Cultura
'¡Dejen de improvisar!': Gustavo Ángeles García
Presenta análisis sobre el derecho a la cultura durante la Feria Municipal del Libro
GUADALAJARA, JALISCO (27/MAY/2014).- En el marco de la 46 Feria Municipal del Libro y la Cultura se realizó la presentación del libro “Derecho de acceso a la cultura: Análisis del onceavo párrafo del artículo 4º constitucional y su impacto jurídico y cultural” (Taller Editorial La Casa del Mago, 2014), del doctor Gustavo Ángeles García, un texto en el que se aborda la reforma a la carta magna del país que, si bien representa un logro sin precedentes, también genera dudas sobre su aplicación práctica en el contexto que hoy día vive el país.
En palabras de Ángeles García, lo que le indujo a encarar el reto de escribir este libro fue “la continua improvisación o cambio de conducta de los funcionarios públicos en el ámbito de cuestiones vitales para la cultura; porque de acuerdo con el humor con que amanecieron, según un presupuesto que disiente de su voluntad, condiciones sociales, políticas o demandas, es como determinan los cambios o toman decisiones y todo eso llega a ser a veces irracional o emergente, nunca sujetas a una programación o políticas culturales definidas a lo que deban apegarse o con lo que deban regirse”.
PERFIL
Gustavo Ángeles García
Es doctor en Derecho pero, también, escritor, músico, promotor cultural y crítico de las políticas culturales desde diferentes espacios. Fue participado en diferentes proyectos de carácter cultural como las Fiestas de Octubre o la Feria Internacional del Libro (FIL) en Guadalajara, así como en dependencias municipales de cultura; actualmente es jefe del Departamento de Artes, Educación y Humanidades del Centro Universitario de la Costa (CUCosta) de la Universidad de Guadalajara (UdeG), en Puerto Vallarta. Tiene publicado el libro “Arterapia” y éste es su segundo título.
LOS RESPONSABLES
En manos del Estado
De esta forma, aunque no se busca “resolverle al Estado su problema”, establece el autor, el libro “es propositivo; por ejemplo, es claro que CONACULTA, si desea hacer accesible su acervo digital, deberá modificar sus criterios de protección a la propiedad intelectual, regidos por la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI), pero nosotros nos regimos por tratados y convenios internacionales pero ¿tiene entonces la misma estatura de la constitución? O beneficiamos a la sociedad respetando el artículo 4º o modificamos las legislaciones, no sólo federales, estatales o municipales, también las presupuestales, organizativas, educativas y de participación social. Eso sería ir al fondo, responder. Pero ninguno de los tres poderes ha hecho algo por resolver esto”.
Ángeles García sostiene que “estamos muy lejos” de que esta situación cambie, “se requiere de toda la capacidad organizativa y una logística nacional que vislumbro demasiado compleja. No creo existan las personas con la visión de cómo hacer llegar la cultura a la gente para que se la apropie. Todo esto genera más preguntas que respuestas, pero debe contestarlas el Estado; si no tiene la capacidad, habrá que revocarlos y quitarlos”.
TOMAR NOTA
Reforma desapercibida
Ese constante “hacer e inventar”, refiere el investigador, no tiene que ver con la cultura, “cuyo ámbito no es la improvisación. Por eso traté de buscar los documentos para poder acotar estas acciones, y la única manera de lograrlo es a través de leyes.
Esto es un análisis que inició para mí en 2009, tras elevar a rango constitucional el derecho a la cultura; pienso que eso se dio por moda momentánea —se garantizaron derechos a la educación, a la salud, al trabajo, etc— y creo que en ese ambiente pasó un poco desapercibido, pero el Estado tiene domicilio y responsabilidad, la cuestión es que entiende el común de la gente sobre el Estado, que no es un ente amorfo sino una instancia con titulares en los tres niveles de gobierno. Hay que domiciliar los reclamos”.
Esta reforma, detalla el docente universitario, “obliga al Poder Ejecutivo a plantear programas, destinar presupuesto y recursos humanos para llevar a cabo una tarea que se replica en pocos estados (o municipios), pues no tienen ley de cultura; hay un andamiaje internacional vasto de acuerdos, tratados y convenios con otros países en la materia pero aquí, entre los aciertos y los yerros, es lo único que puede conformar la base para hablar de un derecho cultural, que es nuevo pero, como tal, no existe”.
CONTEXTOS
Lo que hay
En este contexto, dice Ángeles García, “lo que hay es un fragmento en el que se da rango constitucional al derecho a la cultura, lo que implica colocar los bienes y servicios en esa área en manos del Estado para que los brinde a la sociedad; pero no se tiene un listado que indique cuáles son esos bienes o servicios”.
Así, lo necesario es que “el Estado debe definir lo que entiende por Cultura; si nosotros la entendemos como toda cuestión antropogénica en la que el hombre añade algo a la naturaleza, eso es ámbito muy amplio y ¿nos dará todo eso el Estado? Ahora, ¿acaso entiende la cultura como las Bellas Artes? Si, además, dice que respetarán todas las manifestaciones culturales ¿cuáles son estas? ¿Qué clase de cultura, occidental u oriental? ¿en qué lengua, originaria o español? Falta método, programa y recursos (sociales y económicos). Asimismo, habla de una ley que regirá estos asuntos, pero no está ni existe. Este vacío es lo que crea empirismo e irresponsabilidad. Eso es grave”.
Con todo, el investigador afirma que la reforma fue importante porque es “un eje que puede transformar las cosas; las otras reformas -energética, hacendaria, etc- yo las considero como cosméticas, porque no mueven cosas de fondo, de raíz. Sin embargo, una reforma en la cultura si puede transformar a la sociedad, porque brinda los elementos para desarrollar el pensamiento crítico, no sólo se trata de información sino de formación. Cumplir y hacer cumplir con esa reforma es obligación del Estado, y no lo ha hecho”.
En palabras de Ángeles García, lo que le indujo a encarar el reto de escribir este libro fue “la continua improvisación o cambio de conducta de los funcionarios públicos en el ámbito de cuestiones vitales para la cultura; porque de acuerdo con el humor con que amanecieron, según un presupuesto que disiente de su voluntad, condiciones sociales, políticas o demandas, es como determinan los cambios o toman decisiones y todo eso llega a ser a veces irracional o emergente, nunca sujetas a una programación o políticas culturales definidas a lo que deban apegarse o con lo que deban regirse”.
PERFIL
Gustavo Ángeles García
Es doctor en Derecho pero, también, escritor, músico, promotor cultural y crítico de las políticas culturales desde diferentes espacios. Fue participado en diferentes proyectos de carácter cultural como las Fiestas de Octubre o la Feria Internacional del Libro (FIL) en Guadalajara, así como en dependencias municipales de cultura; actualmente es jefe del Departamento de Artes, Educación y Humanidades del Centro Universitario de la Costa (CUCosta) de la Universidad de Guadalajara (UdeG), en Puerto Vallarta. Tiene publicado el libro “Arterapia” y éste es su segundo título.
LOS RESPONSABLES
En manos del Estado
De esta forma, aunque no se busca “resolverle al Estado su problema”, establece el autor, el libro “es propositivo; por ejemplo, es claro que CONACULTA, si desea hacer accesible su acervo digital, deberá modificar sus criterios de protección a la propiedad intelectual, regidos por la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI), pero nosotros nos regimos por tratados y convenios internacionales pero ¿tiene entonces la misma estatura de la constitución? O beneficiamos a la sociedad respetando el artículo 4º o modificamos las legislaciones, no sólo federales, estatales o municipales, también las presupuestales, organizativas, educativas y de participación social. Eso sería ir al fondo, responder. Pero ninguno de los tres poderes ha hecho algo por resolver esto”.
Ángeles García sostiene que “estamos muy lejos” de que esta situación cambie, “se requiere de toda la capacidad organizativa y una logística nacional que vislumbro demasiado compleja. No creo existan las personas con la visión de cómo hacer llegar la cultura a la gente para que se la apropie. Todo esto genera más preguntas que respuestas, pero debe contestarlas el Estado; si no tiene la capacidad, habrá que revocarlos y quitarlos”.
TOMAR NOTA
Reforma desapercibida
Ese constante “hacer e inventar”, refiere el investigador, no tiene que ver con la cultura, “cuyo ámbito no es la improvisación. Por eso traté de buscar los documentos para poder acotar estas acciones, y la única manera de lograrlo es a través de leyes.
Esto es un análisis que inició para mí en 2009, tras elevar a rango constitucional el derecho a la cultura; pienso que eso se dio por moda momentánea —se garantizaron derechos a la educación, a la salud, al trabajo, etc— y creo que en ese ambiente pasó un poco desapercibido, pero el Estado tiene domicilio y responsabilidad, la cuestión es que entiende el común de la gente sobre el Estado, que no es un ente amorfo sino una instancia con titulares en los tres niveles de gobierno. Hay que domiciliar los reclamos”.
Esta reforma, detalla el docente universitario, “obliga al Poder Ejecutivo a plantear programas, destinar presupuesto y recursos humanos para llevar a cabo una tarea que se replica en pocos estados (o municipios), pues no tienen ley de cultura; hay un andamiaje internacional vasto de acuerdos, tratados y convenios con otros países en la materia pero aquí, entre los aciertos y los yerros, es lo único que puede conformar la base para hablar de un derecho cultural, que es nuevo pero, como tal, no existe”.
CONTEXTOS
Lo que hay
En este contexto, dice Ángeles García, “lo que hay es un fragmento en el que se da rango constitucional al derecho a la cultura, lo que implica colocar los bienes y servicios en esa área en manos del Estado para que los brinde a la sociedad; pero no se tiene un listado que indique cuáles son esos bienes o servicios”.
Así, lo necesario es que “el Estado debe definir lo que entiende por Cultura; si nosotros la entendemos como toda cuestión antropogénica en la que el hombre añade algo a la naturaleza, eso es ámbito muy amplio y ¿nos dará todo eso el Estado? Ahora, ¿acaso entiende la cultura como las Bellas Artes? Si, además, dice que respetarán todas las manifestaciones culturales ¿cuáles son estas? ¿Qué clase de cultura, occidental u oriental? ¿en qué lengua, originaria o español? Falta método, programa y recursos (sociales y económicos). Asimismo, habla de una ley que regirá estos asuntos, pero no está ni existe. Este vacío es lo que crea empirismo e irresponsabilidad. Eso es grave”.
Con todo, el investigador afirma que la reforma fue importante porque es “un eje que puede transformar las cosas; las otras reformas -energética, hacendaria, etc- yo las considero como cosméticas, porque no mueven cosas de fondo, de raíz. Sin embargo, una reforma en la cultura si puede transformar a la sociedad, porque brinda los elementos para desarrollar el pensamiento crítico, no sólo se trata de información sino de formación. Cumplir y hacer cumplir con esa reforma es obligación del Estado, y no lo ha hecho”.
Síguenos en