Caen detenciones y presos en Jalisco
Macedonio Tamez presume que hay menos impunidad, pero las cifras oficiales remitidas por Transparencia lo contradicen
Aunque el titular de la Coordinación General Estratégica de Seguridad del Estado, Macedonio Tamez Guajardo, asegura que hay menos impunidad, mayor número de detenidos y más personas en la cárcel, las cifras oficiales evidencian otra realidad. En los Informes de labores del Poder Judicial se observa la caída: en 2018 se tuvieron ocho mil 535 detenciones, mientras que el año pasado fueron sólo tres mil 530.
La población penitenciaria de Jalisco en los 14 centros a cargo de la Dirección de Reinserción Social también bajó en los últimos siete años: en 2013 estaban en prisión 16 mil 948 personas; el año pasado, 13 mil 385.
Además, Tamez presume el trabajo de la Fiscalía y contradice la estadística oficial sin demostrarlo: “Lo que importa es el número de presuntos delincuentes vinculados a proceso que ha aumentado gracias a la eficacia de la Fiscalía. Hay más detenidos y más gente vinculada a proceso. Voy a preparar una ficha (aún no se recibe)”.
Sin embargo, la Judicatura reporta que los vinculados a proceso también bajaron entre 2018 y 2019: pasaron de seis mil 078 a tres mil 207 personas, respectivamente.
María Novoa, coordinadora del Programa de Justicia en México Evalúa, apunta que “el problema que tenemos es con los primeros respondientes, que son las Policías. No detienen porque tienen pocas capacidades. No es tanto la supuesta puerta giratoria de que entran y salen los delincuentes, sino que ni siquiera entran porque no los están deteniendo”.
Anuar García, representante de México SOS Capítulo Jalisco, indica que falta una mayor capacitación para los policías.
Durante el año pasado, en Jalisco se abrieron 156 mil 653 carpetas de investigación. Y 18 de 41 delitos del fuero común se incrementaron, como homicidio doloso, personas desaparecidas, violación, abuso sexual, trata de personas, robos con violencia, fraudes, falsificación, amenazas y violencia familiar, entre otros.
La Canaco pide no evadir responsabilidad
Ante los robos y asaltos, Xavier Orendáin, presidente de la Canaco, remarcó: “En algunos puntos, el comercio está dispuesto a colocar guardias, pero sin que esto sustituya la responsabilidad del Gobierno”. Agregó que en el Legislativo se busca que sea una obligación la presencia de guardias armados en plazas comerciales.
| Concepto | 2018 | 2019 |
| Detenidos | 8,535 | 3,530 |
| Ilegales | 3,819 | 1,509 |
| Legales | 4,716 | 2,021 |
| Imputados | 9,046 | 4,849 |
| Vinculados a proceso | 6,078 | 3,207 |
| No vinculados a proceso | 2,369 | 773 |
| Medidas cautelares | 7,582 | 3,675 |
| Prisión preventiva | 3,450 | 1,794 |
| Imputados en libertad | 4,132 | 1,766 |
| Carpetas judicializadas | 23,858 | 11,669 |
Pendientes, 11 mil 134 órdenes de aprehensión y reaprehensión
Entre los años 2013 y 2019, la Fiscalía de Jalisco acumuló siete mil 744 órdenes de aprehensión y tres mil 390 de reaprehensión, que hasta diciembre pasado se encontraban pendientes de ejecutar; es decir, un total de 11 mil 134.
Vía Transparencia, la dependencia también informó que en ese periodo se habían promovido 862 amparos contra las órdenes de detención y 298 en contra de las reaprehensiones.
De acuerdo con el Índice Estatal de Desempeño de Procuradurías y Fiscalías 2019, elaborado por la organización Impunidad Cero, la Entidad tiene una efectividad de 64.9% en el cumplimiento de las órdenes de aprehensión.
En el Primer Informe de la presente administración de Jalisco, se informó que entre enero y septiembre de 2019 se cumplimentaron dos mil 280 órdenes de aprehensión por parte de la Policía Investigadora.
Alfonso Partida Caballero, integrante del Observatorio de Seguridad y Justicia de la Universidad de Guadalajara (UdeG), señala que el problema es el rezago y lo que se sigue acumulando. Explica que las autoridades respondieron vía Transparencia que se archivaron 50 mil órdenes de detención. “Ésta es la realidad, de nada sirve que la gente esté denunciando si todo lo tiran a la basura”.
Lo lamentable, dice, es que se están dejando sin efecto órdenes de aprehensión que son de homicidios. “Esos asesinatos no han prescrito, son homicidios que tienen hasta 25 años, que deben estar siendo investigados. En el caso de las desapariciones forzadas, esas nunca van a prescribir de acuerdo con los tratados internacionales; sin embargo, las vemos archivadas”.
Destaca que esto obedece a la falta de eficacia de la institución, la falta de personal y de profesionalización de los elementos investigadores. “Tienen de cinco a seis agentes del Ministerio Público para 10 mil carpetas de investigación. ¿Dónde creen que va a tener la capacidad el Ministerio Público para hacerlo? Esto no va a funcionar”, añade Partida Caballero.
De acuerdo con el estudio de Impunidad Cero, Jalisco tiene 4.4 agentes del Ministerio Público por cada 100 mil habitantes. Es la segunda Entidad a nivel nacional con la menor cantidad.
“Las detenciones, las puestas a disposición de un juez y las sentencias, son apenas una gota en un océano de delincuencia. De cualquier forma que hagamos la métrica, la autoridad nos sale debiendo y bastante a la sociedad”, subraya el experto de la UdeG.
Durante el año pasado se judicializaron 11 mil 669 carpetas de investigación (de un total de 156 mil 653). De acuerdo con datos de la Fiscalía del Estado, sólo se emitieron mil 551 sentencias condenatorias. En 2013, fueron tres mil 755.
“Ahí está el problema, cada vez hay menos sentencias. Como ciudadanos no sólo queremos ver judicializaciones, queremos ver sentencias”, señala Partida Caballero.
Poder judicial
- Los jueces y magistrados del Poder Judicial de Jalisco capacitaron durante 2018 a cinco mil policías municipales y agentes de tránsito en funciones de primer respondiente.
- En 2019 se capacitaron a dos mil 866 elementos federales, municipales y de la Policía Vial.
Desconozco… voy a investigar eso: Macedonio
Mientras que la población penitenciaria disminuyó en los últimos siete años en el Estado, de acuerdo con datos del Consejo de la Judicatura del Estado también bajó el número de personas detenidas y vinculadas a proceso.
Por ejemplo, mientras en 2018 se realizaron ocho mil 535 detenciones, de las cuales cuatro mil 716 fueron legales, durante el año pasado se registraron sólo tres mil 530. De estas últimas, dos mil 021 fueron legales.
Por otra parte, durante el año pasado se vinculó a proceso a tres mil 207 personas, mientras que en 2018 fue casi el doble, con seis mil 078.
Cuestionado sobre estos datos, el titular de la Coordinación General Estratégica de Seguridad, Macedonio Tamez Guajardo, dijo que investigaría los datos.
—En los últimos años ha reducido la población penitenciaria y el número de detenidos en el Estado, ¿a qué obedece?
—El número de la población penitenciaria es oscilante, sube y baja cada semana, según el Estado, por los diferentes procesos. Lo que importa es el número de presuntos delincuentes vinculados a proceso que se ha aumentado gracias a la eficacia de la Fiscalía del Estado que está en manos de un penalista como es Gerardo Octavio Solís, experto en derecho penal y en derecho procesal penal. No todo mundo vinculado a un proceso penal tiene que estar encarcelado, según el sistema penal acusatorio.
—De acuerdo con datos del Poder Judicial hay también menos personas detenidas y vinculadas a proceso.
—Hay más detenidos y más gente vinculada a proceso. Voy a preparar una ficha.
—La estadística oficial precisa que hay menos detenidos y menos vinculados a proceso.
—Desconozco… voy a investigar eso.
Lento avance en justicia alternativa
A pesar de que los acuerdos reparatorios suscritos a través de la justicia alternativa registraron un aumento en el último año, al resolver 10 mil 644 casos penales, este trabajo avanza lentamente.
Lo anterior significa que del total de denuncias presentadas durante el año pasado (156 mil 653), sólo 6.7% se solucionó por esta vía.
El académico de la UdeG, Alfonso Partida Caballero, recuerda que cuando fue presidente de la Comisión de Implementación de los Juicios Orales en el Estado, “se proyectaba que 48% de los asuntos se resolverían con métodos alternos. Aquí estamos hablando de menos del 7%, claro que necesitan ponerse las pilas”.
Remarca que estos acuerdos han registrado un aumento, pero obedecen a delitos menores como robos de celular, reloj o dinero. “No veo mal eso, el problema son los delitos de alto impacto, los homicidios, los secuestros, los feminicidios, los robos a casa habitación o de vehículo, las extorsiones. Ahí es donde está el problema”.
Subraya que pone en tela de juicio los métodos alternos porque en muchas ocasiones obligan a la gente a llegar a acuerdo aunque no se demuestre la culpabilidad. “Eso no es justicia”. Lo anterior lo hacen para no investigar y ese no es el espíritu de los mecanismos alternos. “Hemos tenido conocimiento en el Observatorio que pasa eso”.
De acuerdo con el estudio Hallazgos 2018 de la organización México Evalúa, Jalisco se ubicó en la antepenúltima posición a nivel nacional en derivar sus procedimientos penales a métodos alternos (sólo 3.8 de cada 100), y en el último lugar en resolverlos por estas vías. “Los Estados que presentaron el mayor porcentaje de procedimientos derivados a la justicia alternativa (resueltos) fueron Veracruz, Sinaloa y Querétaro… mientras que Jalisco, Puebla y Tabasco son los que tuvieron la tasa de resolución más baja”, se destaca en el informe.
Vía Transparencia, la Dirección de Mecanismos Alternativos en Solución de Conflictos de la Fiscalía, informa que al 30 de noviembre del año pasado se habían recuperado 186.3 millones de pesos a través de estos acuerdos reparatorios, y se tenían pendientes los pagos de 72 millones 048 mil pesos.
TELÓN DE FONDO
Reclusorio Metropolitano sigue subutilizado
Durante el año pasado, el Reclusorio Metropolitano alcanzó una población de 383 personas. Es el número más alto desde que comenzó a operar. Pese al aumento se mantiene subutilizado, pues tiene una capacidad para albergar a mil 700 reos.
En febrero de 2013, cuando se puso en marcha este inmueble, las autoridades estatales informaron que permitiría abatir el problema de sobrepoblación de las cárceles estatales y albergaría a reos de máxima peligrosidad.
En el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2019, elaborado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), se informó que es importante prestar atención a los siguientes temas: Falta de prevención de violación a derechos humanos y de atención en caso de detección; insuficiencia de personal de seguridad de custodia; insuficiencia o inexistencia de actividades laborales y de capacitación.
Algunos en los que se consideró que había una apropiada atención son: distribución de las personas privadas de la libertad; servicios de salud; autogobierno e inexistencia de actividades ilícitas; actividades educativas, entre otros.
La actual administración estatal no ha dado a conocer alguna inversión para intervenir los centros penitenciarios. Sin embargo, el pasado 12 de enero, a través de sus redes sociales, el gobernador informó que la Asociación Americana de Correccionales acreditó a este inmueble por cumplir con los 137 estándares internacionales que se requieren para estar en funcionamiento.
Aunque no dieron a conocer los proyectos de intervención, en el documento del Primer Informe de Actividades del Ejecutivo estatal se aseguró que el nuevo modelo de reinserción social está basado en un marco de protección y respeto a los derechos humanos.
El modelo trabaja a partir de cinco ejes: integridad personal del interno, atención y mantenimiento de la salud de los internos, condiciones de gobernabilidad, armonización de las normas relativas al Sistema Penitenciario Estatal con la Ley Nacional de Ejecución Penal, capacitación para el trabajo y formación educativa, y atención a internos con requerimientos específicos.
| Centro penitenciario | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Comisaría de Prisión Preventiva | 7,427 | 7,526 | 7,385 | 6,629 | 5,854 | 5,875 | 6,539 |
| Comisaría de Sentenciados | 6,084 | 6,585 | 6,478 | 5,984 | 5,788 | 4,864 | 4,217 |
| Comisaría del Reclusorio Femenil | 504 | 579 | 585 | 523 | 473 | 420 | 433 |
| Comisaría del Reclusorio Metropolitano | 46 | 105 | 197 | 271 | 306 | 362 | 383 |
| Reclusorio de Puerto Vallarta | 868 | 1,037 | 857 | 696 | 632 | 647 | 597 |
| Reclusorio de Ciudad Guzmán | 948 | 987 | 865 | 787 | 770 | 834 | 740 |
| Centro Integral de Justicia Regional de Tepatitlán | 146 | 137 | 80 | 64 | 38 | 66 | 53 |
| Centro Integral de Justicia Regional de Tequila | 84 | 83 | 79 | 55 | 53 | 48 | 44 |
| Centro Integral de Justicia Regional de Lagos | 128 | 169 | 117 | 116 | 86 | 93 | 83 |
| Centro Integral de Justicia Regional de Ameca | 53 | 58 | 48 | 59 | 56 | 67 | 50 |
| Centro Integral de Justicia Regional de Autlán | 79 | 113 | 87 | 78 | 45 | 48 | 66 |
| Centro Integral de Justicia Regional de Chapala | 182 | 163 | 166 | 126 | 160 | 131 | 135 |
| Centro de Observación, Clasificación y Diagnóstico de Jalisco | 212 | 187 | 113 | 86 | 29 | 15 | 16 |
| Centro de Atención Integral Juvenil | 187 | 190 | 147 | 125 | 85 | 63 | 29 |
* Corte al 26 de noviembre.
Fuente: Dirección General de Prevención y Reinserción Social.
Lamentan lentitud en los procesos
La semana pasada, Carlos y sus acompañantes tenían cinco horas en la Calle 14 a la espera de ingresar a las instalaciones de la Fiscalía del Estado para ampliar la declaración y dar continuidad a la denuncia que presentaron en septiembre pasado por robo a negocio.
Fueron citados a las 15:00 horas, pero pasadas de las 20:00 apenas les estaban informando que ya pronto ingresarían.
“Es día que todavía no se resuelve y estamos intentando que se dé con los responsables, para que se tenga alguna responsabilidad penal. Sí se tardan mucho, somos víctimas y nos tienen aquí muchísimo tiempo”.
Carlos explica que hace cinco meses, unas personas ingresaron armadas a un negocio de abarrotes ubicado en el municipio de Guadalajara y se llevaron tres mil pesos en mercancía. “Estamos tratando de integrar el expediente, vienen y nos entrevistan y demás, pero no sale todavía el asunto”.
Debido a que no tenían cámaras de vigilancia en la tienda de abarrotes, los testigos de los hechos destacan que tienen “la pura memoria” de quienes cometieron el delito.
Aunque ya se presentó la denuncia y los documentos necesarios sobre el robo, añade que ha estado tardado el proceso. “Hoy nos citaron desde muy temprano y realmente no nos han atendido”.
Desde que se abrió la carpeta de investigación, dice, han acudido como en cuatro ocasiones a la Fiscalía para ampliar la información. “Representa gasto y tiempo. Queremos justicia y realmente liquidar el asunto, ya no más vueltas, y que sí enfrenten alguna responsabilidad penal estos delincuentes”.
Las autoridades les informan que “sí están tras la pista, que probablemente han participado en más robos, pero ahí va el asunto”.
La víctima de robo señala que hay lentitud en los procesos, pero comprende que es muy poco el personal. “Sí que son lentos, tampoco es toda la culpa del sistema, es muchísima la delincuencia que hay, pero a ver qué pasa”.
Percepción de inseguridad
- De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, durante el último trimestre de 2019 aumentó la percepción de inseguridad en los municipios de Tonalá, Zapopan y Tlajomulco.
- El último es una de las 19 ciudades que reportaron mayor crecimiento: pasó de 72.5% a 80.5 por ciento. Tonalá, de 76.9% a 82.1%, y Zapopan, de 68.4% a 69.3 por ciento.
- Los municipios de Jalisco que presentaron una baja fueron Guadalajara, Puerto Vallarta y Tlaquepaque.
- El dirigente de la Canaco Guadalajara, Xavier Orendáin, subraya que entre las deficiencias en materia de seguridad está precisamente la percepción de inseguridad, que es muy grave. “Aunque la estadística muestre que los delitos bajan, la percepción de la gente, en lo general, no es de sentir una mayor seguridad”.
- De acuerdo con los resultados de la última encuesta, durante diciembre pasado siete de cada 10 personas encuestadas de 18 años y más consideró que vivir en su ciudad es inseguro.
LA VOZ DEL EXPERTO
Necesario, fortalecer a los primeros respondientes
María Novoa (coordinadora del Programa de Justicia en México Evalúa)
La integrante de la organización México Evalúa destaca que es necesario fortalecer a los policías sobre su labor como primeros respondientes, para que lleven las detenciones con las garantías y el debido proceso. También en el llenado del Informe Policial Homologado (IPH), pues es uno de los principales problemas a los que se enfrentan los elementos.
“Estos policías, sobre todo los municipales, tienen menos capacidades y condiciones, realmente no han recibido la capacitación ni todas las condiciones necesarias para llevar a cabo esta primera etapa del proceso de la mejor manera posible”.
Insiste en que es un “grave problema” en la operación del nuevo sistema de justicia penal. “Es en esta etapa inicial donde no se está llevando a cabo bien. Si no se detiene o se detiene mal, el proceso se para, no continúa, y ahí es donde vemos estas estadísticas que no son nada favorables”.
Uno de los motivos por los que los policías deciden no llevar a cabo las detenciones, es porque saben que a la par se inicia un proceso penal. “Y como no lo hacen con el debido proceso y garantizando derechos, entonces el incentivo es no hacer y no llevar la detención, entonces se está viendo esa baja en forma impresionante”.
Señala que los policías no tienen incentivos para concretar las detenciones hasta sus últimas consecuencias.
GUÍA
Presentarán nueva reforma penal
- Aunque se tenía previsto que el pasado 1 de febrero se presentara la propuesta para una nueva reforma penal, como lo anunció a mediados de enero pasado el fiscal General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, esto se pospuso para el transcurso de este mes.
- El 15 de enero pasado, el fiscal sostuvo una reunión de trabajo con la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado de la República, en la que expuso los problemas a los que se enfrenta el sistema de justicia penal del país, y adelantó algunos de los cambios en los que se trabaja.
- Se prevé que se presenten dos proyectos de reforma, una de procuración de justicia en la que trabaja la Fiscalía y otra en materia de administración de justicia a cargo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
- Durante el mensaje que rindió ante la Jucopo, Gertz Manero acentuó que en materia de justicia cívica, el Estado tiene que hacerse cargo porque es su función primaria de reparar el daño cuando no lo repara el causante. “Después se promoverá el trabajo comunitario para fortalecer las redes sociales y los valores cívicos”.
- Con relación al Código Penal Nacional comentó que se deben homologar todos los delitos, su tipicidad y agravantes en una sola ley que le dé certeza y equilibrio a la defensa social en todo el país. “No podemos tener 32 Códigos porque, al final de cuentas, si no hay una homologación de defensa social, no puede haber tampoco una homologación de defensa de cada una de las personas”. Esto, dijo, en lugar de mejorar el sistema de justicia penal lo complica.
- Entre los temas a conservar se encuentran la oralidad y la transparencia, “y realmente tener una compactación”.
- En la Ley Nacional de Ejecución Penal se debe fortalecer la readaptación social. Sobre los primodelincuentes subrayó que deben tener cárceles abiertas para no convertirlas en alumnos de las escuelas del crimen.
- Resaltó que todos los reincidentes tienen que ir a la cárcel, y los centros penitenciarios deben ser centros de productividad, industria y capacitación, “para que realmente ahí se preparen. Uno no puede obligar a alguien a que trabaje, pero el juez sí puede decir: Pena mínima para el que se readapte y pena con agravantes para el que no quiera”.
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