• Restitución del daño producido al bien
• Multa hasta por el doble del valor de la restitución del daño
• Clausura temporal o definitiva, parcial o total
•Suspensión o revocación de las concesiones, licencias, permisos o autorizaciones correspondientes
CRONOLOGÍA
2009
Secretaría de Cultura se opone a la demolición de la finca con una resolución favorable del TAE.
2013
Piden declaratoria, sin embargo ésta no se pudo emitir debido a los vacíos legales de la antigua legislación.
2014
La propietaria solicita un amparo.
Julio a noviembre de 2014
De julio a noviembre SC solicita reuniones con los dueños para buscar un acuerdo de intervención.
Diciembre de 2014
La SC emite oficio para ver en qué forma se conserva y esperan respuesta, pero ellos nunca ingresaron un proyecto que conviviera con la finca.
Julio de 2015
Demolición de la fina sin notificar a la SC.
La finca patrimonial —considerada un símbolo de la Colonia Chapalita y en la cual se pretende construir una torre de 13 niveles— tenía permitido un nivel máximo de intervención de conservación y restauración; sin embargo, fue reducida a escombros.
José Luis Moreno, titular de la Secretaría de Obras Públicas de Guadalajara, refirió que el propietario de la finca se amparó, se fue a litigo y ganó un juicio “desde hace tres o cuatro años”, por lo que el Tribunal de lo Administrativo del Estado (TAE) obligó a la dependencia municipal a autorizar la demolición. “Vienen los documentos firmados por Obras Públicas. Nos ordenan otorgar la licencia de lo contrario nos sancionan hasta con cárcel”.
De acuerdo con el artículo 15 de la citada legislación, es obligación de la Secretaría de Cultura (SC) solicitar a las autoridades municipales “la suspensión y clausura, incluso en forma precautoria, de obras de intervención de bienes considerados Patrimonio Cultural del Estado, cuando se considere que contravengan lo dispuesto por esta Ley”.
Sin embargo, la autoridad municipal omitió notificar a la SC sobre la intervención en la finca, informó Julio Herrera, director de Patrimonio Artístico e Histórico de la dependencia: “No nos notificaron, aunque ellos sabían que emitimos un documento para evitar la demolición, así como trabajar con los desarrolladores para hacer una adecuación del inmueble”.
Herrera explicó que cuando se enteró que la casa estaba siendo destruida, mandó una solicitud de detención a la Dirección de Inspección y Vigilancia, así como información sobre el procedimiento. “La propia regulación obliga a que la Secretaría opine o dé un valor importante, aun cuando el ordenamiento normalmente se remite al comité de dictaminación en el que participa la SC. En este caso no se llevó a cabalidad, puesto que el comité nunca vio el caso”.
El funcionario contradice la versión de que el litigo de los propietarios estaba ganado desde hace varios años, incluso mostró documentos que constatan que en julio y diciembre se remitieron oficios a la empresa desarrolladora para buscar un acuerdo de intervención, sin obtener respuesta. “Desde 2009 le hemos dado seguimiento al caso, hay dos juicios de amparo y dos solicitudes en la defensa de la finca; desafortunadamente para nosotros sigue siendo ilegal en razón de que hemos actuado todos estos años”.
Herrera aceptó que de momento no tienen claro qué acciones van a tomar: “Nuestros abogados están viendo lo que haremos, requiere un estudio. Hemos intentado por todas las vías posibles y seguiremos trabajando en el caso”. Lo cierto es que de momento el TAE está de vacaciones y poco puede saberse acerca de ese amparo.
¿Y la ley?
De acuerdo con Carlos Sánchez Sahagún, director de la Asociación de Colonos Residentes de Chapalita, el 20 de mayo la empresa desarrolladora ingresó un recurso en contra del Ayuntamiento, el cual se resolvió el 9 de julio. Esto significa que el litigio se habría ganado pese a que la Ley de Patrimonio Cultural del Estado de Jalisco y sus Municipios y su reglamento estaban vigentes.
Julio Herrera, director de Patrimonio Artístico e Histórico de la SC, niega que la demolición de esta finca signifique que el Inventario de la legislación sea obsoleto, pese a que desconoce si hay más casonas patrimoniales en vías de demolición. “La revisión del catálogo se ha hecho puntual, no podemos trabajar con fantasmas. Sí hemos estado haciendo la socialización del inventario de manera colegiada con las otras autoridades”.
La historia se repite
A finales de septiembre de 2009 se vivió una historia similar en Guadalajara: la empresa española Lar destruyó una finca patrimonial de valor artístico relevante en Avenida Chapultepec y Vidrio.
La Secretaría de Cultura, entonces encabezada por Alejandro Cravioto, había determinado que la casa debía conservarse.
El día 29, vecinos denunciaron que la finca estaba siendo intervenida; la SC acudió con notario para dar fe de su estado y entregar al responsable de Lar una notificación de que la casa era patrimonial.
Esa noche la destruyeron, no obstante que aún estaba en proceso un juicio ante el Tribunal Administrativo del Estado (TAE).
TOMA NOTA
De las sanciones
El artículo 97 de la Ley de Patrimonio señala que las violaciones a los preceptos serán sancionadas administrativamente por la Secretaría de Cultura y los gobiernos municipales, en asuntos de sus respectivas competencias, con una o más de las siguientes sanciones:
• Amonestación
• Restitución del daño producido al bien
• Multa hasta por el doble del valor de la restitución del daño
• Clausura temporal o definitiva, parcial o total
•Suspensión o revocación de las concesiones, licencias, permisos o autorizaciones correspondientes
CRONOLOGÍA
2009
Secretaría de Cultura se opone a la demolición de la finca con una resolución favorable del TAE.
2013
Piden declaratoria, sin embargo ésta no se pudo emitir debido a los vacíos legales de la antigua legislación.
2014
La propietaria solicita un amparo.
Julio a noviembre de 2014
De julio a noviembre SC solicita reuniones con los dueños para buscar un acuerdo de intervención.
Diciembre de 2014
La SC emite oficio para ver en qué forma se conserva y esperan respuesta, pero ellos nunca ingresaron un proyecto que conviviera con la finca.
Julio de 2015
Demolición de la fina sin notificar a la SC.
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