Cultura
Los anteojos de Barskerville
Nuestro patrimonio subacuático
Uno de los objetivos del plan espacial de Estados Unidos ha sido explorar desde el espacio, por medio de satélites y una sofisticada tecnología, la existencia de recursos naturales aprovechables. Ha ofrecido a los países, con este tipo de recursos, apoyo técnico y financiero para la exploración terrestre y acuática. Diversas empresas norteamericanas han propuesto a México encabezar técnica y materialmente exploraciones para la localización de riquezas que yacen en el fondo de nuestro territorio marítimo.
En septiembre de 1984, por ejemplo, la Secretaría de Marina autorizó a la empresa norteamericana Oftech, Inc. labores de investigación, exploración y rescate de barcos hundidos en nuestros mares, otorgando el 40% de lo rescatado como pago a la empresa. Los contratos dejaban este patrimonio en manos extranjeras, sin reconocimiento en tareas de investigación académica y sin solvencia moral, pues se dedican al comercio de estos bienes.
La Secretaría de Marina otorgó los permisos contrato, sin la participación de instituciones especializadas, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), por ejemplo, y en 1987 la empresa procedió al rescate del galeón español "Nuestra Señora de Los Juncales", que naufragó frente al Puerto de Veracruz en el año de 1631.
Ante la insistencia del INAH, en 1988 se suspenden los trabajos, al demostrar a la Secretaría de Marina que la expedición autorizada no tenía carácter de investigación oceanográfica, sino de rescate de un monumento histórico con una vasta riqueza, en el cual debía participar el Instituto Nacional de Antropología e Historia.
El caso del mayor hallazgo de un barco hundido en aguas territoriales españolas, realizado por la empresa estadounidense Odyssey Marine Exploration, aunque es claro, los intereses han buscado confundir. Se trata de17 toneladas de monedas de plata y oro con un costo aproximado de 500 millones de dólares, reclamadas por los gobiernos de España, Perú y ahora Bolivia.
Pero, ¿qué pasa con la empresa Odyssey, que ha realizado una considerable inversión para tener en la zona de Gibraltar al Odyssey Explorer, que controla el robot submarino Zeus Hércules, con el que se debió hacer la extracción del tesoro, y el Ocean Alert, que asiste al primero? Pues al parecer nada. Un juez estadounidense ha emitido una orden que reafirma la total pertenencia a España de todo lo encontrado en el lugar del hundimiento.
El criterio fue que todo lo hallado en el lugar del hundimiento es de soberanía española. Y es así, la división del territorio marítimo reconoce a cada país un porcentaje de las aguas internacionales. Sin embargo, algo tendrán que hacer con la empresa.
México debe tomar nota y poner al día su legislación. En 1988, el entonces diputado del extinto Partido Popular Socialista (PPS) Héctor Colio Galindo presentó una interesante iniciativa que proponía adicionar una fracción al artículo 36 de la Ley Federal sobre Monumentos, para que los restos o fragmentos de embarcaciones hundidas, denominados pecios, en aguas interiores y demás zonas marinas de jurisdicción nacional fueran considerados patrimonio histórico-cultural, “sujetos al cumplimiento de un Programa Nacional de Investigación del Patrimonio Cultural Submarino”.
Considérese que durante más de tres siglos de coloniaje, se registraron importantes naufragios de embarcaciones españolas, inglesas y francesas, frente a las costas mexicanas. Por otro lado, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), de la que México es parte, reconoce este tipo de patrimonio como “subacuático”. Sin embargo, desde la iniciativa citada, nada se ha hecho. Es un tema que ni siquiera figura en la agenda legislativa.
En septiembre de 1984, por ejemplo, la Secretaría de Marina autorizó a la empresa norteamericana Oftech, Inc. labores de investigación, exploración y rescate de barcos hundidos en nuestros mares, otorgando el 40% de lo rescatado como pago a la empresa. Los contratos dejaban este patrimonio en manos extranjeras, sin reconocimiento en tareas de investigación académica y sin solvencia moral, pues se dedican al comercio de estos bienes.
La Secretaría de Marina otorgó los permisos contrato, sin la participación de instituciones especializadas, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), por ejemplo, y en 1987 la empresa procedió al rescate del galeón español "Nuestra Señora de Los Juncales", que naufragó frente al Puerto de Veracruz en el año de 1631.
Ante la insistencia del INAH, en 1988 se suspenden los trabajos, al demostrar a la Secretaría de Marina que la expedición autorizada no tenía carácter de investigación oceanográfica, sino de rescate de un monumento histórico con una vasta riqueza, en el cual debía participar el Instituto Nacional de Antropología e Historia.
El caso del mayor hallazgo de un barco hundido en aguas territoriales españolas, realizado por la empresa estadounidense Odyssey Marine Exploration, aunque es claro, los intereses han buscado confundir. Se trata de17 toneladas de monedas de plata y oro con un costo aproximado de 500 millones de dólares, reclamadas por los gobiernos de España, Perú y ahora Bolivia.
Pero, ¿qué pasa con la empresa Odyssey, que ha realizado una considerable inversión para tener en la zona de Gibraltar al Odyssey Explorer, que controla el robot submarino Zeus Hércules, con el que se debió hacer la extracción del tesoro, y el Ocean Alert, que asiste al primero? Pues al parecer nada. Un juez estadounidense ha emitido una orden que reafirma la total pertenencia a España de todo lo encontrado en el lugar del hundimiento.
El criterio fue que todo lo hallado en el lugar del hundimiento es de soberanía española. Y es así, la división del territorio marítimo reconoce a cada país un porcentaje de las aguas internacionales. Sin embargo, algo tendrán que hacer con la empresa.
México debe tomar nota y poner al día su legislación. En 1988, el entonces diputado del extinto Partido Popular Socialista (PPS) Héctor Colio Galindo presentó una interesante iniciativa que proponía adicionar una fracción al artículo 36 de la Ley Federal sobre Monumentos, para que los restos o fragmentos de embarcaciones hundidas, denominados pecios, en aguas interiores y demás zonas marinas de jurisdicción nacional fueran considerados patrimonio histórico-cultural, “sujetos al cumplimiento de un Programa Nacional de Investigación del Patrimonio Cultural Submarino”.
Considérese que durante más de tres siglos de coloniaje, se registraron importantes naufragios de embarcaciones españolas, inglesas y francesas, frente a las costas mexicanas. Por otro lado, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), de la que México es parte, reconoce este tipo de patrimonio como “subacuático”. Sin embargo, desde la iniciativa citada, nada se ha hecho. Es un tema que ni siquiera figura en la agenda legislativa.
Síguenos en