El proyecto de ampliación de la planta de tratamiento de El Ahogado tendrá como parte de las fuentes de pago los ingresos por la cuota de saneamiento que cobra el SIAPA a los usuarios.El titular de la Comisión Estatal del Agua, Carlos Vicente Aguirre, explicó que actualmente el costo de tratamiento de cada metro cúbico es de 1.44 pesos. Y al SIAPA le cobran 2.40 pesos. El organismo transfiere ese costo a los consumidores, que en las tomas de tipo habitacional pagan 5.39 pesos por cada metro cúbico. “El adicional que cobra el SIAPA es por lo que tiene que hacer para entubar el alcantarillado y llevar el agua a tratar… esa es la diferencia. El SIAPA cada año hace su actualización anual de la tarifa e incluye el pago por eso”. No se precisó cuánto subirá la cuota para los usuarios, ya que depende de la comisión tarifaria.La empresa que invierta en la ampliación de la planta aportará mil 157 millones de pesos y como contraprestación recibirá cinco mil 276 millones de pesos en los siguientes 18 años.Anteponer el interés económico particular al interés social es uno de los principales riesgos de la figura de asociación público-privada (APP) para financiar proyectos públicos.El economista Ignacio Román Morales, destacó que para las autoridades el fin de una inversión no debe ser el lucro, sino el interés social. Sobre el proyecto de la ampliación de la planta de tratamiento de El Ahogado, el académico explicó que, considerando que en la década de operación de la planta la inflación en el Índice Nacional de Precios al Consumidor fue de 54.3%, el costo actual de su construcción sería de poco más de mil 200 millones de pesos (MDP), cantidad similar a la que invertiría el particular en la ampliación.Indicó que el monto se dispara con la variante de que el Estado deberá pagar una contraprestación anual de poco más de 340 MDP, con lo que el costo total de la obra y operación de la ampliación será de cinco mil 276 MDP. “En este caso, igual que con la Línea 4, el gran problema es el arbitraje entre el interés público y el interés privado. La obra puede implicar un beneficio en el corto plazo, la cuestión es que pagaremos la obra durante 20 años o más y a un precio que en términos nominales multiplica su costo original, trasciende a varios sexenios más y se les compromete al patear el bote. Se resuelve un problema ahora, pero se deja una situación de asfixia financiera a las administraciones siguientes”, señaló.El doctor Antonio Sánchez Bernal, director de la División de Economía y Sociedad en el Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas, advirtió que el esquema de inversión público-privada tiene el riesgo de mayor costo al erario por elementos no considerados, además de que se deja abierta la posibilidad de modificar los contratos.“El control del gasto es un riesgo y más cuando en nuestro país las obras terminan costando más de lo proyectado. Otro riesgo es que, aunque estrictamente no es una deuda, el compromiso de pago multianual aumenta los compromisos de pago que van a trascender a la actual administración”, expuso.Luego de escuchar los argumentos de funcionarios estatales para justificar la iniciativa para ampliar la planta de tratamiento de aguas residuales de El Ahogado, los legisladores de los partidos Hagamos, Morena y Acción Nacional hicieron señalamientos a la propuesta.La morenista Claudia García cuestionó la vida útil de la planta e insistió en precisar el monto de la inversión y la participación estatal, por lo que solicitó que le entreguen detalles de la corrida financiera del proyecto.La coordinadora de Hagamos, Mara Robles, insistió en que el esquema financiero en la práctica implica deuda, y afirmó que la iniciativa tiene omisiones técnicas y carece de elementos básicos como la manifestación de impacto ambiental y los tipos de residuos que tratarán.“Es una obligación financiera, un compromiso a largo plazo con garantía de las participaciones, que es un gasto que no puede bajar en ninguna circunstancia”, aseveró. El panista Jesús Hurtado propuso ponerle plazos y calendarios al cumplimiento del inversionista particular.En contraparte, legisladores de Movimiento Ciudadano destacaron la importancia del proyecto. “Se pueden generar planteamientos de coinversión con la iniciativa privada para sumar esfuerzos”, argumentó Gerardo Quirino Velázquez, coordinador de la fracción emecista.TESTIMONIOSAlejandra Camarillo, de 50 años, expresó que en su domicilio ubicado en la colonia Las Juntas, el agua que recibe no es de calidad, ya que sale con un tono café o amarillento.“Desde principios de año, tengo el problema de que el agua sale muy sucia, ya lo hemos reportado, por lo que le pedimos al SIAPA (Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado) que vaya a realizar labores de mantenimiento en las tuberías”.Por su parte, Jorge Ortega, que vive en la colonia Vallarta Norte, se quejó de que en su edificio siempre han recibido agua en mal estado.“Hace dos años que me cambié a vivir a ese lugar, y se supone que la administración del edificio ya habló con el SIAPA, ellos nos informaron que hay sedimentos en el agua y que por eso sale sucia. Lo que hicimos fue comprar filtros entre todos los vecinos, porque no puede ser posible utilizar el agua que sale en tono marrón para lavar los trastes o incluso para bañarse, sí da un poquito de asco”.Isaac Padilla, de 49 años, contó que en el fraccionamiento Revolución también sufren de esta problemática.“Esta agua viene amarilla, con tierra y a veces con olores no agradables, nosotros sólo la usamos para las descargas en el baño. En el caso de los alimentos utilizamos agua purificada, yo siempre pago la anualidad de tres mil 800 pesos, lo que equivale a un pago de 350 pesos por el consumo mensual, sí se me hace caro el servicio que nos ofrecen”.Por su parte, María Guadalupe González Reyes, de 59 años, enfatizó que en su casa, ubicada en la colonia Independencia, el agua sucia no le permite lavar su ropa o incluso bañarse.“El agua sale en color amarillo todos los días, nos mancha hasta la ropa blanca, hemos buscado la colaboración del SIAPA porque sí queremos una solución”.Finalmente, Otilia Montes Delgadillo, de 65 años, mencionó que en la colonia Mariano Otero, los vecinos están solicitando que acudan para verificar el estado de las tuberías en la zona.“El agua en tono amarillento nos llega a todos así, por eso nos hemos quejado y juntado firmas para que vayan a revisar y darle solución a nuestra situación”.REPORTESCon el fin de brindar respuesta a la ciudadanía, el SIAPA cuenta con el número de teléfono 33-3668-2482, que está disponible las 24 horas y los 365 días del año. Además de que se pide a los ciudadanos proporcionar los elementos básicos como la calle, número, colonia y municipio para que se pueda atender la solicitud de forma puntual.Por el ocultamiento de un estudio que evidenció la contaminación en el río Santiago, afectando a pobladores de El Salto, Guadalajara, Juanacatlán y Tonalá, la organización “Un Salto de Vida” pidió sancionar a los responsables señalados en la recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ).Además solicitaron atender la salud de los pobladores de manera integral como parte de la reparación de daños por la polución, destacó Alan Carmona, integrante de la organización.“Queremos traer la atención de la salud de nuevo al centro de la discusión. Siempre lo hemos señalado y no ha pasado nada, no ha cambiado el paradigma de que el gobierno estatal y municipios han querido abordarlo por separado, el medioambiente y la salud. Nosotros queremos una solución integral que pueda tener continuidad para una recuperación por las afectaciones a la salud por acumulación de contaminantes en los cuerpos de los habitantes”, dijo.Ayer, la Comisión emitió una recomendación al Gobierno de Jalisco para que fuera investigado como falta grave el ocultamiento del estudio que revelaba la polución. El diagnóstico fue realizado por investigadores de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) en marzo de 2010 y contiene 341 páginas.“La investigación inició con más de mil 500 quejas que interpuso la asociación ambientalista Un Salto de Vida, en la que señalaron que a raíz de la ‘Caravana ToxiTour’ que se realizó por las zonas más contaminadas del río Santiago en diciembre de 2019, se había hecho público un documento elaborado por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, el cual llevaba por nombre Propuesta Metodológica para la implantación de una batería de indicadores de salud que favorezcan el establecimiento de programas de diagnóstico, intervención y vigilancia epidemiológica en las poblaciones ubicadas en la zona de influencia del proyecto de la Presa Arcediano”, refiere la Comisión.Esta propuesta fue requerida por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) debido a las inconformidades que generaba el proyecto de la Presa de Arcediano, por lo que la OPS solicitó que el Gobierno de Jalisco hiciera investigaciones precisas.“En ese sentido, en 2009 la Comisión Estatal del Agua (CEA) llevó a cabo un convenio de colaboración con la UASLP para que se realizara el muestreo de más de 300 menores de edad. Los resultados de esa investigación identificaron escenarios de riesgo sanitario e índices multidimensionales de vulnerabilidad para las seis comunidades involucradas, como problemas generales de salud, alteraciones neuropsicológicas y hematológicas, así como una exposición a los agentes tóxicos e infecciosos”.El documento reveló que los niños de El Salto, Juanacatlán, La Cofradía y Puente Grande presentaron altos niveles de exposición al plomo, arsénico, cadmio, mercurio, benceno y pesticidas. Incluso, algunos rebasaron los límites de seguridad biológica para población adulta ocupacionalmente expuesta, así como para población infantilLa Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco emitió recomendaciones a los titulares de la Secretaría de Salud Jalisco y del OPD Servicios de Salud Jalisco, a quienes “les solicita que de manera conjunta, coordinada y solidariamente se realice la reparación y atención integral del daño a favor de las víctimas directas e indirectas, por lo que deberán otorgar todas las medidas de restitución, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición que resulten procedentes”.Algunas medidas de reparación integral del daño deberán contener acciones como el diseño y ejecución de una campaña informativa en los municipios por los que atraviesa el río Santiago, en donde se les comuniquen las señales y medidas generales y preventivas que debe adoptar la población y a dónde recurrir para recibir atención médica.También se pide llevar a cabo un diagnóstico sobre los riesgos y daños a la salud de las colonias señaladas en la propuesta metodológica, así como identificar en la población síntomas y signos de enfermedades como cáncer, insuficiencia cardiaca, diabetes mellitus e insuficiencia renal.Asimismo requieren establecer un programa de acciones que incluya fechas de cumplimiento para suministrar la atención clínica, psicológica y los medicamentos necesarios para atender cada caso que se haya identificado hasta el momento, o que se presente en el futuro, de posibles víctimas de enfermedades dérmicas, respiratorias, gastrointestinales, renales y otras que pudieran ser producto o consecuencia de la contaminación del río, entre otras sugerencias.¿Qué opina del trabajo del Gobierno estatal para sanear el río Santiago?Participa en Twitter en el debate del día @informador
