Hoy se decide el futuro legal de Javier Armenta, Iván Ilich Cisneros y José Rojas, estudiantes de la Universidad de Guadalajara (UdeG) acusados del delito de “despojo” de tierras y aguas. A las 08:00 horas estarán frente al juez Felipe de Jesús Rivera, quien decidirá si continúan su proceso en libertad o en la cárcel.El caso ya causó críticas a nivel nacional, ante el señalamiento de que es el gobernador de Jalisco el que emprendió una persecución política contra los universitarios, como parte del conflicto con la UdeG.Alrededor de 80 organismos y personas defensoras de los derechos humanos, como Cepad, Cladem e Imdec, se sumaron y exigieron la liberación de los alumnos. El subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, aseguró que se da seguimiento al caso desde la Federación por los “detenidos en Jalisco en un contexto de protesta social”, por lo que llamó al Poder Judicial a juzgar con perspectiva de derechos humanos.El rector Ricardo Villanueva exhortó de nuevo a las autoridades judiciales para que liberen a los estudiantes y envió un mensaje a la ciudadanía para que se sume a las exigencias, mientras que Zoé García, titular de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU), consideró que se trata de una venganza del gobernador, quien ha usado el poder del Estado para perseguir a quienes protestan. Ayer Pablo Lemus fue el primer alcalde que opinó sobre el tema: “Espero que lo más pronto posible estos jóvenes regresen a sus casas, con sus familias. Que los tres estudiantes puedan estar libres mañana (hoy)”.Y por la tarde, el gobernador aseguró que los jóvenes no fueron detenidos por protestar, sino porque existe una denuncia interpuesta por un particular en su contra. Negó que tenga intervención en el caso y agregó: “Sería correcto encontrar dentro del marco legal el mecanismo para que puedan seguir el juicio en libertad, sin que esto signifique exonerar a nadie”.Como una manera de demostrar solidaridad con los estudiantes que protestan afuera de Casa Jalisco para exigir la liberación de sus compañeros, Javier Armenta Araiza, Iván Ilich Cisneros González y José Rojas Umanzor, el rector de la Universidad de Guadalajara (UdeG), Ricardo Villanueva, anunció que ayer pasó la noche con ellos.Así lo informó durante la sesión virtual informativa que llevó a cabo ayer lunes con diversos planteles de la red universitaria, donde se abordaron temas sobre el contexto histórico del predio de Huentitán, el desalojo de la protesta de la comunidad estudiantil, la detención ilegal de los tres jóvenes y “el estado de emergencia que se vive en la UdeG”. “La diferencia entre un delincuente y un luchador social es que el luchador social infringe una norma por una causa pública, por un ideal, por algo para otros y no para ellos mismos”, sostuvo Villanueva Lomelí.Indicó que, en todo caso, quien despojó a la ciudad para intereses privados fueron los gobiernos y los particulares que buscan edificar vivienda vertical en dicho punto. “El despojo verdadero es el que le están haciendo a la ciudad para quitarle un parque público y hacer departamentos; eso es despojo, porque es para intereses privados”, añadió.Hoy martes 10 de enero se cumplirán 144 horas de la detención de los tres jóvenes, procediendo a desarrollar la audiencia en los juzgados para determinar si los dejan en libertad o se quedan en prisión preventiva.Por ello, a la par se abrirá sesión del Consejo General Universitario (CGU), a partir de las 8:00 horas, en el campamento instalado afuera de Casa Jalisco. “No cerraremos la sesión hasta que regresen los tres estudiantes”, instó Villanueva Lomelí.Pide redoblar esfuerzos En busca de que la ciudadanía se sume a la exigencia de justicia por los tres jóvenes y se les deje en libertad por tratarse de una protesta pacífica en la que participaron, junto con más integrantes de la comunidad universitaria, el rector de la UdeG pidió a los jaliscienses que muestren su apoyo, de cualquier tipo, para difundir la situación “emprendida por el Gobernador de Jalisco, quien ha destinado el aparato del Estado para castigar a los jóvenes que cuestionaron la corruptela detrás del proyecto inmobiliario de la zona”.“Cualquier cartulina, mensaje en auto, lona en sus casas, presten sus redes sociales, todo será bien valorado. Lo importante es que nos sumemos a la exigencia de la liberación. Estamos cerca de que se reanude la audiencia, durante las siguientes 20 horas lo que puedan hacer en redes sociales en las casas y familias, con pancartas. Cualquier esfuerzo vale mucho”.LA VOZ DEL EXPERTOAnuar García, abogado penalista y doctor en derecho por la UNAMDe acuerdo con el abogado penalista y doctor en derecho por la UNAM, Anuar García, sí existen posibilidades de que los tres jóvenes universitarios, Javier Armenta Araiza, Iván Ilich Cisneros González y José Rojas Umanzor, puedan llevar su proceso en libertad.Lo anterior, dijo, debido a que es muy probable que su defensa pueda demostrar que no existe un riesgo de fuga para evadir la justicia, por lo que es posible que puedan seguir el proceso fuera de prisión.“De entrada el delito de despojo con violencia de inmuebles y aguas del que se les acusa trae prisión oficiosa, pero se ha visto en audiencias, porque ya hay criterios jurisprudenciales en ese sentido, que no necesariamente porque así esté señalado en el Código de Procedimientos Penales como en la Constitución, es suficiente para que los dejen dentro de prisión, se les tiene que hacer un análisis”, expresó.En caso de que los tres queden en prisión preventiva, explicó, los jóvenes pueden agotar todos los recursos existentes para la revisión de la determinación del juez, como la apelación o la solicitud de un amparo indirecto contra la vinculación a proceso.“Veremos qué se resuelve el día de mañana (hoy). Puede que por el tema político se les conceda su libertad para que así lleven el juicio, pero ojalá que todo esto se resuelva de la mejor manera”.La presidente de la Federación Estudiantil Universitaria (FEU), Zoé García, lamentó que se encarcelara a los tres estudiantes y consideró que se trata de una venganza de parte del gobernador, quien ha usado el poder del Estado para perseguir a quienes se manifiestan.“Como personas no podemos admitir que se genere este precedente histórico en el que se quiere silenciar a los luchadores sociales”, expuso durante la sesión.Relató que el campamento de la FEU en las afueras de Casa Jalisco es el reflejo de la solidaridad universitaria y desde ahí se llevarán a cabo actividades artísticas, culturales y recreativas para incitar a la ciudadanía a sumarse a la lucha y reflexionar sobre las acciones que emprenden las autoridades en casos como éste.“Estamos furiosos y furiosas por lo que está sucediendo, no podemos dejar pasar esto, hoy son tres compañeros, mañana serán todas las personas que alcemos la voz por lo que creemos; no sólo es la comunidad universitaria, sino la sociedad de todo Jalisco y el país”.Por su parte, el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara (SUTUdeG), el licenciado Jesús Becerra Santiago, indicó que esta lucha universitaria debe de indignar a la sociedad, porque aunque en este caso los afectados son tres jóvenes estudiantes, podría ocurrirle a toda persona que alce la voz.“Qué lamentable que en nuestro país tengamos presos políticos; qué lamentable que sea en Jalisco, y más lamentable aún que sean tres estudiantes por defender un parque para que el sector inmobiliario no lo convierta en departamentos privados con dinero público”, externó.El secretario general del Sindicato de Trabajadores Académicos de la UdeG (STAUdeG), el licenciado Jesús Palafox Yañez, manifestó que la lucha social de los jóvenes se centra en defender el bien público y el patrimonio de la ciudad, y agregó que el verdadero despojo es aquel que llevan a cabo los gobiernos. “No queda ninguna duda de que el verdadero despojo lo está haciendo la clase política, y los académicos no podemos no apoyar a nuestros estudiantes”, indicó.En la Prepa 14, los vecinos de Huentitán también estuvieron presentes en la sesión y reiteraron que lo que viven los tres jóvenes es una de las peores injusticias en Jalisco. “Tenemos más de diez años defendiendo estos terrenos. No vamos a dejar de luchar. Nuestro compañero Javier Armenta es parte del Comité Únete Huentitán, no lo vamos a dejar de apoyar”, dijeron, y advirtieron que seguirán pintando paredes para dar difusión al caso, pese al acoso que viven por parte de la Policía de Guadalajara.Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, exhortó al Poder Judicial de Jalisco a juzgar con perspectiva de Derechos Humanos a los tres estudiantes de la Universidad de Guadalajara (UdeG) que fueron encarcelados el jueves pasado debido a que un juez les impuso prisión preventiva oficiosa por defender un predio público y exigir que se destine a un parque.“Desde la Subsecretaría de Derechos Humanos de @SEGOB_mx damos seguimiento al caso de los estudiantes Javier, Iván y José, detenidos en Jalisco en un contexto de protesta social. Exhortamos al poder judicial a juzgar con perspectiva de DDHH”, escribió el funcionario en sus redes sociales.El jueves pasado, Javier Armenta, expresidente de la Federación de Estudiantes Universitarios de la UdeG; Iván Ilich Cisneros, y Alexis Rojas, fueron citados a una audiencia de vinculación a proceso por el delito de despojo, y tras declarar un receso, con reanudación para hoy martes 10 de enero, el juez Felipe de Jesús Rivera Gallegos les impuso prisión preventiva oficiosa sin escuchar los alegatos de la defensa.En marzo de 2021 los tres estudiantes encabezaron la toma de un predio en la barranca de Huentitán entregado por el ayuntamiento en 2008 al grupo inmobiliario español Mecano, que a cambio del terreno entregaría obras de infraestructura que nunca se concluyeron.A pesar de no cumplir con el contrato y sin aval del ayuntamiento de Guadalajara, en 2012 el desarrollador cedió los derechos del predio a la Operadora Hotelera Salamanca; en 2016 el ayuntamiento, entonces encabezado por el actual gobernador de Jalisco, inició un procedimiento para recuperar el predio, pero llegó a un acuerdo con la Operadora Hotelera Salamanca a cambio de nuevas obras que debían entregarse en máximo 24 meses a partir de diciembre de 2016.La empresa nuevamente no cumplió y sin autorización del ayuntamiento vendió el predio en 500 millones de pesos a Hoteles Riviera Delux.En ese contexto se dio la protesta de los estudiantes y vecinos de la zona, que tras montar un campamento en el predio comenzaron a reforestar y pidieron a las autoridades recuperarlo para hacer un parque.Ante esta situación, Operadora Hotelera Salamanca y Hoteles Riviera Delux interpusieron una denuncia contra los jóvenes y en agosto de 2021 el juez Felipe de Jesús Rivera Gallegos ordenó el desalojo del terreno con uso de la fuerza pública.Tanto la FEU como las autoridades de la UdeG han denunciado que el gobernador de Jalisco ordenó la represión contra los estudiantes como parte del pleito que sostiene contra el grupo político que controla la casa de estudios y han solicitado la intervención del gobierno federal.Además, se ha dado a conocer que el juez que dictó la prisión preventiva oficiosa contra los tres estudiantes es pareja de la exregidora de Guadalajara por Movimiento Ciudadano (partido del gobernador) María Cristina Estrada Domínguez.SUNAyer, el equipo de Javier Armenta, expresidente de la Federación Estudiantil Universitaria (FEU) de la Universidad de Guadalajara (UdeG), entregó una petición al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para que intervenga en el caso en el cual tres jóvenes universitarios hoy están en prisión preventiva derivado de una protesta.El oficio, firmado como recibido ayer, 9 de enero, por la Presidencia de México, fue suscrito por el expresidente universitario, y en él explica la situación en la que se encuentra el predio donde los jóvenes acusados del delito de despojo con violencia de tierras y aguas, se manifestaron durante 144 días, en conjunto con vecinos y la comunidad estudiantil, hasta que fueron desalojados violentamente por autoridades estatales.Explica también la importancia medioambiental y social que tiene el sitio para los vecinos de la zona de Huentitán, en Guadalajara, y refiere los nombres de las empresas y personajes involucrados en el caso.“Señor presidente, pido su intervención para velar por nuestra vida, detener la persecución política en nuestra contra y recuperar el parque para evitar un robo más de la mafia inmobiliaria, apelo a su sentido de justicia como bien decía Benito Juárez: ¿permitiremos que se repitan los males cuyas consecuencias deploramos todavía? Esta es nuestra lucha y usted es nuestro presidente, en sus manos está ayudarnos a obtener justicia”, señala uno de los párrafos enviados al Ejecutivo Federal.El expresidente refiere también en el documento que consideran que se trata de una persecución política en su contra por haber defendido el predio, destinado originalmente a convertirse en un espacio público para el disfrute de las personas, pero, por el contrario, se convirtió en un negocio de la mafia inmobiliaria. “En Jalisco se persigue a los activistas mientras los corruptos y asesinos caminan impunemente por las calles”, añade.Además, Armenta Araiza responsabiliza al mandatario estatal sobre lo que le pueda ocurrir a él o a su familia, pues indicó, es él quien auspicia el proyecto inmobiliario que engloba el uso del parque, así como quien ha orquestado esta persecución.
