El ex fiscal Luis Carlos Nájera regresó al gabinete de Aristóteles Sandoval. Ayer el gobernador lo presentó como el nuevo secretario del Trabajo, con la encomienda de aumentar los salarios de los trabajadores de Jalisco, una tarea en la que deberá coordinarse con las cúpulas empresariales (es uno de los cinco retos que el Ejecutivo se propuso para el cierre de la administración).

Mientras Coparmex y Canaco respaldaron a Nájera, diputados y académicos criticaron su perfil y lamentaron que sea el cuarto secretario del Trabajo en cinco años de administración.

Buscaremos mejorar el salario de los trabajadores: Nájera

Incrementar los salarios de los trabajadores de Jalisco, en conjunto con los patrones, y proteger sus derechos laborales, serán los objetivos a cumplir del nuevo secretario de Trabajo y Previsión Social del Estado, el ex fiscal Luis Carlos Nájera.

“Buscaremos con los empleadores mejorar el salario de los trabajadores y, en ese tenor, haremos nuestro mejor esfuerzo”, señaló ayer Nájera, acompañado del gobernador Aristóteles Sandoval.

Al cuarto trimestre del 2017, el 63.15% de la población ocupada, es decir, poco más de dos millones 300 mil jaliscienses, ganan tres salarios mínimos diarios o menos, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), por lo que el reto de Nájera es importante.

Durante la presentación del nombramiento en Casa Jalisco, el gobernador aseguró que Nájera impondrá un “orden fundamental requerido, si bien es una secretaría que ha generado resultados y ha venido avanzando”.

Además, Aristóteles Sandoval atribuyó a su nuevo secretario del Trabajo “contacto y cercanía con el sector empresarial y los trabajadores. Él ha tenido una trayectoria en la vida pública en el sector de seguridad, pero ha ampliado sus conocimientos en Derecho y hemos determinado su inclusión de vuelta al Gobierno de Jalisco para cerrar la administración en un orden fundamental que se requiere en la Secretaría del Trabajo”, añadió el mandatario.

Nájera, quien fuera el fiscal general del Estado entre los años 2013 y 2015, suplirá a Tomás Figueroa Padilla, quien salió el mes pasado para postularse a una diputación.

PERFIL

Empresarios respaldan nombramiento

Las cúpulas empresariales respaldaron ayer el nombramiento de Luis Carlos Nájera. Para la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) de Guadalajara, Jalisco ha sido una de las Entidades federativas que más han creado empleos en los últimos meses, alcanzando cifras récord, por lo que exhortan al recién nombrado secretario del Trabajo a seguir con las mejoras en lo que resta de la administración.

“Le exhortamos a continuar realizando mejoras que nos permitan mantenernos como uno de los Estados más pujantes en generación de fuentes de trabajo de calidad. Estamos listos para sumar esfuerzos al lado no sólo del sector Gobierno, sino de las organizaciones empresariales”, señaló la organización en un comunicado.

Por su parte, la Coparmex en Jalisco le recordó al nuevo titular los retos pendientes en materia laboral: mantener la paz y estabilidad laboral, garantizar las condiciones para el fomento al empleo, acelerar el proceso de representantes de las Juntas, ejercer el presupuesto de manera responsable, así como el combate a los abusos en materia de inspección al sector empresarial. Respecto a la posible aprobación de la reforma laboral, el organismo encabezado por Mauro Garza señaló que “es importante que la persona al frente pueda afrontar la transición, por lo que reconocemos la apertura y capacidad que ha demostrado Nájera en la generación de acuerdos y diálogo entre el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial”.

Falta de presupuesto e incertidumbre detienen reforma laboral en Jalisco

La falta de presupuesto y el desconocimiento de cómo se implementará la última reforma laboral, es decir, el traspaso de los conflictos laborales de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje al Poder Judicial (pactado para este mes de febrero), es otro reto más a enfrentar por el nuevo secretario de Trabajo, Luis Carlos Nájera.

Aristóteles Sandoval, gobernador de Jalisco, reconoció en su momento que la falta de presupuesto podía llevar al fracaso la nueva justicia laboral. En el 2017 se destinaron 154 millones de pesos a la impartición de justicia laboral y se solicitaron 174 millones para este 2018.

Ricardo Suro Esteves, magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco, solicitó a inicios de febrero mil 800 millones de pesos para afrontar las reformas al sistema de justicia, incluyendo los nuevos centros de conciliación pactados en la reforma laboral.

“Es fundamental un presupuesto base para hacer frente a las reformas que tenemos en este año, y para abrir más juzgados”.

La nueva reforma pretende agilizar la justicia; es decir, resolverse los casos de manera más pronta y expedita, declaró el anterior secretario de Trabajo, Tomás Figueroa. “Si le apostamos a este órgano con especialistas en materia de conciliación vamos a tener menos juicios laborales que lleguen a los tribunales”.

Sin embargo, sindicatos, cúpulas empresariales y expertos tienen dudas sobre la capacidad del Poder Judicial en resolver los casos.

“No está preparado para asumir la jurisdicción y los juicios, no tiene personal preparado ni presupuesto asignado”, señaló en su momento Antonio Álvarez Esparza, secretario general de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) de Jalisco.

Por su parte, Jorge Barajas, ex titular del Centro de Reflexión y Acción Laboral (Cereal), señaló que el Poder Judicial de Jalisco  “tiene sus propios retrasos, vicios y corrupciones. Nadie sabe explicar cómo pasará un caso al Poder Judicial tras la reforma”.

No obstante, la Secretaría del Trabajo ya ha conformado una mesa de trabajo a nivel estatal para trabajar la transición, al lado de la Junta Local de Conciliación, el Poder Judicial y la iniciativa privada representada por la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

Rezago creciente, tónica de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje

Con apenas el 50% de las demandas laborales judiciales resueltas en 2017, y con un acumulado total de 81 mil 092 expedientes activos, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje incrementó su rezago en el último año a la espera de traspasar la justicia laboral al Poder Judicial del Estado, contemplada en la reforma laboral federal.

En su último año completo de operaciones, la Junta de Conciliación dejó sin resolver más de 12 mil demandas de las 24 mil 509 presentadas. Y de ese número, apenas dos mil 212 (9%) se han resuelto mediante jurisdicción o laudos.

La meta de resolución de casos para el 2017 era de 15 mil 480, de acuerdo con el Monitoreo de Indicadores de Desarrollo (MIDE), pero la Secretaría del Trabajo justificó este incumplimiento “dado la falta de personal y el sobrepaso de trabajo acumulado desde los años anteriores”.

En el año 2016 se resolvieron 15 mil 476 juicios laborales resueltos por cualquier vía, por lo que la efectividad de resolución se redujo al 15 por ciento.

Elke Tepper, titular de la Junta Local, indicó que de los 81 mil 092 expedientes rezagados, 47 mil 233 (58.24%) tienen más de tres años.

Otros problemas relacionados son la corrupción y el estado de las nuevas instalaciones inauguradas a principios de 2017.

Sobre el primer caso, usuarios denuncian que la corrupción de los abogados laborales detiene la resolución de las demandas. “Si meten gente joven a la Junta Local, que conozca verdaderamente del tema laboral, ellos sí podrían combatir el rezago. Hay que cambiar a la gente corrupta”, aseveró el señor Cortés, un entrevistado para conocer la operación de la dependencia.

Respecto a la infraestructura, trabajadores denunciaron calor excesivo en el edificio y encharcamientos pasados. La nueva sede se inauguró en junio de 2017 y tuvo un costo de 88 millones de pesos.

Disminuye la desocupación

De acuerdo con la última Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), durante 2017 la población desocupada en Jalisco se situó en 110 mil 347 personas, con una tasa de desocupación de 2.9 entre la Población Económicamente Activa. La encuesta dio a conocer que la tasa consiguió una disminución respecto al año previo, en el que Jalisco alcanzó una tasa de 3.3 respecto a la última publicación de la ENOE de 2016, cuando aún había 122 mil 827 jaliscienses desocupados.

Con la tasa actual de 2.9 personas en desocupación por cada mil habitantes, el Estado se posiciona por debajo de la media nacional, que alcanza una tasa promedio de 3.3 (con un millón 830 mil 793 personas desocupadas del total de la Población Económicamente Activa), que se refiere a la población de 15 años o más con disponibilidad para producir bienes y servicios en el país.

Según los resultados de la ENOE, Jalisco se posiciona en el lugar número 21 de las 32 entidades con el mayor número de desocupación.

Mientras Guerrero tiene la tasa más baja (1.6 personas en desocupación por cada mil habitantes), Tabasco tiene el mayor rezago (6.9).

Jalisco alcanzó en 2017 una de las tasas de desocupación más bajas de los últimos cuatro años.

El reto, empleos de calidad

Aunque el coordinador del Centro de Reflexión y Acción Laboral (Cereal), Miguel Ángel Álvarez, admitió que Luis Carlos Nájera es un hombre preparado en temas de seguridad, el nuevo secretario del Trabajo “carece” del conocimiento y experiencia técnica en cuestiones de índole laboral. “Es un hombre preparado, pero en otra área”.

En cuanto a los principales retos aseguró que si bien el Gobierno ha generado cifras históricas en creación de empleos, “se trata de empleos precarios que pagan por debajo de los dos salarios mínimos”. En este contexto, uno de los mayores problemas que enfrenta Nájera es la generación de empleos de calidad con mayor certidumbre jurídica y salarios que permitan una vida digna.

Otro de los retos es la restructuración de la Secretaría del Trabajo, pues si en Jalisco existen 55 mil unidades económicas, según la Secretaría de Economía, apenas 40 inspectores se encargan de vigilar el cumplimiento de las condiciones laborales y de seguridad e higiene.

En lo que refiere al avance en justicia laboral, consideró que además de mejorar las condicionales salariales de los funcionarios de las Juntas de Conciliación y Arbitraje para evitar la corrupción, se deben contratar más profesionistas que respondan a las necesidades actuales, pues “hay juntas que están rebasadas por la excesiva carga de trabajo”.

Lo que se requiere es una reestructura al sistema de justicia, pues la actual “estructura es obsoleta y está viciada”.

En cuanto a las ventajas de que la Junta  pase a manos del Poder Judicial, explicó que sólo existirá un juzgador y que implicará mayor profesionalización de los jueces.

Cuestionan perfil y enlistan pendientes

De acuerdo con Ángel Guillermo Ruiz, académico del Departamento de Derecho Social de la Universidad de Guadalajara, la llegada de Luis Carlos Nájera a la Secretaría de Trabajo pone en duda la seriedad en el perfil requerido para su titular, pues si bien el gobernador informó durante la rueda de prensa que el ex fiscal amplió sus conocimientos en Derecho, el puesto debería ser ocupado por un experto en justicia laboral.

“Parece ser que es más un sitio de la tarea política que de labor jurídica. En esta época de la reforma de justicia laboral, sin denostar a nadie, preocupa que quienes vayan a implementar aquí en Jalisco el tema no tengan un perfil dedicado. Es evidente que estaría mejor que se operara por alguien que tenga pleno conocimiento del tema”.

Agregó que el principal reto que tendrá que enfrentar Nájera, además de los establecidos por el gobernador, será demostrar que se puede realizar una buena gestión dentro de la Secretaría, sobre todo, una vez que sea expedida la instrumentación de la reforma a la Ley del Trabajo a finales de este febrero, pues Jalisco deberá estar preparado para su implementación a nivel local.

Por su parte, Ignacio Román, investigador del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), especialista en temas de empleo y política económica, acentuó que la importancia de que el nuevo secretario tenga conocimientos en derecho laboral reside en la coyuntura de la transición del esquema de Juntas de Conciliación y Arbitraje al Poder Judicial.

Señaló también que, si bien Jalisco es el primer lugar en generación de empleos, los retos para el nuevo secretario serán mantener el puesto y generar las condiciones necesarias para que los sueldos y las prestaciones de estos sean de calidad para los jaliscienses, y que la creación de políticas públicas sean creadas de una forma adecuada para cada sector laboral.

Por su parte, Christian Sánchez Jáuregui, secretario ejecutivo del Instituto de Investigación en Políticas Públicas y Gobierno de la UdeG, comentó que los constantes cambios en la Secretaría del Trabajo le resta seriedad a las políticas públicas del Gobierno en la materia, pues se ha usado la dependencia como agencia de colocación para “cuates”.

“Ni Almaguer ni Pizano ni Figueroa… de ninguno hay cualidades para ser secretario del Trabajo. Sus razones políticas tendrán para el nombramiento”.

Afirmó que el reto planteado por el gobernador para aplicar los bonos de productividad, como estrategia para aumentar el sueldo de los empleos, “no es viable”, pues no ataca la causa de origen del bajo nivel salarial.

Para Augusto Chacón, director del Observatorio Ciudadano Jalisco Cómo Vamos, los principales pendientes a  los que tendrá que enfrentarse Nájera serán la reestructura dentro de la propia Secretaría, una vez que las Juntas de Conciliación pasen a manos del Poder Judicial, el mantenimiento de la certeza jurídica para las empresas empleadoras y las negociaciones sobre las condiciones adecuadas respecto a los salarios de los trabajadores jaliscienses. “No es sólo la creación de cantidad de empleos, si no que esos empleos produzcan a la gente los mínimos necesarios, cuando menos para que la gente tenga una satisfacción de ingresos para adquirir lo necesario para sobrevivir”.

¿Y los “talibanes”?

En el arranque de la administración de Aristóteles Sandoval se denunció la operación de los llamados abogados “talibanes” en la Junta Local, quienes habían ganado millonarias demandas con declaraciones falsas o actos fraudulentos.

La Secretaría del Trabajo de Jalisco reveló en 2013 que 66 “talibanes” representaban tres mil juicios con este tipo de irregularidades, en detrimento del patrimonio de empresarios, asociaciones (como el Banco Diocesano de Alimentos) y organismos públicos (como el SIAPA). En 2014, la dependencia entregó un resumen de los despachos en los que trabajan estos abogados y tan sólo ocho grupos acumulan ocho mil 538 juicios. “Ellos (los ‘talibanes’) no figuran ni firman la demanda hasta la comparecencia a la primera audiencia, esto lo hacen para evitar la falsedad en declaración ante una autoridad (porque se representa el demandante)”, se precisaba en un documento oficial.

Dos semanas antes de dejar la Secretaría del Trabajo, Eduardo Almaguer corrigió que en sólo cuatro de esos ocho despachos estaban los “talibanes”. El problema es que ninguno estaba en la cárcel.

Si en 2013 esos abogados tenían en sus manos tres mil juicios, en 2015 ya estaban detrás de “tres mil 594”.

Tras las denuncias de Almaguer, el Congreso de Jalisco aprobó una reforma al Artículo 154 del Código Penal para castigar las malas prácticas de los abogados conocidos como “talibanes”. La modificación consistió en la tipificación del delito de fraude procesal contra abogados, intérpretes y testigos que simulen actos jurídicos para obtener una sentencia contraria a la verdad en materia judicial, administrativa o penal.

Ahora las sanciones se aplican a quien simule un acto, altere elementos de prueba presentándolos en juicio o en trámite, presente testigos con documentos de prueba falsos, induzcan a testigos, peritos e intérpretes a faltar a la verdad. Los castigos son cárcel de entre tres y seis años y una multa de hasta 500 días de salario mínimo (35 mil pesos).

Con esta ley se pretende brindar a las autoridades las herramientas necesarias para castigar a los abogados que realicen actos fraudulentos.

Entre 2013 y 2015, Eduardo Almaguer, como secretario del Trabajo, interpuso 26 denuncias penales contra los “talibanes”.

En una entrevista con Tomás Figuera, secretario saliente, afirmó que la reforma prácticamente eliminó las malas prácticas de esos abogados.

“Pago de cuotas”

Para el coordinador del PAN en el Congreso, Miguel Monraz, la designación de Nájera obedece a un pago de cuotas con amigos, pues no tiene las cualidades para ocupar esa dependencia. El presidente de la Junta de Coordinación Política afirmó que el gobernador se ha equivocado al improvisar con los ajustes a su gabinete.

“Reconozco a él (Nájera) como un profesional de la seguridad… no le conozco un antecedente en materia de trabajo y previsión social, creo que el gobernador se equivoca”.

Al respecto, la fracción de Movimiento Ciudadano anunció que solicitarán la comparecencia del nuevo secretario para que presente su plan de acción. El legislador Augusto Valencia dijo que buscan saber qué es lo que pretende hacer en la Secretaría en los meses que le restan a la administración y planteó que le solicitarán que presente informes trimestrales de los avances en su plan de trabajo. Pero calificó la designación como preocupante.

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