Cultura
Los Anteojos De Baskerville
Un hecho absurdo
Hace un par de días se dio a conocer en diversos medios impresos, particularmente alemanes, la “poca pericia e inexperiencia del gobierno mexicano” en el caso de la Colección Patterson. Lo anterior, debido a que la justicia alemana está por desechar la demanda que busca devolver a México los cientos de piezas de arte prehispánico que conforman dicha colección.
La prensa alemana da como inminente el fallo en contra de diversos países latinoamericanos que reclaman el lote de mil 30 piezas arqueológicas que por el momento pertenecen al germano-costarricense Leonardo Patterson, quien también por el momento es un presunto contrabandista de bienes culturales.
Fue a finales de abril de 2008 cuando el gobierno alemán incautó la colección que Patterson sacó ilegalmente de España, valuada en 100 millones de dólares.
Existe una serie de reportes del diario Süddeutsche Zeitung, en donde se explican los dos elementos determinantes para que Patterson esté a punto de ganar el caso. La confusión provocada, según el diario, por las autoridades al querer aplicar una ley relativamente nueva para restituir patrimonio expoliado, así como la poca pericia o “inexperiencia” que ha demostrado México y otros países para reclamar su patrimonio.
Cuesta trabajo creer lo anterior, teniendo nuestro país una cantidad importante de expertos en la materia de instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y el Comité Nacional Mexicano del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (Icomos). Sin embargo, también cuesta trabajo entender que ninguna autoridad mexicana haya reclamado nada cuando el lote fue ubicado inicialmente en España. En ese momento, sólo Perú reclamó su patrimonio ante Madrid.
Ahora bien, según el diario Süddeutsche Zeitung, el INAH dijo desconocer el estado que guarda el proceso de reclamación. Si esto es así, no sólo sería un hecho absurdo, sino que también nos llevaría a creer que todo lo que se dice es verdad, sin que nos cueste trabajo. Sería absurdo que el presunto traficante de bienes culturales, Leonardo Patterson, ganara el caso y que el juez dejara de lado documentos internacionales, tales como la convención sobre las medidas que deben adoptarse para prohibir e impedir la importación, exportación y transferencia de propiedades ilícitas de bienes culturales, aprobada por la conferencia general de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en 1970, misma que inspiró en México la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos. Existe además, para los mismos efectos, la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural UNESCO, aprobada por la Conferencia General en su decimoséptima reunión de 1972, así como la Convención sobre Defensa del Patrimonio Arqueológico, Histórico y Artístico de las Naciones Americanas, conocida también como Convención de San Salvador, aprobada en 1976.
En los años ochenta, el país vivió una disputa similar con la colección de Harald Wagner, quien había comprado en México una parte importante de los murales teotihuacanos, mismos que donó a su muerte al Museo de Young, en San Francisco. Luego de casi una década de negociaciones entre los gobiernos de México y Estados Unidos, acordaron restaurar y compartir los fragmentos de este importante patrimonio. Los argumentos fueron los mismos, por ello, hablar de inexperiencia en el caso Patterson no deja de ser absurdo.
La prensa alemana da como inminente el fallo en contra de diversos países latinoamericanos que reclaman el lote de mil 30 piezas arqueológicas que por el momento pertenecen al germano-costarricense Leonardo Patterson, quien también por el momento es un presunto contrabandista de bienes culturales.
Fue a finales de abril de 2008 cuando el gobierno alemán incautó la colección que Patterson sacó ilegalmente de España, valuada en 100 millones de dólares.
Existe una serie de reportes del diario Süddeutsche Zeitung, en donde se explican los dos elementos determinantes para que Patterson esté a punto de ganar el caso. La confusión provocada, según el diario, por las autoridades al querer aplicar una ley relativamente nueva para restituir patrimonio expoliado, así como la poca pericia o “inexperiencia” que ha demostrado México y otros países para reclamar su patrimonio.
Cuesta trabajo creer lo anterior, teniendo nuestro país una cantidad importante de expertos en la materia de instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y el Comité Nacional Mexicano del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (Icomos). Sin embargo, también cuesta trabajo entender que ninguna autoridad mexicana haya reclamado nada cuando el lote fue ubicado inicialmente en España. En ese momento, sólo Perú reclamó su patrimonio ante Madrid.
Ahora bien, según el diario Süddeutsche Zeitung, el INAH dijo desconocer el estado que guarda el proceso de reclamación. Si esto es así, no sólo sería un hecho absurdo, sino que también nos llevaría a creer que todo lo que se dice es verdad, sin que nos cueste trabajo. Sería absurdo que el presunto traficante de bienes culturales, Leonardo Patterson, ganara el caso y que el juez dejara de lado documentos internacionales, tales como la convención sobre las medidas que deben adoptarse para prohibir e impedir la importación, exportación y transferencia de propiedades ilícitas de bienes culturales, aprobada por la conferencia general de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en 1970, misma que inspiró en México la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos. Existe además, para los mismos efectos, la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural UNESCO, aprobada por la Conferencia General en su decimoséptima reunión de 1972, así como la Convención sobre Defensa del Patrimonio Arqueológico, Histórico y Artístico de las Naciones Americanas, conocida también como Convención de San Salvador, aprobada en 1976.
En los años ochenta, el país vivió una disputa similar con la colección de Harald Wagner, quien había comprado en México una parte importante de los murales teotihuacanos, mismos que donó a su muerte al Museo de Young, en San Francisco. Luego de casi una década de negociaciones entre los gobiernos de México y Estados Unidos, acordaron restaurar y compartir los fragmentos de este importante patrimonio. Los argumentos fueron los mismos, por ello, hablar de inexperiencia en el caso Patterson no deja de ser absurdo.
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