Baja la deforestacion en la zona selvática de Amazonas

Río de Janeiro.- El área selvática de Amazonas en Brasil, devastada en junio por madereros, agricultores, ganaderos y colonos fue de 870 kilómetros cuadrados, inferior a los mil 398 kilómetros cuadrados del mismo mes del año pasado, lo que entonces disparó las alarmas de los ecologistas.

La cifras de junio, divulgadas hoy por el Gobierno, fueron celebradas por el ministro de Medio Ambiente, Carlos Minc, quien admitió que los datos derriban las proyecciones catastróficas que él mismo había hecho en mayo pasado, cuando asumió el cargo.

En la época, Minc aseguró que la deforestación de la Amazonía en el período comprendido entre agosto de 2007 y julio de 2008 podría llegar a 15 mil kilómetros cuadrados, con un crecimiento del 33,6 por ciento frente a los 11 mil 224 kilómetros devastados entre agosto de 2006 y julio de 2007.

"Los datos nuevos atenuan la visión pesimista que teníamos para 2008 y las previsiones que hicimos cuando la deforestación venía subiendo. Yo llegué a decir que subiría a 15 mil kilómetros cuadrados pero mi nueva previsión es que llegue a 12 mil kilómetros cuadrados (un aumento del 7 por ciento)", dijo Minc en una rueda de prensa en Brasilia.

"Es un nivel aún muy alto que no podemos conmemorar. Pero sí podemos decir que estamos optimistas porque la deforestación comenzó a caer precisamente en los meses en que se esperaba un aumento mayor", agregó.

Históricamente la deforestación en la Amazonía es mayor entre mayo y agosto debido a que es un período de incendios forestales provocados por la sequía y el período en que los colonos queman la selva para aumentar sus áreas de cultivo.

Según los datos divulgados hoy por el estatal Instituto Nacional de Pesquisas Espaciales (INPE), la deforestación de la Amazonía en mayo y junio de este año fue de 1.966 kilómetros cuadrados, con una reducción del 25 por ciento frente a los dos mil 620 kilómetros cuadrados del mismo bimestre del año pasado.

El área de selva tropical destruida fue calculado por el INPE con base en imágenes de satélite mediante el sistema de Detección de Deforestación en Tiempo Real (Deter), que ofrece informaciones de forma rápida pero cuya medición es afectada por la nubosidad.

"Lo más significativo es que esa reducción fue detectada con poca nubosidad y con el cielo abierto en la Amazonía, lo que permite que las imágenes de satélite identifiquen con más precisión las áreas devastadas", aseguró el ministro.

El índice de nubosidad en la Amazonía en junio fue del 28 por ciento, inferior al 46 por ciento de mayo de 2008 y al 43 por ciento de junio de 2007.

Brasil consiguió reducir en un 59 por ciento el índice de deforestación en tres años, hasta julio de 2007, pero esa tendencia comenzó a cambiar a finales del año pasado y los ecologistas, incluyendo el propio Minc, dijeron temer lo peor.

El área devastada de selva había caído de 27 mil 429 kilómetros cuadrados entre agosto de 2003 y julio de 2004, a 11 mil 224 kilómetros cuadrados entre agosto de 2006 y julio de 2007.

"La deforestación cayó tres años consecutivos pero en noviembre pasado comenzó a crecer coincidiendo con un aumento de la cotización internacional de productos como la soja y la carne bovina (cuyos productores avanzan sobre la Amazonía)", admitió Minc.

Según el ministro, las previsiones más catastróficas perdieron fuerza porque las medidas implantadas por el Gobierno en los últimos meses comenzaron a tener efecto.

"Los fiscales actuaron con rigurosidad y usamos todas las herramientas que teníamos disponibles para combatir la deforestación", afirmó.

Entre esas medidas figura la "Operación Arco del Fuego", puesta en marcha en febrero y que incluye acciones represivas en los 36 municipios de la Amazonía en que más avanza la deforestación.

En dichos municipios la deforestación cayó de dos mil 226 kilómetros cuadrados entre mayo y junio del año pasado a mil 60 kilómetros cuadrados en los mismos meses de 2008.

El Gobierno también anunció medidas para embargar propiedades rurales en las que se registren talas ilegales y restricciones a los créditos de bancos privados y públicos a haciendas o empresas acusadas de ese delito ambiental.