La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) informa que 2019 cerró con 51 denuncias ciudadanas por la tala ilegal de árboles en Jalisco, ante las actividades clandestinas en 29 municipios.Tapalpa y Talpa de Allende recibieron seis y cuatro reportes, por lo que encabezan la incidencia en el Estado.En la Entidad hay siete “Zonas Críticas Forestales”: con procesos de deforestación por la alta incidencia de la tala clandestina, “relacionada con grupos de la delincuencia, en donde el aprovechamiento ilegal forma parte de delitos asociados como el robo o secuestro”, remarca la Profepa.En Zapopan, Tomatlán, Cuautitlán de García Barragán, Autlán de Navarro, Cabo Corrientes y San Gabriel, entre otros, también se reporta esta actividad, por lo que expertos como Gerardo Alberto González, de la Universidad de Guadalajara, piden mejorar la coordinación entre los Gobiernos para combatir este ilícito.Durante el periodo del presidente Enrique Peña Nieto bajaron al mínimo las sanciones por la tala ilegal o clandestina, revela la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa). Lo anterior, pese al aumento de las Zonas Críticas Forestales en México; es decir, las áreas que presentan procesos críticos de deforestación por la tala ilegal cometida o relacionada con grupos de la delincuencia organizada.En el sexenio de Vicente Fox, la Profepa impuso 28 mil 545 multas económicas por este delito. En la administración de Felipe Calderón fueron 16 mil 539. Y con Enrique Peña Nieto apenas seis mil 223. Casi una tercera parte menos respecto a los seis años pasados.Sin embargo, durante 2019 también bajaron las sanciones económicas comparadas con el año anterior, al pasar de 870 a 246.Los ciudadanos identificaron presencia de grupos armados en al menos 22 casos reportados en todo el país. Por ejemplo, en una denuncia del 18 de febrero de 2019 indicaron que en el Estado de México una banda acabó con un bosque cercano a una zona turística, provocando daños importantes.“Otro de los tantos peligros es que son personas violentas, están armados, y los turistas que recorren los senderos no están seguros por esa situación. Pedimos que tomen cartas en el asunto, contamos con ustedes”, confirma una de las denuncias penales.Para contener la actividad delincuencial, la Profepa cuenta con el Programa de Combate a la Tala Clandestina, el cual también arroja los peores indicadores durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, ya que cada año las acciones fueron a la baja.Mientras en 2014 efectuaron siete mil 693 eventos (como inspección, operativos forestales y recorridos de vigilancia), la cifra en 2018 fue de cuatro mil 215. Prácticamente la mitad.Destaca que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) estimó en 2015 que en el país se pierden 155 mil hectáreas al año por deforestación, y en 2018, la tala clandestina representaba 8% de ese total, acota la Profepa.Aunque en 2014 había 108 Zonas Críticas Forestales en el territorio nacional, el año pasado reportaron que se incrementaron a 122.Jalisco pasó de cuatro a siete áreas en este rubro.CoberturaDe acuerdo con el programa anual de actividades de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), México cuenta con una superficie de 137.8 millones de hectáreas cubiertas por algún tipo de vegetación forestal.Un habitante del municipio de San Gabriel, Jalisco, reportó en 2008 a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) que unos ciudadanos talaban árboles de forma ilegal, “con la finalidad de sembrar aguacate, en la comunidad de Apango, en los límites de San Gabriel y La Lagunita”, se precisa en la queja.Incluso, algunos pobladores advirtieron lo mismo, además del robo de madera al Ejido Salsipuedes.El señalamiento sobre la actividad que se hacía en el municipio se repitió en varios años posteriores. Otro reporte, pero de 2017, agrega: “En San Gabriel hay tala de madera para luego sembrar aguacate… a algunos conocidos les han robado la madera”.En San Gabriel se desbordó el río Salsipuedes el pasado 2 de junio, lo que provocó la muerte de cinco personas. Tras una investigación se identificó que el suceso ocurrió debido a la tala ilegal realizada en zonas altas, principalmente para sembrar aguacate.Sin embargo, se han reportado casos en sitios protegidos, como la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán, considerada de las más importantes del Occidente de México por su riqueza natural, extensión territorial, diversidad biológica y su aportación de agua.Por ejemplo, en el 2010 se avisó que talaban arbolado sin autorización dentro de la reserva, y dos años después se repitió el hecho.“Hay tala para sembrar café en el Valle del Río Cuzalapa, dentro de la reserva, en el municipio de Cuautitlán de García Barragán”, informó otro habitante.La Profepa informa por Transparencia que en los últimos 20 años recibió 21 mil 172 denuncias relacionadas a la tala ilegal o clandestina en todo el territorio nacional; en promedio, tres al día. En ese mismo periodo, Jalisco documenta mil 602 denuncias.Y se remarca la presencia de criminales en estas zonas.En el Estado de México reportaron que, en 2018, un grupo armado realizó una tala clandestina “en diversos parajes de las localidades cercanas a la Cañada de Alférez y Salazar, ambos en el Municipio de Lerma”. O En Nayarit, “en la sierra, cerca de Huichichila (en Bahía de Banderas), se han visto a personas armadas. Han metido maquinaria pesada, la acarrean a la parte alta, y posteriormente lo transportan para su venta. Incluso tienen los troncos allí. Hay amenazas de muerte por parte de estas personas”.Según la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, toda persona, grupos sociales, organizaciones no gubernamentales, asociaciones y sociedades podrán denunciar ante la Profepa todo hecho, acto u omisión que produzca o pueda producir desequilibrio ecológico, daños al ambiente o que contravenga la normativa que regula la protección al ambiente.LA VOZ DEL EXPERTOGerardo Alberto González Cuevas (investigador de la Universidad de Guadalajara)Ante la presencia de grupos criminales, Gerardo Alberto González Cuevas indica que es urgente que la administración federal proponga un nuevo esquema de regulación de la tala clandestina, debido a que este fenómeno empeoró, sobre todo por el interés de grupos criminales. Remarca que mucha gente no denuncia porque eso pone su vida en riesgo.“Falta algún mecanismo de coordinación con la Guardia Nacional para apoyar en las revisiones. Además, no se tiene la capacidad, se comenta que los grupos del crimen organizado entran a predios sin la autorización y aprovechan la madera”.Aunque existe una certificación que evidencia “un buen manejo forestal”, el cual verifica que se cumpla con la normatividad y los criterios correspondientes, no llega a ser conveniente para los productores porque se paga el mismo precio por la madera. “En la actividad ilícita, el Gobierno debe actuar de una forma más contundente, sí es cierto que el manejo punitivo no da mejores resultados, pero ya no es una cuestión de que sean omisiones de productores, es una situación más alarmante… deben actuar y cumplir con sus atribuciones porque la escasez de recursos naturales nos impacta a todos”.Sobre el cumplimiento de las multas derivadas de la inspección y la verificación, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) informa que, en 2018, la Procuraduría emitió 10 mil 492 multas por incumplimiento a la normativa ambiental, por un monto de 735 millones 194 mil pesos. Sin embargo, la entidad fiscalizada notificó únicamente 6.8% al Servicio de Administración Tributaria (SAT) para los cobros y trámites correspondientes por un monto de 114 millones 355 mil pesos. De ese monto, solamente 2.7% fue pagado por los sujetos sancionados. En cuanto a las multas no notificadas, 93.2% no se ha informado al SAT para el cobro de un monto por 620 millones 839 mil pesos, “debido a que cuentan con recurso de revisión; se fueron a juicio por nulidad que aún no se resuelve y presentaron solicitudes de conmutación de la multa, o el Tribunal Federal de Justicia Administrativa declaró la nulidad de la sanción”, indica la Auditoría Superior.Sobre el uso y el destino de los recursos obtenidos por las multas impuestas, hallaron que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público constituyó un depósito en la Tesorería de la Federación el 17 de enero de 2017, a favor de la Procuraduría, denominado “Fondo G005 Inspección y Vigilancia del Medio Ambiente y Recursos Naturales”, con número de referencia 0145-18012017, con el propósito de aplicar dichos ingresos al desarrollo de programas vinculados con la inspección y la vigilancia en materia ambiental.Sin embargo, la ASF detectó que la Procuraduría solicitó recuperar los ingresos excedentes de carácter inherente por 152 millones 285 mil pesos por concepto de aprovechamientos de multas por infracciones correspondientes a los meses de enero a noviembre de 2018. “A efecto de ser ejercidos dentro del Programa presupuestario G005, sin que acreditara la aplicación de estos ingresos a las acciones de inspección y vigilancia en materia ambiental, situación que denota que el fondo creado para tal efecto, no ha cumplido su objetivo”.GUÍASigue: #DebateInformador¿Qué opina de la protección del Gobierno a los bosques?Participa en Twitter en el debate del día @informador
