En enero de 2018, Gilberto Ocampo fue reinstalado en su cargo como jefe de Departamento en el Ayuntamiento de Tonalá.Él demandó al municipio en 2010 por despido injustificado. A pesar de que el Gobierno argumentó que su contrato vencía en 2009, el Tribunal de Arbitraje y Escalafón ordenó en 2017 su regreso y el pago de salarios caídos.Ésta fue una de las 233 reinstalaciones que llevó a cabo el Ayuntamiento durante el año pasado: la mayor cantidad que se han realizado en los últimos cinco años, periodo en el que acumula 378 despidos injustificados y reinstalaciones.Tonalá es el municipio metropolitano que reporta el mayor número de reingresos ordenados por el Tribunal, seguido por Guadalajara, con 119; Tlajomulco, con 78, y Tlaquepaque, con 14. Zapopan no informa al respecto.El secretario general de Tonalá, Salvador Romero, recuerda que se trata de un problema heredado, pues la mayor parte de los laudos corresponde a juicios interpuestos entre 2010 y 2012.El caso de Ocampo está pendiente, pues no aparece en la nómina y de acuerdo con documentos públicos del municipio sobre laudos, su expediente se encuentra entre los que causaron estado o vencimiento, con fecha del 17 de mayo pasado. Su indemnización es por 1.5 millones de pesos.En el Congreso se estudia suspender 15 días al alcalde Juan Antonio González por no dar cumplimiento a esta resolución.Por otra parte, la directora jurídica de Guadalajara, Bárbara Lizeth Trigueros, indica que en esta administración llevan 43 reinstalaciones. Afirma que no aplican la estrategia de recontratarlos y despedirlos de nuevo, lo que provoca que los juicios sigan y puedan dañar el presupuesto.El presidente de la bancada del PAN en el Legislativo local, Gustavo Macías, presentó una iniciativa para que los despidos injustificados sean pagados por los funcionarios que los ordenaron y no con recursos públicos. De acuerdo con el último corte del Tribunal de Arbitraje y Escalafón, se tienen cuatro mil 640 demandas activas contra los Ayuntamientos de la Zona Metropolitana de Guadalajara.El municipio tapatío encabeza la lista con mil 802 casos, seguido por Zapopan, con mil 238, Tonalá, con 889, y Tlaquepaque, con 711. El municipio de Tlajomulco negó la información. A pesar de que la semana pasada se solicitó entrevista sobre el tema, hasta el cierre de la edición no había sido otorgada.Bárbara Lizeth Trigueros, directora jurídica de Guadalajara recuerda que desde la pasada administración se encontraron muchos juicios en proceso, por ello se tomó la decisión de contratar a cinco despachos externos para hacer una mejor defensa de los casos, por lo que en la actual gestión se decidió mantenerlos.“Por la cantidad enorme de juicios que existen, si nosotros tuviéramos al personal (trabajando en estos temas) saldría mucho más caro para el Ayuntamiento. Mi impresión hasta ahora es que sí han dado resultados”.Durante el proceso de entrega-recepción, a la pasada administración se le informó que habían mil 178 demandas activas; sin embargo, una vez que se revisaron los expedientes se contabilizaron dos mil 440.“Ahora hay mayor control de los asuntos que existen porque hasta los números te lo dicen. Teníamos un desfase de la cantidad de expedientes que se supone se estaban manejando, de más de mil”.Considera que los despachos externos han dado resultados porque ahora se tienen mil 802 casos. “Sí hay resultados porque han bajado. El propósito de nosotros es disminuir la cantidad de asuntos, disminuir la cantidad de dinero que se tenga que ejercer del presupuesto para la cuestión de los laudos y, en algún momento, también disminuir la cantidad de despachos que tenemos”.Subraya que procuran concluir los asuntos en lugar de sacarles la vuelta. “Si se llega a despedir a alguien, el proceso tiene que cuidarse y tiene que ser conforme a derecho”.En algún momento, el Ayuntamiento de Guadalajara tendrá que pagar 285 millones de pesos por demandas laborales, reconoce la Dirección Jurídica. Por ello se busca un equilibrio para pagar a través de convenios.“No hay dinero que alcance. Lo que estamos haciendo es un ajuste al final. Es combinar esos dos factores para estar pagando. Sí existe insuficiencia presupuestal, pero en cada una de las resoluciones vamos midiendo. Les pagamos en el momento procesal adecuado”.El secretario general del Ayuntamiento de Tonalá, Salvador Romero Cueva, comenta que tampoco cuentan con el presupuesto necesario para pagar las demandas perdidas. Puntualiza que los recursos en el municipio son escasos debido a que se tuvo un decremento de las participaciones federales, “aún así, de manera responsable se ha asignado un recurso del presupuesto para atender los laudos”.El funcionario evitó informar cuántos recursos se tienen etiquetados durante este año para este fin porque podría afectar las negociaciones que se tienen con los demandantes, “pero no vamos a ser omisos en el cumplimiento de la responsabilidad del municipio”.Aunque asegura que sí trabajan para que esto no se convierta en una “bola de nieve”, acusa que en administraciones anteriores, “sin ninguna causa, trataron de deshacerse de personal para hacer el pago a los favores políticos, cosa que estamos evitando; incluso, hay una reducción a la nómina de supernumerarios de manera muy notoria, que nos ha permitido atender otro tipo de gastos”.Durante los últimos cinco años, los Ayuntamientos y las dependencias públicas del Estado han perdido un promedio de cinco demandas laborales al día. En este periodo, el Tribunal de Arbitraje y Escalafón de Jalisco ha dado la razón a ocho mil 619 servidores públicos despedidos de forma injustificada.El año pasado se registró la mayor cantidad de laudos, con dos mil 061. En lo que va de 2019 se han dictado mil 315, lo que refleja una tendencia alcista en juicios presentados en contra de las autoridades.El presidente de la bancada del PAN en el Congreso del Estado, Gustavo Macías, resalta que se trata de un grave problema, principalmente para los Ayuntamientos que no tienen recursos para hacer frente a las indemnizaciones.De acuerdo con el último informe del Tribunal, dice el diputado, de las demandas laborales que se tienen activas se perderán alrededor de seis de cada 10, por lo que los municipios se verán cada vez más comprometidos.De los ocho mil 619 laudos acumulados en estos cinco años, Guadalajara concentra la mayor cantidad, con mil 423, le sigue la Secretaría de Educación, con 867, y el tercer sitio lo ocupa Zapopan, con 846.En los últimos años, el municipio tapatío enfrenta los laudos más cuantiosos. Por ejemplo, al inicio de la actual administración se reportó uno por el orden de los 13 millones de pesos, aunque finalmente no se pagó esa cantidad porque se negoció con el empleado. El más alto corresponde a uno colectivo en el que trabajadores de Protección Civil reclamaban 22 millones de pesos, pero se llegó a otro acuerdo para que se pagaran sólo nueve millones.En 2017, el Ayuntamiento pagó 3.6 millones de pesos a Lucía Solano Muñoz, a pesar de que en 2008 fue cesada de su cargo como titular de Vinculación y Seguimiento de la Dirección de Cultura por presuntamente liderar una “red de aviadores” en esa dependencia.La directora jurídica, Bárbara Lizeth Trigueros Becerra, informa que de octubre 2015 a la fecha se han pagado sólo 32 laudos, que representaron un gasto de 123.1 millones de pesos. Además, se han liquidado 227 convenios por 195.4 millones.Esta bolsa representa casi los 365 millones de pesos que se destinaron durante toda la administración pasada para la rehabilitación de 24 mercados y la renovación de unidades médicas.La funcionaria puntualiza que, en lo que va de este año, se han erogado 26.4 millones de pesos en materia laboral. “Lo que hacemos es agotar todas las instancias legales que existan, antes de gastar cualquier cantidad de dinero”.Aclara que los asuntos más complicados son los que se arrastran de 2010, pues se vuelven enormes cantidades porque se pagan salarios caídos. “Procuramos que sean los menos. El problema es la suficiencia presupuestal”.En 2017, Zapopan pagó 2.4 millones a José Agustín Marabel González, quien se desempeñó como oficial de Protección Civil y Bomberos. Y en 2018 erogó 2.2 millones de pesos para cubrir el laudo de José Luis Balderas Volante, quien fue jefe de Departamento en la Dirección de Ingresos.Por su parte, el municipio de Tlajomulco pagó 1.9 millones de pesos tras perder una demanda con José Orozco Ortiz en 2018.En el caso de Tlaquepaque no se remitieron los pagos realizados para cubrir los laudos, y Tonalá reservó los nombres de los ex servidores públicos que ya recibieron las indemnizaciones.Tras intentos fallidos de justificar el despido de empleados señalados como “aviadores”, el Congreso del Estado tendrá que desembolsar en los próximos días casi cinco millones de pesos y pagar laudos en los que el Tribunal de Arbitraje y Escalafón ordenó al Legislativo cubrir los salarios y prestaciones, además de reinstalar a los trabajadores.El coordinador de Procesos Legislativos y Asuntos Jurídicos, Francisco Javier Ulloa Sánchez, detalló que están en proceso de ejecución tres pagos. Uno es por dos millones 548 mil pesos, otro de un millón 200 mil pesos y el tercero, de un millón de pesos. El funcionario se reservó el nombre de los empleados.En sesión de la Junta de Coordinación Política, informó que preocupa el aumento en los montos de 24 juicios que están en litigio. Detalló que, en total, están en juego 13 millones 250 mil pesos. “La mayoría está en ejecución, otros en amparo y algunos en desahogo de pruebas. Únicamente podemos entrar a una negociación cuando el asunto esté en etapa de ejecución”.Además de los tres laudos millonarios, hay siete con posibilidad de negociar o ganar el juicio y dos asuntos que se fueron al amparo.La Coordinación de Procesos Legislativos y Asuntos Jurídicos reportó que, de 2015 a 2018, pagaron 177 laudos, lo que implicó una erogación de 56.5 millones de pesos. Además, reinstalaron a 61 trabajadores.* Enero-junio.El alcalde de Zapopan, Pablo Lemus, señala que muchos de los juicios laborales están ligados a actos de corrupción. “Es increíble que distintos municipios se dejaran perder durante muchos años en estos juicios, pero hoy quieren obligar a otras administraciones a que paguen”.Informa que el municipio trae un problema de alrededor de 80 millones de pesos en demandas que se arrastran desde hace 15 años. “Yo tengo la obligación de cuidar los recursos de Zapopan y no voy a permitir que nos estén robando de esa forma, por lo tanto la instrucción que tienen todos mis trabajadores del área jurídica, empezando por el síndico, es no pagar laudos. No les voy a pagar”.Se refiere a los casos en los que hay “corruptelas” entre los trabajadores de anteriores administraciones. “No se va a pagar ningún centavo, y si me suspenden en el Congreso del Estado como me han amenazado, que me suspendan, no tengo problema. No les voy a pagar”.El alcalde hace referencia a un juicio que vale cuatro millones de pesos de un ex funcionario que demandó al Ayuntamiento y la antepasada administración dejó perder el juicio. “No tengo ahora el nombre de la persona, pero se dejó perder el juicio y ahora nos condenan a nosotros a pagar cuatro millones de pesos”.La Comisión de Gobernación del Congreso del Estado ha recibido 900 solicitudes de suspensión contra los alcaldes o Ayuntamientos por el incumplimiento de las sentencias emitidas por el Tribunal de lo Administrativo, de acuerdo con lo que se reportó en los primeros meses de la actual Legislatura.Tan sólo durante el mes de agosto, ingresaron 31 solicitudes de suspensión en contra de autoridades municipales por incumplir en reiteradas ocasiones en el pago de laudos o la reinstalación de extrabajadores.Aunque Lemus señala que algunos de estos casos están relacionados a actos de corrupción, no se entregó información con respecto a si hay investigaciones o denuncias penales presentadas por este tipo de irregularidades. Incluso, en el Estado no se ha dado a conocer alguna sanción contra los abogados conocidos como los “talibanes”, quienes se las ingenian para inflar los sueldos y alargar los procesos de las demandas, en muchas de las ocasiones, en complicidad con funcionarios.Lo anterior, a pesar de que en 2015 se aprobó una reforma penal para sancionar las malas prácticas de estos abogados.En el caso de Guadalajara se respondió que en esta administración no se han presentado denuncias por presuntas irregularidades cometidas por servidores públicos en el tema de juicios laborales. Aunque durante la pasada administración se informó de la presentación de denuncias por este tipo de casos, en la actual se aclara que están enfocados en hacer frente a las demandas de los trabajadores.En Tonalá tampoco se han promovido denuncias. Tlaquepaque y Tlajomulco no otorgaron entrevistas.Sigue: #DebateInformador¿Deben sancionar a los que despiden injustificadamente?Participa en Twitter en el debate del día @informador
