Eduardo Santana Castellón y Juan Nepote González, Museo de Ciencias Ambientales y Departamento de Ecología y Recursos Naturales, Centro Universitario de la Costa Sur, Universidad de Guadalajara. Contacto: esantanacas@gmail.com, nepote@gmail.com La historia de la defensa del medio ambiente es el resultado de voluntades, decisiones y acciones colectivas que reciben impulsos clave de individuos que acompañan a diversos movimientos o instituciones. Ejemplos de esto son el brasileño Chico Méndez y el Consejo Nacional de los Recolectores de Caucho, la noruega Gro Harlem Brundtland y la Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo, la hondureña Berta Cáceres y el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras o la sueca Greta Thunberg y el movimiento Viernes por el Futuro, entre otros. Para el caso de México destaca en el ámbito institucional el jalisciense Miguel Ángel de Quevedo con el Sistema de Parques Nacionales, y en Jalisco resalta José Guadalupe Zuno y la Universidad de Guadalajara (UdeG), cuya refundación en 1925 impulsó cuando fue gobernador del Estado. Zuno estableció, con su pluma y sus acciones, un compromiso hacia la protección de la naturaleza que hoy sigue vigente. En alianza con importantes instituciones, como la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, logró que hoy los jaliscienses cuenten con el Lago de Chapala, al evitar que un proyecto gubernamental drenara gran parte del Lago, así como con las áreas verdes urbanas del Parque Agua Azul, el Bosque Los Colomos y el Bosque El Centinela. Durante los años sesenta y setenta del siglo pasado planteó la protección del Bosque La Primavera, esfuerzo que culminó 10 días antes de su muerte, cuando el 6 de marzo de 1980 ese Bosque fue decretado Zona de Protección Forestal y Refugio de Fauna Silvestre. Estas acciones permitieron una continuidad universitaria relativa al Bosque aun hoy ininterrumpida, que inició hace más de ocho décadas, a partir de los estudios pioneros de Severo Díaz Galindo.Pero el papel en la defensa ambiental de esta universidad es mucho más amplio. El trabajo de la UdeG se ha centrado en: formar científicos y técnicos en las ciencias ambientales y la educación ambiental; realizar investigación básica descriptiva sobre la naturaleza y sus procesos; impulsar pro-activamente la creación de espacios naturales protegidos; elaborar borradores de reglamentos, decretos y leyes que protejan la naturaleza; documentar con base en la investigación científica los daños ambientales y sociales causados por diversos proyectos gubernamentales y privados y recomendar como evitarlos o disminuirlos; informar a la opinión pública y a funcionarios gubernamentales sobre procesos ambientales mediante la elaboración de informes técnicos, peritajes, desplegados en periódicos y programas de radio y televisión, además de apoyar iniciativas y movilizaciones sociales en pro del ambiente. No ha emprendido demandas judiciales en defensa del medioambiente y los derechos humanos.Las acciones ambientales de la Universidad inician con el Observatorio Astronómico y Meteorológico, y la creación posterior, hacia 1939, de cátedras sobre salud pública asociadas al Hospital Civil, mismo que desde un siglo antes ya había iniciado un Jardín Botánico urbano con fines medicinales. En la década de 1940 se fundan el Instituto de Geografía y el Instituto de Investigaciones Químico-Agrícolas. En 1950 se crea el Instituto de Botánica en la universidad y, casi a la par, nace desde la sociedad civil la Sociedad Botánica de Jalisco, y posteriormente, la Sociedad de Ciencias Naturales de Jalisco. Estas tres instituciones fueron impulsadas por médicos, ingenieros y profesores de diferentes ámbitos sociales, incluyendo el universitario. En 1970 comenzaron las actividades del Instituto de Madera, Celulosa y Papel, incrementando el reconocimiento internacional a la Universidad. Estos institutos y agrupaciones promovieron expediciones e iniciaron un activismo de protección y de investigación biológica y ecológica.Pero fue hasta la creación del Departamento de Investigación Científica y Superación Académica (DICSA), en 1983, que la Universidad inició una política institucional integral para la promoción y el desarrollo de la investigación científica y su internacionalización. Una novedad para el país, fue la creación de institutos de investigación comprometidos con la resolución de problemáticas socioambientales en territorios específicos. Después de establecer en 1984 la Estación Científica Las Joyas en la Sierra de Manantlán, DICSA creó en 1985 el Laboratorio Natural Las Joyas, e impulsó en 1989 el Centro de Ecología Costera, grupo que desde 1983 trabajaba en la conservación de las tortugas marinas. También creó el Instituto de Limnología asociado al Lago de Chapala. En 1990, distinguidos profesores de la UdeG y del ITESO forman la Academia Jalisciense de Derechos Humanos, que suscribe un convenio con la UdG, y es apoyada por el Laboratorio Natural Las Joyas en denunciar los atropellos a los derechos humanos y ambientales causados por la Mina de Peña Colorada al Ejido Ayotitlán en la Sierra de Manantlán. En 1991, impulsa el Laboratorio Bosque La Primavera y en 1994 el Centro de Estudios de Género, y la Unidad de Apoyo a Comunidades Indígenas. Esta última atendiendo problemas asociados a la injustica ambiental y derechos humanos de los pueblos Wixárika y Nahuas de Jalisco. DICSA adquirió liderazgo propio en materia ambiental al fungir como coordinación regional de la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza (UICN).Este departamento universitario representó un parteaguas histórico-institucional: en el breve lapso de una década, (1983-1993), el número de investigadores en la UdeG creció de aproximadamente 15 a 500; se formaron 27 nuevas dependencias de investigación, incluyendo las ya mencionadas relacionadas con las ciencias ambientales, y se aumentaron los convenios internacionales con universidades, pasando de 3 convenios en 3 países a 101 convenios en 23 países en 1993, y aumentando actualmente a más 669 convenios en 52 países.Después de la Reforma Universitaria de 1994 se crearon, en diferentes periodos, la Coordinación General de Ecología y Educación Ambiental, y el Programa de Universidad Sustentable, que impulsaron acciones relacionadas con áreas verdes urbanas, gestión de desechos sólidos, uso eficiente del agua y de la energía, la reducción de contaminantes y la acción ciudadana, entre otras actividades. Resalta el Programa Integral de Transición Energética que incluyó la creación de una flotilla de coches eléctricos y el establecimiento de un huerto solar en el Centro Universitario de Tonalá. En la actualidad los centros temáticos y regionales de la Red Universitaria sustentan más de 65 departamentos que implementan proyectos de investigación y protección ambiental, asociados a una veintena de programas educativos que titulan anualmente a más de mil alumnos en programas sobre el medio ambiente. En su Sistema de Educación Media Superior (SEMS) participan miles de alumnos en cursos, talleres y trayectorias especializantes de los bachilleratos Tecnológicos y General por Competencias.La UdeG también ha jugado un papel histórico importante en las luchas socioambientales que están enmarcadas en conflictos sociales, ya que en ocasiones la conservación ambiental puede contraponerse a intereses económicos que buscan un cambio de uso del suelo para fines comerciales o productivos, o que proponen utilizar recursos naturales, o verter desechos y contaminantes, sin considerar los costos y daños ecológicos, socioeconómicos y a la salud. El recuadro enlista más de un centenar de acciones, investigaciones y luchas que son una muestra palpable del compromiso de la UdeG en la defensa de los derechos ambientales y de los derechos humanos relacionados a la naturaleza. Estas acciones en paisajes marinos, costeros, montanos, boscosos y urbanos han incidido en miles de kilómetros cuadros de territorio jalisciense y nacional, y han beneficiado pequeñas comunidades rurales, indígenas y/o campesinas, y también zonas urbanas con cientos de miles de habitantes.La conservación de la naturaleza es, por inherencia, socialmente conflictiva. No es sencillo lograr el balance entre los derechos individuales al usufructo de la propiedad privada, y los derechos humanos y comunales por un ambiente sano que provea servicios ambientales. Los grandes intereses económicos, por ejemplo, aquellos asociados a la construcción de desarrollos inmobiliarios, a grandes obras de infraestructura hidráulicas, a industrias contaminantes, o la minería, crean distorsiones en los debates públicos que confunden a la ciudadanía e inclusive enfrentan a los propios universitarios. Algunos universitarios han sufrido amenazas a su integridad física por oponerse a poderosos intereses económicos, muchas veces en contextos de injusticia social.Pero también hay críticas. Algunos investigadores, tanto de universidades públicas como privadas, han sucumbido a presiones o a tentaciones económicas para justificar proyectos que causan degradación ambiental. En ocasiones detentan un discurso científico conservacionista como profesores, pero cobran en lo privado consultorías que justifican proyectos que claramente causan daños sociales y ambientales como la destrucción de manglares, la construcción de presas, la expansión urbana sobre zonas silvestres, o litigios que debilitan los decretos de protección ambiental. Algunos sectores de la sociedad afectados por los análisis elaborados por dependencias o individuos de la Universidad acusan a la institución de tener “pistoleros ecologistas a sueldo” que atacan iniciativas gubernamentales o privadas para establecer mejores condiciones para negociar con el gobierno aumentos del siempre limitado presupuesto universitario. Se afirma injustamente que la sociedad civil o del sector académico se oponen a mega-proyectos de infraestructura, pero no ofrecen alternativas. Sin embargo, estos actores no tienen el financiamiento ni la responsabilidad para diseñar estos grandes proyectos.Las universidades deben aportar ideas y criticar aquellos proyectos elaborados deficientemente tanto en el sentido técnico como en el financiero, y cuyo proceso de consulta social también fue deficiente. El que la Universidad fuerce debates que exponen a la luz pública argumentos éticamente razonados y técnicamente sustentados, ha sido positivo para el análisis público sobre la problemática socioambiental del estado; y ha contribuido a la construcción de una sociedad jalisciense más informada y más democrática. Muestra de ello, es que la Universidad y más de medio centenar de sus profesores, han recibido reconocimientos internacionales, nacionales y de comunidades locales por la calidad y compromiso de su trabajo. En cierta forma, la Universidad ha fungido como una suerte de ombudsperson ambiental en defensa de los sectores que carecen de voz y de poder, pero que son afectados por las acciones con impacto socioambiental de los gobiernos y del sector privado. Vivimos tiempos sin precedentes por la complejidad y magnitud de los retos socioambientales cuyo abordaje también constituye uno de los principales problemas éticos y científicos de nuestros tiempos. Sin la acción de la Universidad y de los universitarios, el deterioro y la pobreza ambiental de Jalisco serían mayores que las actuales. Pero la Universidad debe hacer más, y esforzarse por ser ejemplo de buenas prácticas y lograr una mayor pertinencia y relevancia en la resolución de los problemas socioambientales. Contribuir al entendimiento de esta problemática y generar opciones novedosas son tareas prioritarias para las instituciones públicas de educación superior.OA
